"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Mujer
La lacra de la violencia de género en poblaciones olvidadas e invisibles como son las mujeres con discapacidad
Ángeles sin alas: mujeres con discapacidad víctimas de la violencia
Sin respuestas adecuadas ni individuales
10/01/2014
Beatriz Sancho
Salir de una situación de violencia de género es muy, muy difícil para cualquier mujer. De hecho, un número incalculable de ellas no son siquiera conscientes de ser víctimas de violencia de género nunca. Las que llegan a serlo, o lo son desde el principio, suelen pasar por un proceso de aniquilación no sólo de su autoestima sino de su persona, durísimo de remontar incluso con los mecanismos que las sociedades modernas les ofrecen. Si a la condición de mujer víctima de violencia de género le añadimos una discapacidad, cualquiera, este negro panorama se vuelve mucho más terrorífico, desolador y esperpéntico. Respuestas para ellas pocas, excepcionales. ¿Específicas? Todavía una utopía.
‘A la primera señal de maltrato... vuela’ reza el cartel de la campaña de la Comunidad de Madrid realizado para concienciar sobre la violencia que muchas mujeres viven, asemejándola a una jaula y recordándoles que, a la primera señal, vuelen, escapen de su situación. Decirlo es fácil, pero hacerlo mucho menos. ¿Cómo sales de una situación de violencia de género si dependes de tus propios maltratadores, como le ocurre a muchas mujeres y niñas con discapacidad, o si el sistema no te ofrece los canales de comunicación accesibles para tu discapacidad? ¿Quién le presta sus alas a estos ángeles féminas víctimas de la violencia? No hay respuestas adecuadas ni individuales para ellas.
“Es muy importante abordar la violencia de género que sufren muchas mujeres y niñas con discapacidad para que la sociedad adquiera un conocimiento sobre este tema”, asegura Ana Peláez, comisionada de Género del CERMI Estatal. El artículo 6 de la ‘Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, titulado ‘Mujeres con discapacidad’, da pie a Peláez para argumentar un concepto “bastante desconocido”, que a ella le gustaría que todo el mundo utilizara para abordar la violencia de género contra las mujeres y niñas con discapacidad, un factor que, en su opinión, es de “extraordinaria preocupación”. Se refiere al término de ‘discriminación interseccional’ y que, por lo visto, se confunde muchas veces con el de vulnerabilidad porque “vulnerabilidad”, explica, “alude a personas que no tienen recursos para sobreponerse de una situación determinada y necesitan de alguien para superarla”. En este sentido, explica que son vulnerables los niños y las niñas porque necesitan de un adulto para ir superando sus fases de crecimiento. También son vulnerables muchas personas mayores que necesitan ser cuidados por terceros. Pero “hay que dejar claro”, matiza Peláez, “hay personas con discapacidad que son vulnerables y otras no”.
Por el hecho de tener una discapacidad y ser mujeres estamos más cerca de sufrir la discriminación interseccional
Lo que sí es cierto es que “por el hecho de tener una discapacidad y por el hecho de ser mujeres estamos más cerca de sufrir la discriminación interseccional que, además, se manifiesta en una invisibilidad total y absoluta porque no hay reconocimiento en ningún tipo de política ni en España, ni en la Unión Europea ni en el mundo, que asuma o se preocupe por la radicalización de la violencia en las mujeres con discapacidad”, denuncia la comisionada de Género del CERMI.
Y es que, en relación con la violencia de género que sufren muchas mujeres y niñas con discapacidad, unido con otros condicionantes como del empobrecimiento, no tener trabajo, proceder de una etnia minoritaria o vivir en un entorno segregado, entre otros, “sí que las posiciona en una situación de mayor vulnerabilidad, pero no de discriminación doble, como suele decirse”, diferencia Peláez. Así, para esta defensora de derechos humanos el concepto de doble vulnerabilidad “se queda totalmente alejado de la realidad de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y, de hecho, el concepto de discriminación múltiple no llega a definir realmente su nivel de exclusión social”. De ahí su insistencia en el uso del término ‘discriminación interseccional’.
No hay política ni en España, ni en la Unión Europea ni en el mundo, que asuma o se preocupe por la radicalización de la violencia en las mujeres con discapacidad
Según el ‘Estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y la discapacidad’, realizado el año pasado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las mujeres y las niñas con discapacidad sufren violencia de múltiples formas: en sus hogares o en establecimientos residenciales, a manos de los miembros de su familia inmediata, sus cuidadores o de extraños, en la comunidad, en las escuelas y en otros establecimientos públicos y privados. Por otra parte, un informe elaborado por el Parlamento Europeo asegura que casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. Asimismo, el informe señala que el 80% de las mujeres con discapacidad que viven en instituciones están expuestas a la violencia de personas de su entorno, ya sea personal sanitario, de servicio o cuidadores. Y para colmo, los investigadores concluyen que las mujeres y las niñas con discapacidad intelectual corren un riesgo particularmente alto en términos de violencia, incluida la violencia sexual.
Casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual
Peláez afirma, así como otros expertos del movimiento asociativo, que las mujeres con discapacidad intelectual son las más vulnerables de todas y de las que “a penas se habla” porque “dependen de terceras personas y de instituciones para todos los ámbitos de su vida y no tienen acceso a la justicia porque no tienen el reconocimiento que todo el mundo tenemos ante la ley”, revela Peláez. Ellas no pueden poner una denuncia en caso de sufrir violencia de género “porque las personas sin capacidad jurídica no podrán denunciar por sí mismas jamás. Y esto es terrible, verdaderamente terrible. Y difícilmente pueden salir de la situación en la que viven. Organizacionalmente, vitalmente y judicialmente dependen de decisiones de terceras personas que siempre van a decidir por ellas”, lamenta la comisionada de Género del CERMI.
Leonor Pérez Lucas, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, observa que “por fin, los estudios y declaraciones de instituciones prestigiosas comienzan a reconocer que las mujeres y niñas con discapacidad están expuestas a una situación de especial vulnerabilidad ante la violencia y abuso perpetrados contra ellas”. “Incluso parece que están de acuerdo en que dichos actos suelen producirse de maneras particulares, como consecuencia de la interacción de dos factores claves, el género y la discapacidad, que habitualmente no han sido considerados ni por las políticas en materia de violencia contra la mujer, ni tampoco por las dedicadas a las cuestiones de discapacidad”, aclara Pérez Lucas como representante del Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su Fundación.
Hay escasos estudios e investigaciones sobre este tema, generalmente provenientes de Europa, América del Norte o Australia, donde se señala, asegura la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, “que más de la mitad de las mujeres con discapacidad han sufrido abusos físicos, en comparación con la tercera parte de las mujeres sin ella”, señala. Sin embargo, “pese a estas cifras alarmantes, seguramente el número de mujeres y niñas con discapacidad que son víctimas de violencia por parte de alguien cercano sea, incluso, superior al reflejado en las estadísticas, ya que se desarrollan en entornos frecuentemente cerrados y segregados, fuera de la cobertura habitual de la investigación tradicional al uso y la acción directa de los servicios sociales comunitarios”, argumenta Pérez Lucas.
DIVERSIDAD
DIVERSIDAD
Entre los 600 millones de niñas y mujeres con discapacidad en el mundo, de facto, existe una diversidad inmensa. Sin embargo, no se comprende cómo se tiende a generalizar las necesidades de las mujeres con discapacidad pensando que las de aquellas que tienen un tipo de discapacidad son compartidas con las mujeres que tienen otra diferente. “Ni siquiera dos mujeres con la misma discapacidad tienen las misma necesidades. Una mujer sorda puede ser usuaria de lengua de signos y otra no”, aclara Peláez. Esta es la realidad que tenemos por delante, “una realidad que habla de una población de mujeres con discapacidad totalmente heterogénea, diversa”. Hay mujeres con discapacidad que cuando van a los servicios judiciales como policía, juzgados y otros no encuentran las ayudas de comunicación que se necesitan. “No encontramos respuestas adecuadas e individuales para cada mujer. Y cuando las hay, son estandarizadas, estereotipadas”, denuncia Peláez.
Ni siquiera dos mujeres con la misma discapacidad tienen las mismas necesidades
Y es que en los últimos años han aumentado los programas dirigidos a informar, asesorar y proteger a las mujeres contra la violencia. Sin embargo, dichos programas “no han tenido en cuenta las peculiaridades que presentan las mujeres con discapacidad como sector diverso y complejo, cuyas principales diferencias deben ser tenidas en cuenta en la práctica profesional. De hecho, podría decirse que hay una mayor concienciación social sobre la necesidad de intervenir con aquellas mujeres que han adquirido una discapacidad como consecuencia de un acto de violencia, pero no tanto con las que sufren esa violencia precisamente por el hecho de ser una mujer con discapacidad, cuya situación sigue permaneciendo invisible”, manifiesta Leonor Pérez Lucas.
Los programas para informar, asesorar y proteger a las mujeres contra la violencia no tienen en cuenta las peculiaridades que presentan las mujeres con discapacidad como sector diverso y complejo
Ante este “panorama desolador”, insiste la representante del Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su Fundación, también resulta “imprescindible que las organizaciones de personas con discapacidad tomen las medidas necesarias para desarrollar iniciativas que analicen la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en relación con la violencia, proponiendo acciones concretas para su prevención y atención adecuadas”. De hecho, como parte de su compromiso con la igualdad y la erradicación de la violencia, el Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su Fundación incluyó en su plan de actuación para el periodo 2011-2015 un área específica de intervención para abordar la violencia de género dirigida a las mujeres con deficiencia visual y ciegas.
No tienen la misma suerte mujeres víctimas de violencia con otros tipos de discapacidad. De hecho, Peláez critica que sólo en los últimos años las asociaciones de personas con discapacidad han comenzado a atender la violencia de género para sus afiliados y afiliadas. Y considera que es “imprescindible” porque “son personas que viven una situación global y su discapacidad forma parte de todos los ámbitos de la vida de la persona”. En este sentido, metafóricamente, la comisionada de Género del CERMI Estatal dice que hay que darles “un tirón de orejas importante a estas asociaciones de personas con discapacidad” porque, a su criterio, “tenemos que cambiar la forma de tratar el tema de la violencia de género desde el propio sector de la discapacidad”. “Estamos a penas empezando y queda muchísimo por hacer”, siente Peláez.
Es imprescindible que las asociaciones de personas con discapacidad atiendan la violencia de género de sus afiliadas
“No encontramos respuestas adecuadas e individuales para cada mujer con discapacidad que sufre violencia de género”, asegura Peláez quien añade que “hay muchas mujeres con discapacidad que además de estar sufriendo violencia se les echa en cara que no tienen un trabajo, que son una carga y al final se sienten tan confundidas que terminan creyendo, y pasa en muchos más casos de los que nos creemos, que, efectivamente, lo que están recibiendo es lo que se merecen porque son una carga”. “Pero es más, las organizaciones de mujeres no nos incluyen. ¿Cómo es posible? Tenemos que participar, abrirnos hueco y también en las administraciones públicas. Si con dinero público se está financiando programas de erradicación de la violencia de género esos programas sí o sí tienen que considerar siempre la discapacidad porque si no merecen esos apoyos económicos de las administraciones públicas”, reivindica Peláez.
Para atender estas diferentes necesidades de las mujeres con discapacidad, propone la comisionada de Género del CERMI, “se tendrá que considerar, por una parte, la discapacidad en las mujeres que, como consecuencia de un acto de violencia la tienen y definir, por tanto, qué medidas se precisarían para ese sector”. Y por otra, considerando en sí la población de mujeres con discapacidad que sufren violencia de género habrá que “afrontar sus necesidades para formar parte de todo el proceso de prevención de la violencia, atención y recuperación de las víctimas”. Para ello, Peláez asegura que hay que “concienciar y no sensibilizar” porque, defiende con vehemencia, “no se puede hablar de sensibilización y repetir hasta la saciedad ¡vamos a sensibilizar! ¡hagamos campañas de sensibilización!. Pero, ¿qué sensibilización? ¡Es concienciación!”, arremete. “Tenemos que concienciar de que la violencia es una lacra para todos, que tiene unas consecuencias terribles especialmente en poblaciones olvidadas e invisibles como son, en este caso, las mujeres con discapacidad”.
‘A la primera señal de maltrato... vuela’. Las alas para estas mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género no crecen sólo con su propio deseo sino con el compromiso de las asociaciones con discapacidad, las entidades públicas, incluso las privadas, el Tercer Sector y toda la sociedad, que tienen que abordar sus situaciones personales y dotarlas de respuestas adecuadas e individuales, de alas para que también ellas puedan desplegarlas y logren, como muchas mujeres sin discapacidad víctimas de violencia, superar su baja autoestima, sus sentimientos de culpa y vergüenza, los efectos de traumas y trastornos por estrés postraumáticos, problemas de adicción, falta de confianza en sí mismas, pensamientos de suicidio y tantas otras consecuencias provocadas por vivir actos de violencia. España, sin excusas, como Estado que ha firmado la Convención de la ONU sobre discapacidad, está obligado a cumplir su artículo 16 y, por tanto, poner medidas para la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso. Adecuadas e individuales, insistimos.
