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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 22 de junio de 2012cermi.es semanal Nº 39

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Opinión

Sobre el retorno a los valores de la caridad en detrimento de la autonomía

Por Jaume Marí Pàmies, Presidente de Confederación ASPACE

21/06/2012

La crisis económica nacida en 2008 ha dado rienda suelta a los gobiernos de Europa occidental a poner en práctica esa base ideológica de origen anglosajón de “adelgazar el Estado”. Y esto, simple y llanamente, no significa otra cosa sino “adelgazar” los servicios públicos básicos prestados.

Y entre esos servicios, como ya se imaginarán, se encuentran las prestaciones ofertadas a las personas con discapacidad; si bien es cierto que, en realidad, los principales servicios en esta materia nunca han sido asumidos plenamente por el Estado, quien tradicionalmente se ha limitado a proporcionar buena parte de los fondos para que sean los propios padres y madres quienes, a través de las asociaciones creadas por ellos mismos, ofrezcan los apoyos necesarios para hacer de la autonomía de las personas con discapacidad no sólo un concepto, sino una realidad.

Pero ahora que el Estado se ha puesto a dieta, se está llevando a cabo un proceso tan particular como peligroso: el colectivo de la discapacidad está recibiendo del Estado el apoyo nominal e incluso legal (en forma de decretos, leyes, ratificación de convenciones internacionales, etc.), pero no el apoyo económico necesario para hacer cumplir dichos mandatos.

Podemos proclamar a voz en cuello la autonomía de las personas con parálisis cerebral, pero si no acompañamos esas premisas de los medios necesarios para hacer que se cumplan, la autonomía se convertirá en mera retórica.

No se puede apostar públicamente por la inclusión educativa y, con la otra mano, reducir el número de profesores en las aulas; no se puede afirmar que en Sanidad Pública se va a hacer más con menos, y eliminar de un plumazo de dicho sistema a 120.000 personas con parálisis cerebral elevando del 33% al 65% el grado de discapacidad reconocido para acceder a sus servicios, ni eliminando de la cartera básica de servicios el transporte sanitario no urgente y las prestaciones ortoprotésicas. No se puede promocionar las bondades de un ocio accesible y, al mismo tiempo, reducir el presupuesto asignado por el IMSERSO a estos fines un 40%. Suma y sigue.

En una entrevista reciente, Miguel Ángel García, director general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aseguraba que “es importante diferenciar entre aquellas empresas que han aplicado y aplican la Responsabilidad Social Empresarial por convicción y de forma definitiva, y aquellas otras que la han utilizado como una mera estrategia de comunicación”.

Proclamar la autonomía e igualdad de las personas con discapacidad a golpe de decreto, y al mismo tiempo mermar los recursos económicos que la hacen efectiva es entrar en esa segunda clase de responsabilidad social de lavado de cara, de “mera estrategia de comunicación”.

De la misma forma, legislar en materias tan sensibles como Educación o Sanidad sin consultar ni trabajar conjuntamente con los representantes de las personas con discapacidad es legal, pero contrario a la filosofía de la democracia. Hacerlo, supone una actitud paternalista que da la espalda a 120.000 familias españolas que viven su día a día junto a la parálisis cerebral, y de espaldas a casi cuatro millones de españoles con otras discapacidades.

Y no cabe sino calificar de hipócrita el argumento de que el Estado está en quiebra, pues pareciera que lo está para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y de las personas con discapacidad, pero sin embargo no está en quiebra para mantener sueldos vitalicios de políticos, para priorizar las estructuras sobredimensionadas e ineficientes de la administración y de los agentes sociales o para salvar accionistas, inversores y directivos de bancos que no quieren asumir las pérdidas de su desmesurada ambición.

Quizás sea el momento de que todo el movimiento de la discapacidad comience a exigir, con una sola voz y de una forma más contundente, un giro en las políticas gubernamentales, que actualmente parecen encaminadas más a la anacrónica y paternalista caridad, más propia de otros tiempos, que hacia la verdadera promoción de la autonomía del colectivo. Y para ello no es necesario apelar a valores éticos, sino que puede atenderse, si así se desea, a meras cuestiones económicas, porque hay cuatro millones de españoles que constituyen un verdadero activo para el país que están deseando competir en condiciones de igualdad en el mercado laboral y social.

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