En relación a la Justicia, y en especial a los procesos judiciales, es necesaria la adecuación de los procedimientos para que el acceso de las personas con discapacidad a la justicia sea efectivo y una realidad para todos los ciudadanos, sin distinción de su condición. Cuando digo todos los ciudadanos, no quiero olvidar a los abogados y abogadas con discapacidad. Debemos sensibilizarnos sobre su situación, sobre las barreras que tienen que superar y conseguir soluciones para que puedan ejercer su labor en igualdad de condiciones que el resto de compañeros.

 

Pero también es muy importante promover la formación sobre la problemática de las personas con discapacidad en su acceso a la Justicia para conseguir que todos los profesionales jurídicos estén concienciados ante este problema.

 

La iniciativa ‘Lectura fácil’ puesta en marcha por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y apoyada por los Colegios de Abogados de esa autonomía, que trata de hacer comprensibles las sentencias a personas con discapacidad intelectual, se va a extender poco a poco por todo el territorio nacional y es un avance muy importante que ya ha recibido premios importantes, el último el que concede la asociación de periodistas y comunicadores jurídicos, ACIJUR.

 

¿Cuál es su opinión sobre las incapacitaciones legales y las esterilizaciones forzosas que todavía, ya casi en la tercera década del siglo XXI, existen en España?

Todo lo que concierne a las personas con discapacidad, tanto en el ámbito privado como en el público, se trata como Derechos Humanos de acuerdo con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchos nos hemos alegrado por la aprobación en diciembre de 2018 de la reforma de la legislación electoral por medio de la que se ha reintegrado en su derecho constitucional al voto, ampliando de ese modo el ámbito del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución y terminando con una incomprensible previsión legal por la que 80.000 personas se encontraban privadas de su derecho a voto por resolución judicial. Es una prueba de que la discapacidad no puede condicionar ni la dignidad ni la condición de los ciudadanos.

 

Para la Abogacía es un avance en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad la tramitación de un anteproyecto de ley por el que se elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual y se promueve su capacidad de obrar. Como reconoce la Convención, todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que todas las demás. Además, la Abogacía se ha mostrado contraria al internamiento no voluntario por razón de discapacidad, especialmente de personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual, ya que está medida se encuentra en conflicto con la Convención.

 

En relación a las mujeres con discapacidad es necesaria la modificación del Código Penal para eliminar la despenalización de la esterilización sin consentimiento expreso del interesado o interesada cuando se trata de una persona con discapacidad.

 

Las mujeres con discapacidad son un colectivo muy sensible –por ser mujer y, además, tener discapacidad- a la exclusión y ante la violencia de género. ¿Qué acciones ha realizado/tiene previsto realizar el Consejo General de la Abogacía Española a favor de ellas?

 

En relación a las mujeres con discapacidad existe una triple vulnerabilidad que incrementa la exposición a unos riesgos superiores al resto de la población: mujer, discapacidad y violencia. El artículo 16 de la Convención antes mencionada establece la obligación de proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso.

 

Ante esta situación, es indispensable que la sociedad tome conciencia sobre este problema y la necesaria puesta en marcha de medidas por las Administraciones para establecer recursos de protección y prevención de violencia para estas personas. El completo desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia es fundamental para la prevención de situaciones violentas.

 

La intervención profesional –a través de los Servicios de Orientación Jurídica Gratuitos que ofrecen los Colegios de los Abogados- es fundamental para asegurar la protección y defensa de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Estas medidas deben girar en torno a la prevención a partir de la visualización del conflicto, con la creación de nuevas herramientas de carácter preventivo, la detección y la consecuente intervención.

 

El Consejo General de la Abogacía Española está haciendo llegar todas estas propuestas al Consejo General del Poder Judicial a través de su representante en el Foro Justicia y Discapacidad. Además, diversos Colegios de Abogados han puesto en marcha Comisiones de Discapacidad y Dependencia como instrumento de debate, estudio y difusión de la normativa vigente en esta materia, así como para servir de interlocutor con los colectivos de personas con discapacidad con el objetivo de conocer sus demandas y su realidad social y jurídica

 

El CERMI ha colaborado con el Aula de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española para mejorar la defensa y protección las personas con discapacidad en su acceso a la justicia. Gracias a este Aula, se han desarrollado jornadas de formación y sensibilización y algunos de los Colegios de Abogados de España. ¿Qué balance hace de estas acciones? ¿Van a continuar desarrollándose en el futuro?

 

Estamos comprometidos y apostamos por mejorar la defensa y protección de las personas con discapacidad para facilitar su acceso a la justicia. Como muestra de este compromiso es el proyecto de la Fundación Abogacía Española –institución que forma parte del Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, bajo coordinación de CERMI- denominado Aula de Derechos Humanos, dentro del que se desarrollan jornadas en diferentes Colegios de Abogados en colaboración, entre otras instituciones, con Fundación ONCE, CERMI y Plena Inclusión para que abogados y abogadas conozcan los aspectos clave de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, familiarizando a los profesionales con la igualdad y la no discriminación en el trato con sus clientes con discapacidad y dotándoles de conocimientos sobre qué es una discapacidad intelectual y de herramientas prácticas que le permitan garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia.

 

Concretamente, a lo largo de 2018, hemos organizado jornadas del Aula de Derechos Humanos específicas sobre discapacidad en siete Colegios de Abogados con una gran asistencia y un muy buen grado de satisfacción entre los asistentes. Este hecho ha ocasionado que la demanda por conocer la realidad jurídica de las personas con discapacidad aumente de tal forma que 2019 hemos recibido solicitudes de otros seis Colegios de Abogados para realizar esta jornada de sensibilización en la materia, demostrando de nuevo el compromiso de la Abogacía por ofrecer un servicio profesional a todo el mundo

 

 

Por último, el Consejo General de la Abogacía y la Fundación Abogacía han sido distinguidas en 2018 con el Premio Cermi.es en la Categoría de ‘Acción Social’ por su contribución en la difusión de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU entre los abogados. ¿Cómo valoran este reconocimiento?

 

La concesión de este premio supone un incentivo, y también un nuevo reto, para afrontar con renovados esfuerzos el compromiso de toda la Abogacía en la defensa y protección de los derechos de colectivos especialmente vulnerables o que presentan dificultades extraordinarias en su acceso a la justicia. 

 

Este reconocimiento nos sirve para que desde la Abogacía continuemos impulsando las modificaciones normativas que no se adapten a la Convención