La accesibilidad, en cuanto requisito para que todas las personas puedan utilizar espacios, equipamientos y servicios en igualdad de condiciones, presenta “importantes deficiencias”, que llegan a condicionarla e, incluso, a anularla. Aun reconociendo los avances conseguidos gracias a la implicación de los profesionales y a que la legislación establece la citada accesibilidad como básica para el ejercicio de los derechos fundamentales, “la necesidad de formar a los equipos que intervienen en la gestión o en la atención al público sigue siendo generalizada”, según recoge en su tesis doctoral, leída en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), el licenciado en Derecho y máster en Dinámicas de Cambio en las Sociedades Modernas Avanzadas Javier Miranda Erro (Pamplona, 1959).

 

“Estas carencias dibujan una realidad de vulneración de derechos que contrasta con la percepción opuesta mantenida por los técnicos y, especialmente, por los gestores políticos, para quienes la accesibilidad está correctamente contemplada en los procesos. Piensan —afirma este experto— que las deficiencias que pudieran existir no son sino casos aislados”.

 

Según la información publicada por la UPNA, la investigación busca verificar la eficacia del derecho en la materia y parte de que la accesibilidad universal es “básica para emprender cualquier actividad humana inclusiva, ya que permite interactuar con todo lo que la sociedad ofrece y, en su ausencia, esa interactuación no es posible”, apunta el autor de la tesis, que ha sido dirigida por Roger Campione, profesor del área de Filosofía del Derecho del Departamento de Derecho Público de la UPNA.

 

Partiendo de los fundamentos teóricos y del desarrollo normativo, la tesis analiza, mediante un trabajo de campo cuantitativo y cualitativo, la realidad del modelo de gestión para lograr la accesibilidad universal efectiva. “La investigación propone evidenciar el desfase existente entre el derecho y el hecho, la tensión que se da entre lo ideal y lo real”, añade Miranda, cuya tesis ha obtenido la calificación de sobresaliente “cum laude”.

 

 

La accesibilidad universal, gracias al ordenamiento jurídico, está ligada al “ejercicio de derechos relacionados con el desarrollo de una vida independiente” y a “la participación plena en la vida social”, en definitiva, a los derechos fundamentales. Por lo tanto, “se puede intuir la íntima relación que hay entre ella y la no discriminación”, según el autor de la tesis, cuya lectura ha sido la primera realizada en una universidad española con el apoyo de herramientas de accesibilidad auditiva (lengua de signos, subtitulado y bucle magnético).

 

La incorporación de la discapacidad a la nómina de los derechos humanos, gracias a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), obliga a “situar la accesibilidad universal en una posición relevante”. No obstante, en España, “la regulación normativa de la accesibilidad cuenta con más de 35 años de desarrollo, caracterizados por una gran dispersión y cuya aplicación no ha dado los resultados previsibles”. A ello se suma que, en Navarra, no se ha realizado el desarrollo reglamentario, entre otras cuestiones también importantes, de la Ley Foral de accesibilidad universal y diseño para todas las personas de 2010, salvo en el ámbito de las relaciones de los ciudadanos con la Administración, lo que indica “la inacción del Gobierno foral en estos seis años”.

 

 

Las cuatro preguntas que Javier Miranda plantea como hipótesis de la investigación son las siguientes: ¿existen deficiencias?, ¿afectan por igual al resultado de la accesibilidad?, ¿está interiorizado el concepto de accesibilidad por parte los agentes que intervienen en su gestión? y ¿son suficientes los procesos existentes para la consecución de la accesibilidad?

 

Según Miranda, “es un hecho constatado que, a pesar de la importante regulación normativa, la consecución de la accesibilidad universal presenta deficiencias y, por ello, se hace ineludible la necesidad de responder a por qué se produce esta situación”. Como hilo conductor para buscar la respuesta, a lo largo del trabajo Miranda plantea estas tres reflexiones: hay más deficiencias a menor regulación o desarrollo normativo; en entornos regulados, las deficiencias tanto en su prevención como en su eliminación dependen de los sistemas de gestión; y las dinámicas sociales influyen en los sistemas de gestión generando movimientos de contracción o expansión de las deficiencias, tanto en entornos regulados como no regulados.

 

El autor de la tesis indica que, en la actualidad, dos de las formas de resolver la gestión de la accesibilidad son los planes de accesibilidad y la aplicación de la norma UNE 170001, que somete al entorno y a la gestión de la accesibilidad a una pormenorizada valoración, con la perspectiva de los criterios DALCO (deambulación, aprehensión, localización y comunicación).

 

La investigación realizada analiza e identifica las deficiencias en la gestión y ejecución de la accesibilidad en el municipio de Pamplona, poniendo el foco en urbanizaciones como Trinitarios, el Lago de Arrosadia y Lezkairu, en nuevos edificios públicos como la Oficina de Turismo o la Biblioteca de San Francisco y en nuevos locales de titularidad privada.

 

“Si bien la accesibilidad se tiene en cuenta, persisten las deficiencias”, añade Javier Miranda, quien apuesta por dotar e implantar instrumentos y recursos para lograrla. Entre ellos, cita una mayor formación de los gestores de la accesibilidad, la inclusión de auditorías y apoyos externos, la elaboración de planes de accesibilidad y la modificación del organigrama de la entidad local gestora para crear una dirección transversal de accesibilidad que aúne todas las áreas municipales.

 

 

La tesis doctoral de Javier Miranda ha sido publicada por el CERMI Estatal, a través de Ediciones Cinca, y se encuentra disponible de forma gratuita en la web del CERMI (enlace).

 

Además, la revista “Anales de Derecho y Discapacidad” recoge un estudio-resumen en su número de septiembre de 2016.

 

 

Javier Miranda se licenció en Derecho en la UPNA, donde además cursó el Máster Universitario en Dinámicas de Cambio en las Sociedades Modernas Avanzadas. Miembro del Colegio de Abogados de Pamplona, el nuevo doctor atesora una larga trayectoria como activista en distintas asociaciones del sector de la discapacidad tanto a nivel nacional como navarro. Entre las entidades que ha presidido se encuentran el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) y la Asociación Ibili. Además de pertenecer al Comité Ejecutivo del CERMI Estatal, ha sido vicepresidente del Consejo Navarro de la Discapacidad y miembro, entre otros, del Consejo Navarro de Bienestar Social.

 

En la actualidad, forma parte del Comité Ejecutivo del CERMIN, del Consejo Navarro para la Promoción de la Accesibilidad Universal y la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y del Comité de Ética Sectorial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de Navarra. Desde el 30 de junio de 2016, Javier Miranda es patrono de la Fundación CAN, nombrado por el Parlamento de Navarra.