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Crónica

XVII Conversatorio de la Fundación CERMI Mujeres

El derecho de las mujeres con discapacidad a una salud sexual y reproductiva

‘Las nuevas demandas respecto a los derechos sexuales y reproductivos en España’

28/06/2022

Redacción

La Fundación CERMI Mujeres convoca en este encuentro a responsables políticos para compartir las demandas de las mujeres con discapacidad ante el anteproyecto que reformará la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Señala la importancia de que el anteproyecto incluya un capítulo específico sobre formas de violencia contra la salud sexual y reproductiva y reclama que esta ley “no pase por encima de las mujeres con discapacidad, porque subyace la idea de que las mujeres con discapacidad no son mujeres”.

Carmen González Guinda, diputada del Grupo Parlamentario Popular, en el conversatorio de la Fundación CERMI MujeresCarmen González Guinda, diputada del Grupo Parlamentario Popular, inicia el conversatorio que organiza la Fundación CERMI Mujeres (FCM) en colaboración con la agencia de noticias Servimedia, explicando que no quiere pronunciarse demasiado sobre este proyecto de ley, pero asegura que les preocupa mucho cómo se implementa “el tema de los permisos a las mujeres de 16-18 años y el caso de la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad”.
 
Además, califica como de cierta frivolidad la cuestión de la pobreza menstrual, y asegura que “la clave es acabar con la pobreza de las familias y no repartir este material de manera gratuita como hacen en Cuba, y otros países”. Añade que ella es profesora y cree que en la escuela siempre ha estado la educación sexual y debe hacerse con seriedad y no con frivolidades de este tipo. “Hay temas como la estigmatización de las mujeres con el tema de la menstruación que ya están atendidos por profesionales de la Sanidad”.
 
Finalmente, hace especial énfasis en la necesidad de atender el abordaje de la sanidad para mujeres con discapacidad: “Es de una importancia fundamental, hay muchas necesidades en cuanto a la atención médico y sanitaria y debemos poner el foco ahí”. Pero insiste, “también tenemos servicios sociales y son magníficos, en las comunidades autónomas, para casos de pobreza menstrual que están actuando muy bien”.
 

Las mujeres deciden

 
Estefanía Martín Palop, senadora del Grupo Parlamentario Socialista, en el conversatorio de la Fundación CERMI MujeresA continuación, el moderador, José Manuel González Huesa, director de cermi.es y director general de Servimedia, da la palabra a Estefanía Martín Palop, senadora del Grupo Parlamentario Socialista, quien inicia su intervención con una premisa fundamental: “Las mujeres somos quienes decidimos sobre nuestro cuerpo y nuestra vida”.
 
Describe como una carrera de obstáculos la que deben acometer las mujeres con discapacidad en la atención a la salud sexual y reproductiva y explica que esa desigualdad viene a veces derivada de la dificultad del acceso a una información y unos servicios. Entiende, a su vez, que las mujeres con discapacidad han sido tratadas “como mujeres menores de edad y viene desencadenado por una sociedad patriarcal y machista” y se felicita de que en este proyecto existe la posibilidad del consentimiento a las mujeres con discapacidad y a las menores de edad, entre 16 y 18 años.
 
Afirma que “el proyecto está encaminado a fortalecer los derechos reproductivos y sexuales, no solo a blindar el acceso público al aborto sino también hacer accesible la asistencia y acompañamiento integral, la recuperación si sufre una intervención, que se mejoren los métodos anticonceptivos...” Y entiende que “la forma de estigmatizar es decir que no existe, escondiendo esta pobreza menstrual dentro del saco de la pobreza general”. 
 
Koldo Martínez, senador del grupo parlamentario de Izquierda Confederal, en el conversatorio de la Fundación CERMI Mujeres	Koldo Martínez, senador del grupo parlamentario de Izquierda Confederal, inicia su aportación afirmando que “siempre hemos defendido el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos”, y explica que su grupo cree que “la legislación actual es garantista y reconoce el derecho de las mujeres a su cuerpo y respeta el derecho a la vida y reconoce la vida como un valor fundamental”, pero entiende la importancia de recalcar “el derecho de las mujeres a su propio cuerpo, su sexualidad, que ha sido negado en la historia de la humanidad”, sobre todo en estos tiempos, en relación al “retroceso tan grave en Estado Unidos”. “Es importante levantar la bandera de la legislación que tenemos”, afirma, pero adelante con esa reforma.
 
Sara Bailac Ardanuy, senadora del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB), en el conversatorio de la Fundación CERMI Mujeres	Sara Bailac Ardanuy, senadora del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB), agradece a la FCM la celebración de este conversatorio por “la importancia de hablar de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que tanto costaron conseguir”, y que define como “una conquista frágil”.
 
Explica en primer lugar que la mujer tiene “derecho a una maternidad libre y deseada y derecho a decidir, si así lo desea, interrumpir de forma voluntaria un embarazo”. En este sentido, la reforma de la ley de 2010 supuso ya un gran paso adelante, pero entiende que es necesario revisar nuevas demandas, “siempre en pro de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
 
Desde su grupo, aprovecharán la reforma para plantear algunas cuestiones relevantes: “Como es retomar la garantía de este derecho para mujeres menores de edad y seguir avanzando en la garantía de que estas interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en la sanidad pública, pero también introducir conceptos relevantes como son la violencia obstétrica y las violencias específicas que sabemos que sufren las mujeres con discapacidad”.
 
Mª José Bueno Casas, responsable del Área de Violencia de Género de la Federación de Mujeres Progresistas, en el conversatorio de la Fundación CERMI Mujeres	Mª José Bueno Casas, responsable del Área de Violencia de Género de la Federación de Mujeres Progresistas, tiene muchas reivindicaciones que exponer en esta cuestión que plantea hoy la FCM, pero lo fundamental, a su juicio, es “la garantía del acceso a la anticoncepción planificada y a la de urgencia, así como a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres mayores de 16 años, y que sea en la sanidad pública, incluidas las mujeres que viven situaciones de especial vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad”.
 
Explica que es “imprescindible que se modifique el artículo 9 que regula la autonomía del paciente para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres con capacidad modificada judicialmente”, una reclamación alineada, asegura, con el fin de la esterilización forzada.
 
Reclama de manera prioritaria que la información, sobre todo en el caso de las mujeres con discapacidad, sea clara y accesible para todas y libre de prejuicios: “A menudo la información sobre salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo está cargada de sesgos ideológicos y de sesgos de género, y es culpabilizadora e infantilizadora de las mujeres con discapacidad”. 
 
Incide también en la esperanza de “que se mantenga y amplíe en este anteproyecto la definición de violencia reproductiva contra las mujeres, con formas de violencia como el aborto o la esterilización forzada, pero que reconozca como violencia también la comercialización del cuerpo de las mujeres con fines reproductivos”.
 

Formas de violencia

 
Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, en el conversatorio de la Fundación CERMI Mujeres	Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, comienza su intervención explicando la importancia de que las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad estén presentes en este proyecto pues, asegura, “tradicionalmente hablar de reproducción en el ámbito de la discapacidad ha sido un tabú”. 
 
Habla del derecho a mantener la fertilidad y de la importancia de que el anteproyecto incluya un capítulo específico sobre formas de violencia contra la salud sexual y reproductiva, entre las que se contempla la esterilización forzada, la anticoncepción forzada y los abortos contra voluntad. Sin embargo, explica que no se trata solo de formas de violencia contra la salud sexual y reproductiva, “porque cuando se habla de la esterilización forzada se habla de una forma de violencia sexual porque influye en la propia conformación de la sexualidad de la persona, en la misma medida en que se concibe la mutilación genital femenina como una forma de violencia sexual”. 
 
Además, para la FCM también es un importante avance esa modificación normativa del artículo 9 que obliga a menores y mujeres con discapacidad a recabar el consentimiento expreso de representantes legales.
 
Koldo Martínez, que además es médico, afirma que “el consentimiento informado de la persona es la médula de cualquier práctica médica”, y sin ese consentimiento, esa práctica puede entenderse como un acto de violencia, por eso, “el aborto forzado y la esterilización forzada son actos de violencia”.
 

Formación

 
Carmen González Guinda, habla también de las dificultades de las mujeres con discapacidad en el acceso a la sanidad, especialmente en el proceso de toma de decisiones, y advierte de que los propios sanitarios demandan protocolos de actuación en su atención a las mujeres con discapacidad, formación en la cultura del apoyo a la toma de decisiones. 
 
Estefanía Martín Palop hace una referencia a la necesidad de la educación sexual en estos tiempos, pues ahora los jóvenes aprenden estas cuestiones por internet, a menudo en páginas de pornografía, “por eso necesitamos que la educación sexual sea obligatoria en todas las etapas educativas”.
 
Isabel Caballero finaliza este encuentro explicando que la formación es una de las reivindicaciones principales, para mujeres y jóvenes, pero también para profesionales “sobre todo en el ámbito sanitario porque hay mucha resistencia y estereotipo en este sector”. Incide también en la importancia de la formación a familias, sobre todo tras la reforma de la legislación civil y procesal y expresa el deseo de “que esta ley no pase por encima de las mujeres con discapacidad, porque subyace la idea de que las mujeres con discapacidad no son mujeres”. 
 
Finaliza con un dato fundamental, para la FCM, el marco de referencia en esta cuestión es la declaración del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, en particular las mujeres con discapacidad. Y recuerda la demanda de un perdón público y leyes de reparación para las mujeres que han sufrido esterilización forzosa.
 
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