Como informa el CERMI, “para lograr este fin, reclamaos que las Cortes tramiten sin más dilación la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de nuestro Comité contra el copago confiscatorio, que lleva meses de retraso en el Congreso. Esta ILP, apoyada por casi 740.000 firmas, establece una regulación que eximiría del copago a más del 85% de las personas beneficiarias del sistema actualmente, que se ven obligadas a ‘comprar’ lo que supuestamente es un derecho”.

 

En este contexto, las demandas básicas en materia sanitaria del CERMI al nuevo Gobierno son fundamentalmente dos: “la reforma integral de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, de los productos de apoyo y ayudas técnicas que devuelven autonomía a los pacientes que han perdido ciertas funcionalidades, que lleva 20 años sin actualizarse”; y “la creación de verdad un espacio sociosanitario, real y efectivo, del que solo se habla pero nada se avanza. Muchas discapacidades solo se pueden abordar holísticamente, de modo integral, en la dimensión social y sanitaria, no separadamente, como se hace ahora, que aboca al fracaso”.

 

 

Asimismo, el CERMI también ha solicitado a Isabel Celaá, nueva titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que acabe con la segregación educativa por razones de discapacidad.

 

Como denuncia el Comité, “el sistema educativo español viola los mandatos internacionales de derechos humanos al mantener estructuras educativas no inclusivas, especiales, en las que se segrega a parte del alumnado con discapacidad, más de 40.000 estudiantes”.

 

En este sentido, cabe recordar que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha publicado recientemente un informe en el que ‘condena’ a España por vulneración del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, consagrado a garantizar el derecho a la educación inclusiva”.

 

(Información publicada por Somos pacientes)