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viernes, 15 de enero de 2016cermi.es semanal Nº 196

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Acceso Universal

El TSJ de Madrid admite la demanda del CERMI contra Metro de Madrid por inacción en materia de accesibilidad

14/01/2016

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el CERMI Estatal y por el CERMI Comunidad de Madrid contra Metro de Madrid por inacción administrativa para dar cumplimiento a obligaciones normativas estatales en materia de accesibilidad universal.

Manifestación del CERMI en diciembre de 2015 protestando contra Metro de MadridLa Sección Octava de Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha comunicado al CERMI la resolución por la que se procede a la admisión del recurso y ordena a Metro de Madrid a presentar en el plazo de 20 día el expediente administrativo y todos los antecedentes relativos a actuaciones sobre accesibilidad. 
 
El pasado mes de diciembre la representación cívica de la discapacidad española y madrileña presentó recurso ante el TSJ contra la inactividad por parte de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y la Empresa Pública Metro de Madrid, en el cumplimiento legal de los plazos establecidos en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad (art. 7 en relación Anexo IV y VI).
 
Metro de Madrid no ha actuado dentro del plazo legal fijado en la normativa estatal para dotar de accesibilidad a su red de estaciones, habiéndose comprobado incumplimientos desde 2011 y 2014, en los que una serie de estaciones que no reunían condiciones de accesibilidad tendrían que haberse convertido en accesibles, de acuerdo con la progresividad temporal de la regulación básica del Estado.
 
La demanda del CERMI es la primera que por razón de inacción administrativa en relación con la accesibilidad va a ser enjuiciada por un Tribunal, por lo que el proceso podría sentar un precedente relevante en la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.
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