En concreto, la sentencia recoge “el derecho del afectado a percibir las retribuciones salariales que haya dejado de recibir por todos los conceptos que venía percibiendo desde su expulsión en el año 2015, así como a que se abonen las cotizaciones a la Seguridad Social, con los intereses legales que correspondan desde la fecha en que fue jubilado”.

 

En declaraciones a Servimedia, el presidente de la Asociación para la Integración Laboral de Policías Locales con Discapacidad (Ailpold), Vicenç Flores Calero, explica que la sentencia “tiene una gran importancia, puesto que es la primera que se produce en este sentido contra el Ayuntamiento de Barcelona”. Eso sí, aclara que en los últimos dos años el TSJC ha dictado sentencias favorables a miembros de policías locales de otros consistorios catalanes.

 

Flores Calero critica que “al obligar a un miembro de una policía a salir del cuerpo por razón de discapacidad no solo se atenta contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, sino que va en contra de la normativa nacional e internacional”.

 

Además, la citada sentencia recoge que se ha aplicado de manera incorrecta el artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público, que hace mención a la jubilación forzosa.

 

Contra la sentencia del TSJC cabe recurso, aunque el presidente de Ailpold muestra su deseo de que no se produzca este hecho por parte del Ayuntamiento.

 

“Solo pedimos a nuestros gobernantes, y en especial a Ada Colau, que garanticen que cuando una persona que haya adquirido una discapacidad quiera seguir trabajando pueda hacerlo”, agrega Flores Calero.

 

El representante de Ailpold destaca que la organización lleva años de lucha “por esta causa” y muestra su agradecimiento al CERMI por su apoyo en estos años.

 

El propio presidente de Ailpold recuerda que está luchando por esta misma causa como exmiembro de la Guardia Urbana desde el año 2009, y aunque en su caso ese mismo tribunal no le dio la razón ha llevado su caso a Naciones Unidas, denunciando la vulneración de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, normativa de obligado cumplimiento por los Estados que la han ratificado, entre los que se encuentra España.