"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Jornadas 10 años Ley Autonomía Personal
UGT y CCOO reclaman mayor financiación y transparencia en la Ley de Autonomía Personal y Dependencia
15/12/2016
La responsable del departamento confederal de Servicios Sociales de UGT, Gemma Ramón, y el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, pidieron este jueves transparencia en las partidas destinadas a dependencia en las diferentes administraciones y una mayor financiación que llegue al 1,5% del PIB nacional, durante su participación en unas jornadas organizada por el Cermi en el décimo aniversario de la Ley de Dependencia.
“Es una quimera decir algo al respecto. Las cuentas no cuadran”, declaró Gemma Ramón sobre la financiación de la dependencia, idea que corroboró Carlos Bravo señalando que “cuando el gasto social no es transparente y es compartido, hay competencia para gastar poco y apuntar mucho”. Los sindicatos denuncian que los datos de dependencia se mezclan con los de sanidad y no hay una partida clara en los Presupuestos.
Gemma Ramón consideró que la ejecución de la Ley de Dependencia no ha sido la que se había diseñado en un principio y que había acordado el Gobierno con los agentes sociales, ya que “a partir de 2012 la ley ha cambiado transcendentalmente”.
Recortes
Durante su participación en la mesa redonda, moderada por Maite Antona, jefa de Sociedad de la agencia Servimedia, la secretaria de Servicios Sociales de UGT señaló que los recortes han llevado a que en octubre de 2016 sólo estén dadas de alta en la Seguridad Social 8.848 cuidadoras, mientras que en 2012 eran 160.000. Carlos Bravo cifró que por culpa de los recortes 400.000 personas dependientes estén todavía a la espera de recibir cobertura.
El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras destacó que las administraciones prefieren gastar el dinero en prestaciones en vez de aportar una asistencia integral a la persona dependiente.
En opinión de los representantes sindicales, falta voluntad política y es necesario reconducir la ejecución de la ley con diálogo social y evaluación de las partidas sociales, para que el presupuesto destinado a dependencia llegue al 1,5% del PIB.
Papel clave del Imserso
Rodríguez consideró que si estamos saliendo de la crisis, el gasto en dependencia debería ser un punto y medio del PIB, tal y como preveía la ley en su forma original, ya que es una inversión que retorna en puestos de trabajo.
Rodríguez rememoró la puesta en marcha por parte del Imserso de la ley y consideró que “sin el Imserso no habría Ley de Dependencia”, ya que gracias a su experiencia y gestiones de coordinación con el movimiento asociativo, sindicatos y comunidades autónomas fue posible su aplicación en apenas seis meses, desde enero hasta junio de 2007.
