Con esa nueva norma reglamentaria, derivada de la transposición de una Directiva de la Unión Europea del año 2016, se extiende la obligación de accesibilidad a las aplicaciones móviles de todos los órganos constitucionales, administraciones, organismos, entidades y empresas que integran el sector público. 

 

Hasta el momento, el deber legal de accesibilidad en España se limitaba a los sitios web públicos, con lo que ahora se amplía a las aplicaciones móviles, canales digitales que han proliferado en los últimos años. A tenor de la nueva regulación, los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de las entidades obligadas “deberán ser accesibles para sus usuarios y, en particular, para las personas mayores y personas con discapacidad, de modo que sus contenidos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos”.

 

Además “la accesibilidad se tendrá presente de forma integral en el proceso de diseño, gestión, mantenimiento y actualización de contenidos de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles”.

 

El CERMI ha participado en la redacción de la futura norma a través de un diálogo intenso, con propuestas y aportaciones, desarrollado con la secretaría de Estado de Función Pública del ministerio de Hacienda y Función Pública, que está siendo la instancia promotora de este real decreto.

 

Con esta extensión de los deberes legales de la accesibilidad universal se avanza en los mandatos del artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a que los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.