El Informe de Derechos Humanos de España correspondiente al año 2013, es el sexto Informe que el CERMI elabora desde que en 2008 asumiera las competencias de organismo independiente para el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).

 

Este documento se configura principalmente como una herramienta de divulgación de las situaciones de discriminación que todavía sufren las mujeres y los hombres con discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a los grupos de interés a través de la denuncia y reivindicación de los derechos que consagra la Convención.

 

 

Con la entrada en vigor de la Convención el CERMI puso de manifiesto importantes discriminaciones algunas de las cuales respondían a una incompatibilidad estructural del ordenamiento jurídico español con la Convención. Lamentablemente 6 años después muchas de esas discriminaciones siguen existiendo y el Gobierno no ha avanzado en su resolución. El Informe del 2013 se hace eco de nuevo de estas cuestiones, tan importantes como las irregularidades en los procesos de internamientos involuntarios, detectadas además por el Tribunal Constitucional en dos sentencias del 2010, que afectan de forma sustancial al derecho de libertad de las personas con discapacidad, o la permisividad con las prácticas mutiladoras al amparo de la despenalización de las esterilizaciones en el Código Penal cuando existe una discapacidad. A este respecto el Informe recoge los datos arrojados por el Consejo General del Poder Judicial que cifran en 81 el número de peticiones de esterilización por razón de discapacidad solicitadas en el 2012. 

 

Otras de las incompatibilidades que ponen en peligro los derechos fundamentales de las personas con discapacidad es la falta de adecuación de los procedimientos de “incapacitación judicial” que afecta, entre otros, al ejercicio del derecho de sufragio de casi 80.000 hombres y mujeres.

 

Por otra parte la Accesibilidad sigue siendo un grave problema, mientras el movimiento asociativo denuncia las deficientes condiciones de accesibilidad de todavía muchos establecimientos y servicios, el Gobierno, haciendo caso omiso de sus obligaciones, no ha aprobado todavía la normativa aplicable a los productos y servicios a disposición del público. La accesibilidad es esencial para que se alcance la plena ciudadanía porque cuando no existe impide la participación y condena a la exclusión de los hombres y mujeres con discapacidad.

 

Como ya se hizo en el informe del 2012, de nuevo se alerta sobre las graves consecuencias que tendría la aprobación del proyecto del Código Penal que, de seguir su curso sin modificaciones, convertiría la situación de discapacidad en una desventaja, porque podría dar lugar al encarcelamiento por la comisión de delitos que, de no tener discapacidad, no darían lugar a la privación de libertad.

 

 

El Informe de Derechos Humanos deja entrever un grave problema de sensibilización social, lo que sin duda impedirá alcanzar la plena inclusión si no se pone remedio inmediato. 

 

Los medios de comunicación son un elemento importante para la creación de una conciencia social inclusiva, y lamentablemente todavía no se han eliminado los estereotipos ni los prejuicios en algunos de ellos. El CERMI denunció expresamente la imagen que en este sentido emitió durante el 2013 el programa “Entre Todos”, dando lugar a situaciones de dudosa legalidad especialmente respecto de los niños y niñas con discapacidad que aparecen en el programa.

 

En el 2013 el Constitucional ha condenado el programa Crónicas Marcianas por conducta humillante y vejatoria de un entrevistado con discapacidad, y la Oficina de Atención a la Discapacidad (anteriormente Oficina Permanente de la Discapacidad) reflejó en un informe el uso y abuso indebido del término “autismo” en los medios de comunicación. 

 

Como ocurre en otros sectores sociales, Twitter también está resultando un espacio en el que se atenta contra los derechos de las personas con discapacidad. En el año 2013 la cuenta @humorrnegro albergó numerosos contenidos crueles y de burla en contra de las personas con discapacidad: “perdón por el retraso” figura en el pié de foto del avatar de esta cuenta que es un joven con síndrome de Down. Ante la denuncia del CERMI se ha abierto una investigación por parte de la Fiscalía General que actualmente sigue su curso.

 

La toma de conciencia es un elemento crítico para la inclusión, y en este sentido el Informe presentado por el Secretario de Estado de Seguridad en el Senado revela todavía un camino largo que recorrer puesto que lo que se ha dado a llamar como el 'Mapa de la discriminación', impulsado por recomendación del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, revela como tercer motivo de delitos de odio la discapacidad. Del total de los delitos cometidos por razón de discapacidad el 20% fueron hurtos y el 12% delitos sexuales.

 

Al Informe le acompaña como anexo un documento de análisis de las incompatibilidades de la nueva Ley orgánica8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa con el derecho de educación inclusiva de la Convención. Este Informe motivó una petición de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo, como institución legitimada para incoar un procedimiento ante el Tribunal Constitucional. También se incluyen como anexos el Manifiesto del Día de la Mujer, que dedica su contenido a reivindicar una participación política real y efectiva, y el resultado de la Clínica Jurídica sobre educación de la Universidad de Valencia, que analiza la ausencia de recursos destinados a las necesidades educativas de niñas y niños con discapacidad en lo Colegios Españoles en el estranjero. 

 

 

Como evaluación global, el informe sigue reflejando una situación delicada, si no de retroceso, respecto de los derechos de las mujeres y los hombres con discapacidad. Un verdadero compromiso con la Convención debería alentar a los poderes públicos a acordaran una agenda política prioritaria que permitiera dar pasos firmes y ágiles para que la implementación de la Convención se lleve a cabo de forma real e íntegra. De lo contrario corremos el riesgo de que se sus disposiciones se conviertan en meras declaraciones vacías de eficacia.