Las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo en España víctimas de esterilización forzosa, especialmente las que tienen discapacidad intelectual o psicosocial. Estas esterilizaciones se realizan sin el consentimiento de las afectadas, bien porque no se les informa sobre la intervención, no comprenden sus consecuencias, o se limita judicialmente su capacidad para consentir. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (2010-2016), hay un promedio de 100 resoluciones judiciales que autorizan la esterilización de personas con discapacidad sujetas a incapacidad previa.

 

El segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal recoge: “No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil”. El Comité de Derechos del Niño en 2007 determinó que la esterilización forzosa de niñas es una forma más de violencia contra la infancia, e insta a su prohibición en los Estados firmantes. Las organizaciones exigen que este párrafo sea derogado en la nueva Ley de Violencia y que bajo ninguna circunstancia las niñas sean obligadas a someterse a una esterilización.

 

“Forzar a las niñas a esta práctica atenta contra su dignidad y su integridad física y moral”, afirma Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children. “La sociedad debe tomar conciencia de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y dignidad que el resto de la sociedad. Tenemos que garantizar su formación, empoderamiento, autonomía… Esterilizar a niñas contra su voluntad supone un falso intento de protegerlas”, añade Sastre.

 

Según Jesús Martín, delegado de los Derechos Humanos y para la Convención de la ONU en el CERMI, “no podemos hablar de igualdad ni de inclusión teniendo una mácula tan grande en nuestro ordenamiento jurídico que legitima una práctica tan nociva, que no deja de ser un binomio perturbador en el que conviven el machismo y el estigma hacia la discapacidad, y que lleva consigo la privación a estas niñas de una función esencial corporal, como es la posibilidad de reproducirse sin que hayan tomado la decisión o lo hayan hecho a través de instancias ajenas. Una práctica que además se convierte en muchos casos en la puerta de entrada a abusos y agresiones sexuales contra estas mujeres y adolescentes ya que desaparece la posibilidad de un embarazo”.

 

Por otro lado, “la esterilización forzosa sigue concibiéndose social y judicialmente como un sistema de garantías y con la exclusiva finalidad y único mecanismo para evitar el embarazo”, denuncia Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. “Si queremos proteger a las niñas con discapacidad la herramienta adecuada es su empoderamiento a través de la formación en derechos sexuales y reproductivos para respetar, con ello, la integridad personal y el respeto al hogar y la familia  previstos en la CDPD y vulnerados radicalmente en cada una de las intervenciones quirúrgicas realizadas en nuestro país”, lamenta Caballero. Asimismo, CERMI Mujeres alerta de que la mayoría de las niñas con discapacidad desconocen las implicaciones reales de la esterilización, no son conscientes de la renuncia a su derecho a ser madre y de la consiguiente precipitación de enfermedades degenerativas como, por ejemplo, la osteoporosis.