Según informa el Comité autonómico, se recurrió frente al decreto del Consell por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales -más conocido como el copago en centros de atención a las personas con discapacidad-, así como por su conexión con respecto a la orden de la Conselleria de Bienestar Social por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana. 

 

El TSJCV ha tomado esta decisión en el marco de la tramitación urgente del proceso prevista legalmente, por tratarse de la impugnación de una disposición general.