Así lo explica López Noguera en una entrevista concedida a la publicación ‘Cermi.es semanal’, en la que destaca el “avance importante” que ha supuesto la firma con el Consejo General del Poder Judicial para que las sentencias se interpretaran en lectura fácil.

 

En este sentido, señala que “la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil es algo en lo que llevamos mucho tiempo trabajando, quizás de manera más activa en los últimos años, pero nos hace sentir bien que haya sido precisamente la Administración de Justicia una de las primeras que ha asumido nuestros planteamientos”.

 

Además, subraya la importancia de que el Defensor del Pueblo haya advertido en un informe de la discriminación a la que se enfrentan las personas con discapacidad en prisión, que dibuja una realidad similar a la que refleja  ‘A cada lado’, un estudio de Plena inclusión.

 

Según explica Noguera, en el 55% de los casos de personas con discapacidad intelectual que están en el ámbito penitenciario, no se tuvo en cuenta esta circunstancia en todo el proceso penal y en una gran parte de las personas con discapacidad intelectual que se enfrentan a la justicia, no se detecta que tienen discapacidad y no la tienen reconocida. “Es necesario más trabajo en este sentido para ofrecer garantías de un juicio justo”, asevera.

 

 

Por otro lado, el presidente de Plena inclusión reclama eliminar la posibilidad de que un juez pueda determinar la esterilización forzada de una persona sin su consentimiento, al tiempo que resalta la necesidad de ahondar en la sensibilización en el ámbito de las organizaciones, de las familias, “para que comprendan que la esterilización forzada no resuelve nada, que es una agresión sobre la persona. Hay una idea equivocada en cuanto a que la esterilización va a proteger a la persona en sus derechos sexuales y en su vida sexual, en su propia salud. Hay que eliminar la esterilización forzada y promocionar los derechos sexuales de las personas y en nuestros proyectos vinculados con la sexualidad vemos que hay una revolución sexual pendiente”.

 

En cuanto a la reforma de la ley electoral para devolver el derecho al voto a casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo privadas del mismo por sentencia judicial, Noguera se muestra “muy satisfecho”, aunque avisa de que “hay muchas cosas por hacer”, como un mayor empoderamiento a las personas con discapacidad intelectual para que estén presentes en la política o garantizar la accesibilidad cognitiva de todos los procesos electorales, incluidos los programas con los que las formaciones políticas concurren a las elecciones.

 

Por último, el presidente de Plena inclusión destaca el trabajo que se está haciendo para seguir avanzando en objetivos como una mayor representación de las propias personas con discapacidad intelectual en el movimiento asociativo; la apuesta por la asistencia personal para la vida comunitaria, y una mayor inclusión laboral, como se ha empezado a hacer con el empleo público, gracias a la reserva de plazas para personas con discapacidad intelectual específicamente, entre otros puntos.