En su intervención, la senadora Adela Pedrosa recalcó que “las mujeres y niñas con discapacidad que sufren violencia de género resultan invisibles para la sociedad”, por lo que “proponemos una serie de medidas, consensuadas con la Fundación Cermi Mujeres, a fin de “mejorar esta situación”.

 

Se sabe que la condición de discapacidad es un factor que “agrava el riesgo de padecer violencia por parte de sus entornos más próximos” para estas niñas y mujeres, y resaltó que, además, muchas mujeres adquirieron su discapacidad como resultado directo de la violencia de género.

 

Aprobada con 24 votos a favor, cuatro abstenciones y ningún voto en contra, la moción pide al Gobierno la elaboración de una macroencuesta sobre el impacto de la violencia de género en las mujeres y niñas con discapacidad, así como en sus madres y cuidadoras, para “evaluar la eficacia de las medidas y políticas puestas en marcha y conocer la realidad de esta situación. “Porque solo el conocimiento” nos permitirá mejorar en este terreno, indicó Pedrosa.

 

Asimismo, reclamó implantar la figura del asistente personal para las víctimas de violencia de género con discapacidad, en línea con lo que propone el Pacto de Estado, aprobar planes estatales dirigidos a mejorar la atención que reciben estas mujeres, e incluir la variable de discapacidad y sus distintos tipos en la elaboración de cualquier estadística sobre este tema y otros que elaboren las administraciones.

 

También defiende la moción reforzar el apoyo psicológico a las víctimas, con especial atención a la recuperación de su autoestima, que se ha visto muy dañada durante el confinamiento, y asegurar la accesibilidad universal de los centros de atención a víctimas de violencia de género, los juzgados y las campañas y materiales de sensibilización previstos en la Ley integral de 2004.

 

Por otra parte, el PP reclamó mejorar el acceso de niñas y mujeres a los medios tecnológicos, ante “los problemas de comunicación” que se encontraron durante el confinamiento; aumentar la formación de los miembros de las fuerzas de seguridad, del personal sanitario y de todos aquellos profesionales que han de trabajar de forma directa con ellas; elaborar protocolos de actuación junto con las organizaciones de mujeres con discapacidad, y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, mediante la promoción de denuncias anónimas y la puesta en marcha de una inspección que realice un seguimiento individual de cada caso.

 

A esta moción se presentaron una enmienda del Grupo Mixto que pedía mejorar la educación sexual de las mujeres y niñas con discapacidad y también sensibilizar a sus familias y a los profesionales que les atienden sobre la importancia de que estén formadas en estos asuntos como herramienta de prevención, y otra del Grupo Socialista, que recogía los últimos avances del Gobierno en esta materia. Ambas fueron rechazadas por el PP.

 

Fuente: Servimedia