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viernes, 27 de septiembre de 2019cermi.es semanal Nº 360

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Inclusión laboral

Trabajo da inicio a la tramitación para aprobar el decreto de medidas de acción positiva para promover el empleo de personas con capacidad intelectual límite

25/09/2019

El ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dado inicio a la tramitación administrativa previa que conduzca en su momento a la aprobación del real decreto de medidas de acción positiva para promover el empleo de personas con capacidad intelectual límite.

Desde el pasado 17 de septiembre y hasta el próximo día 1 de octubre, las personas e instituciones que deseen hacer aportaciones sobre la futura regulación de la capacidad intelectual límite a efectos de empleo pueden participar en la consulta pública previa abierta por el ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a la que se accede a través de la página web oficial del Departamento.
 
Esta norma reglamentaria, derivada de un mandato legal pendiente de desarrollar desde el año 2011, pretende establecer un repertorio de medidas de acción positiva (incentivos y apoyos) para fomentar la empleabilidad de personas con capacidad intelectual límite, que no llegan a alcanzar el grado del 33%, que permite ser considerada persona con discapacidad y acceder así a las políticas activas de empleo establecidas para este grupo social.
 
Pese a que no tienen la consideración de personas con discapacidad a efectos oficiales, estas personas sufren una severa exclusión laboral y social, que se tratará de paliar mediante la posibilidad de acogerse a ciertos incentivos que promuevan su inclusión laboral.
 
El establecimiento de medidas de acción positiva para personas con capacidad intelectual límite fue consagrada, a partir de una propuesta del CERMI, en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En estos años, el CERMI ha venido exigiendo a los sucesivos Gobiernos el desarrollo reglamentario de esta previsión legal, denunciando en diversas ocasiones la inactividad del Ejecutivo ante el Defensor del Pueblo.
 
Finalmente, el Departamento que dirige la ministra Magdalena Valerio, en funciones en este momento, ha decidido acometer el mandato legislativo, comenzando los trámites para la adopción de este real decreto.
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