"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Derecho de la Discapacidad
El acceso de las personas con discapacidad “al otro lado” de la Justicia
19/02/2022
En la Sección Derecho de la Discapacidad de esta semana incluimos un monográfico 'El Acceso de las Personas con Discapacidad “al otro lado” de la Justicia', escrito por David Martínez Menayo, periodista de Servimedia. Además, contamos con los apartados habituales en normativa aprobada en personas con discapacidad y la actualización de la agenda de jornadas y seminarios y recientes que pueden ser de interés para los lectores.
El acceso de las personas con discapacidad “al otro lado” de la Justicia
David M. Menayo, periodista de Servimedia
No cabe duda de que la Justicia ha sido, es y seguirá siendo una cuestión que está muy presente en nuestras vidas. Y no solo desde un punto de vista colectivo, ya que la actualidad política pasa en muchos casos por los propios tribunales, sino por la esfera personal de cada uno de nosotros.
El acceso a la Justicia atraviesa nuestras vidas cuando se ven vulnerado uno o varios de nuestros derechos fundamentales, incluidas las diferentes situaciones de discriminación por razón de discapacidad a las que este grupo social se sigue viendo sometido en más ocasiones de las deseadas, pese a los avances conquistados.
Esto es tan vital, que para el tejido asociativo de la discapacidad ha sido clave la lucha por la reforma del Código Civil para que las personas con discapacidad no estén anuladas de facto en la vida civil y, por tanto, también en el acceso a la Justicia. El mandato legal desde el pasado año es claro: no sustituir, sino acompañar y asesorar en la toma de decisiones, mediante la provisión de los apoyos necesarios.
Capítulo aparte merece el hecho de que las mujeres con discapacidad siguen afrontando importantes barreras de acceso a la Justicia, lo que dificulta que puedan denunciar en igualdad de condiciones lacras como la violencia machista a la que todavía se siguen viendo sometidas en mayor proporción que el resto de la población femenina. Por ello, para la Fundación CERMI Mujeres el acceso a la Justicia de las mujeres y niñas con discapacidad continúa siendo uno de los ejes rectores de su agenda política.
Pese a este escenario, con luces por los avances conquistados y con importantes sombras por todo el camino que nos queda todavía por recorrer, no podemos analizar de forma completa el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad sin saltar al otro lado de la valla. Y es que, acceder a la justicia no solo es tener un Juicio justo, sin barreras comunicacionales o cognitivas o poder interponer una denuncia sin que una escalera insalvable impida el acceso de una persona con movilidad reducida a una comisaría.
Acceder a la Justicia es también poder formar parte de la propia Administración de Justicia para que las personas con discapacidad puedan acceder a la carrera judicial y fiscal en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía y para que, a su vez, la Justicia sea un reflejo de la sociedad.
La propia Constitución Española proclama que la Justicia emana del pueblo. Pero para que esto sea así en la práctica, y no solo en la teoría, debe parecerse a dicho pueblo y acoger en su seno la diversidad que lo enriquece.
En la ley, los pasos durante los últimos años han sido muy importantes para avanzar en la buena dirección.
Circunscribiéndonos a lo acontecido en el siglo XXI, los primeros progresos vinieron de la mano del ámbito legislativo. Así, en 2003, las dos Cámaras aprobaron, en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que en todas las convocatorias de oposiciones para la carrera judicial y fiscal se reservaran al menos el 5% de las plazas para personas con discapacidad, atendiéndose así una reivindicación del CERMI.
Otro hito legislativo para que las personas con discapacidad pudieran participar en la Justicia fue la reforma de la Ley del Jurado Popular en 2016, una demanda planteada por el CERMI y que finalmente fue atendida por el Poder Legislativo.
Pero los avances no han venido solo de la mano del Legislador, sino también del propio Poder Judicial. Un ejemplo es que la puerta estaba cerrada de facto para las personas ciegas en lo que a poder formar parte de la carrera judicial y fiscal se refiere, como pudo comprobar en 2003 uno de los actuales directivos del Grupo Social ONCE: Fernando Riaño, a quien no le aseguraban poder tomar posesión de una plaza aunque aprobara las tres pruebas de la oposición para la carrera judicial y fiscal.
De este modo, no fue hasta 2014 cuando el CGPJ respondió afirmativamente al requerimiento de Gabriel Pérez Castellanos, un joven ciego que quería saber si, aprobando la oposición, podría ejercer la carrera judicial. Tras meses de espera, llegó la respuesta y fue afirmativa, si bien Gabriel Pérez decidió no presentarse a esta oposición finalmente.
El hito para las personas ciegas llegó en 2020, cuando Héctor Melero, con 26 años, se convirtió en la primera persona ciega de España en aprobar la oposición para la carrera judicial y fiscal. Se hacía así efectivo este derecho de forma tangible.
Pese a todos estos avances, falta todavía pasar del Derecho a los hechos, como en tantas cuestiones de la realidad social de la discapacidad. Y es que, la infrarrepresentación de las personas con discapacidad en la Administración de Justicia es evidente.
En concreto, entre 2004 y 2019 han aprobado la oposición de libre acceso a la carrera fiscal y judicial 3.154 personas en España, de las que únicamente 23 lo han hecho por el turno reservado para personas con discapacidad igual o superior al 33%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De esta forma, y con la salvaguarda de que alguna persona con discapacidad haya podido superar las pruebas por el turno general, podemos concluir que solo el 0,73% de quienes han aprobado las oposiciones entre 2004 y 2019 tienen discapacidad.
Para analizar no solo el número de personas que superan las oposiciones, sino también el de quienes son admitidos para realizarlas, aunque no logren aprobar, hemos de reducir el período de tiempo, pues el CGPJ cuenta con esta información desde el año 2014. Así, entre 2014 y 2019, realizaron las oposiciones 24.619 personas, de las que 308 tenían algún tipo de discapacidad, es decir, el 1,25% de los opositores. De ellos, casi seis de cada diez opositores con discapacidad son mujeres.
Por otro lado, conviene mencionar también de forma somera los datos de acceso por el cuarto turno, una vía menos relevante cuantitativamente pero que también está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este apartado, los datos ponen de manifiesto que, entre 2005 y 2018, aprobaron 270 personas, de las que tres tenían discapacidad (el 1,11% del total).
En suma, la Justicia no es una excepción y el acceso para poder formar parte de la impartición de la misma sigue estando al alcance de muy pocas personas con discapacidad. Es imperativo seguir analizando esta cuestión y posibles puntos de mejora entre todos los operadores jurídicos y las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias organizadas en torno al CERMI.
Normativa aprobada
-Resolución de 3 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo (BOE de 08/02/2022). Se convalida el Real Decreto-ley 32/2021, que tiene por objeto modificar la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, entre otras. En concreto, se modifican o introducen nuevas disposiciones adicionales relativas a los contratos formativos celebrados con personas con discapacidad: (i) El contrato de trabajo para la obtención de práctica profesional deberá concertarse dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una persona con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios; y (ii) los límites de edad y en la duración máxima del contrato formativo no serán de aplicación cuando se concierte con personas con discapacidad, de forma que reglamentariamente se establecerán dichos límites para adecuarlos a los estudios, al plan o programa formativo y al grado de discapacidad y características de estas personas (apartado primero). Asimismo, las empresas que celebren esos contratos formativos con trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a contingencias comunes, durante la vigencia del contrato, con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (Artículo 1.11).
-Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 09/02/2022). Este Real Decreto tiene por objeto modificar los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En particular, exceptúa del uso obligatorio de mascarilla a las personas que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. También se exceptúa su uso en aquellos lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de residencia de los colectivos que allí se reúnan, como son las instituciones para la atención de personas mayores o con discapacidad. En el caso de los visitantes externos y los trabajadores de los centros residenciales de personas mayores o con discapacidad, es obligatorio el uso de mascarilla en todo caso (Artículo único).
-Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad (BOE de 11/02/2022). Según se señala en su Introducción, la Instrucción tiene por objeto reforzar la atención, en el marco de la función tuitiva del Ministerio Fiscal, de las personas mayores y/o con discapacidad, en cuanto colectivos especialmente vulnerables, ante la necesidad de velar por el efectivo reconocimiento y salvaguarda de su dignidad, presupuesto para el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de todos los derechos y libertades que les son constitucionalmente reconocidos (art. 10 CE), en relación con el uso contenciones o sujeciones físicas y/o farmacológicas a las que pueden verse sometidos.
Jornadas y seminarios
Del 23 al 25 de febrero de 2022. Conferencia Zero Proyect 2022. Su objetivo es identificar, seleccionar y compartir prácticas y políticas innovadoras tal y como prevé el art. 32 de la CDPD de la ONU. Se trata de una red intersectorial mundial de innovadores, expertos y líderes de más de 180 países. Las investigaciones versan sobre empleo, accesibilidad, vida independiente y participación política/educación.
24 de febrero de 2022 de 10.00 a 14.30. Online. I Jornada de Accesibilidad de Coslada. Organizado por la Asociación Coslada Accesible. Su fin es abordar la necesidad de contar con una oficina de accesibilidad. Se puede acceder al programa en el siguiente link:
Del 16 al 18 de marzo 2022 XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre personas con Discapacidad “Calidad de Vida y Apoyos: el Poder de la Evidencia”. Salamanca, presencial y online. Foro de encuentro y discusión de carácter pluridisciplinar y abierto a los profesionales que trabajan e investigan en el campo de la educación, servicios sociales y salud. En él se difundirán los avances en el conocimiento científico e innovaciones en el ámbito de la discapacidad. Pretende fomentar el desarrollo y transferencia de investigación y prácticas profesionales y organizacionales basadas en evidencias y proponer líneas de investigación futura.
Convocatorias, ayudas y premios
Hasta el 14 de marzo. Programa de aceleración de la Fundación Once. Dirigido a emprendedores comprometidos con la discapacidad o personas con un producto mínimo viable que suponga una solución innovadora y aporte valor social a la discapacidad, a startups que quieren crecer o escalar. Es un programa que se desarrolla con el área de Empresas en Crecimiento de PwC y pone a disposición de emprendedores, metodologías de aceleración y asesoramiento en diversas materias con el objetivo de colaborar en los retos de crecimiento a los que se enfrentan estos proyectos, startups y empresas relacionadas con la discapacidad.
Hasta el 7 de abril de 2022. Premios OAECEX 2022 a la accesibilidad cognitiva.
Dirigido a aquellas personas, organizaciones o empresas que presenten proyectos y/o buenas prácticas en el campo de la accesibilidad cognitiva en Extremadura. Estos premios distinguen el especial esfuerzo que se viene realizando en la incorporación de medidas de accesibilidad cognitiva en espacios, entornos, dispositivos y servicios de ámbito público o privado de Extremadura, a través de las diferentes herramientas existentes de accesibilidad cognitiva, favoreciendo así la comprensión y el uso de nuestros entornos. Los premios se dividen en seis categorías: Premio Muévete a la categoría "Urbanismo, transporte y medio ambiente"; Premio Oriéntate a la Edificación; Premio Actualízate a la categoría "Tecnología de la información y la comunicación. Páginas web y aplicaciones"; Premio Diviértete a la categoría "Turismo, ocio y cultura". Premio Prepárate a la categoría "Educación y Empleo" y, Premio Entérate a la categoría "Formación y sensibilización".
Hasta el 8 de abril 2022. V Premios de Diversidad e Inclusión convocados por La Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad. Su fin es reconocer las estrategias, visiones e iniciativas empresariales más destacadas e innovadoras y con mayor impacto social y corporativo en la gestión de la diversidad.
Publicaciones
González-Badía J. (Coord.) Las personas con discapacidad en el sistema universitario andaluz. Informe de situación. Sevilla, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Junta de Andalucía, 2022, 283p.
Reviriego-Rodrigo, E. y cols.. Trastornos del espectro autista: evidencia científica sobre la detección, el diagnóstico y el tratamiento. Informe de evaluación de tecnologías sanitarias. Serie: Informes, Estudios e Investigación, 2021. Victoria-Gasteiz. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. ministerio de Sanidad, 2022, 192p.
Garcimartín, R. La provisión judicial de apoyos a personas con discapacidad. Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2021, 163 p. Tras la modificación del ordenamiento jurídico, operado por la Ley 3/2021 con el fin de adaptarlo a la Convención de la ONU de los Derechos de las Persona con Discapacidad, se sustituye el régimen de modificación de la capacidad por los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica. En esta obra se analizan los trámites procesales que sirven para que el juez establezca los apoyos a las personas con discapacidad: los expedientes de jurisdicción voluntaria para el control de la actuación del guardador de hecho, el nombramiento del defensor judicial, el nombramiento de curador a través del expediente de jurisdicción voluntaria y del proceso de provisión de apoyos.
Dirección de la Sección Derecho de la Discapacidad de Cermi.es
Rafael de Lorenzo García, profesor Titular de la UNED y secretario general de Fundación Derecho y Discapacidad
Autores
David M. Menayo, periodista de Servimedia
Mariana Samaniego, asociada Principal en J&A Garrigues
Elva Rodríguez Ruiz, profesora titular del CSEU La Salle, abogada del despacho Antonio Navarro Rubio & Asociados y colaboradora de la Fundación Derecho y Discapacidad
