En el documento que el CERMI elaboró con las propuestas del sector de la discapacidad para las elecciones europeas, en primer lugar hacía un llamamiento al derecho de sufragio de las personas con discapacidad, afirmando: "resulta absolutamente preciso que la legislación nacional reguladora del derecho de sufragio se adapte plenamente a las exigencias de la Convención, eliminando así los obstáculos que actualmente impiden a las personas con discapacidad privadas del derecho de sufragio ejercer su participación plena y efectiva en la vida política y pública". 

 

Desde esta perspectiva, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, ha pedido reiteradamente al Gobierno que reforme ya la Ley Electoral General y la adapte así a los requerimientos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 apela al derecho al voto de este colectivo.

 

En España haya 80.000 ciudadanos privados del derecho de sufragio debido a que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el se les ha incapacitado judicialmente, lo que lleva consigo la imposibilidad de votar y ser elegidos en sufragios.

 

"Son personas que están amputadas de una condición civil básica, que es poder votar, elegir y ser elegidos, por tener una discapacidad", considera el presidente del CERMI. A su entender, este comportamiento es "un prejuicio, un estereotipo y una desconfianza hacia lo que son las personas con discapacidad", por lo que "tiene que ser extirpado de nuestro ordenamiento jurídico" mediante la reforma, ya, de la Ley Electoral General.

 

La reclamación del CERMI es ya antigua y están decididos a que esta situación termine, por eso el presidente del CERMI espera que la modificación normativa esté lista de aquí a que acabe la legislatura y advierte de que si no es así, el CERMI denunciará a España ante el Comité de Naciones Unidas para que haga saber a sus gobernantes que están haciendo caso omiso a los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: "Estaremos muy alerta y si no se hace (si no se reforma la ley), denunciaremos al Reino de España ante el Comité de Naciones Unidas para que actúe y llame la atención a España de que está eludiendo los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", aseguró el presidente del CERMI.

 

Los partidos políticos, sin embargo, mostraron recientemente su disposición plena a este cambio. Y así lo expresaron hace menos de un año el propio PP, el PSOE, IU, CiU y UPyD.

 

Desde Feaps y otras entidades de la discapacidad se han puesto en marcha campañas informativas dirigidas a sus colectivos, pero también al resto de la sociedad. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a elegir el próximo 25 de mayo y tienen capacidad para hacerlo. Sin embargo, miles de ellas no podrán ejercer este derecho por una decisión judicial. #mivotocuenta es el slogan de Feaps para animar a todos a ejercer su responsabilidad ciudadana en las Elecciones Europeas.

 

Según Feaps, en España se calcula que existen 80 mil personas privadas de su derecho al voto y gran parte de ellas son personas con discapacidad intelectual que han perdido ese derecho por una sentencia de incapacitación.

 

Guadalupe Talavera, del departamento de comunicación de Feaps explica que la Ley electoral española en su artículo 3.1b) incapacita el derecho al sufragio a aquellas personas que expresamente han sido privadas de él por la sentencia judicial firme.

 

Talavera explica que lo ocurrido durante años en nuestro país es que, en el momento en que un familiar solicitaba la incapacitación de su pariente para la administración de su patrimonio, los jueces y fiscales incluían privación del derecho al voto de forma automática en sus sentencias. “No se tenía realmente en cuenta si estas personas estaban capacitadas o no para ejercer ese derecho fundamental”, subraya.

 

Las personas con discapacidad pueden solicitar que se revoque la sentencia que los incapacita para ejercer el derecho a voto, reabrir el proceso y que se les devuelvan ciertas capacidades, incluyendo el derecho a votar. Esto lo respalda la Ley de Enjuiciamiento Civil que en su artículo 761.1 señala que la sentencia recaída en un proceso de incapacitación no impedirá que sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.

 

Esta modificación podrá consistir, bien en la reducción de los límites de la incapacidad o el cambio de régimen al que está sometido el incapacitado. Pero esto implica la apertura de un nuevo proceso judicial que supone tiempo y coste para las familias. “Abrir el caso puede significar un precio que oscila entre 1.000 y 3.000 euros aproximadamente y las familias tienen que soportar el coste del abogado y del procurador”, añade Guadalupe Talavera.

 

El tiempo de duración, según la red de juristas de Feaps, varía según el proceso, en la primera instancia el proceso tarda cuatro meses si el Juzgado no está saturado, pero si apela el auto y va a segunda instancia, puede tardar de dos a tres años.

 

“La persona que revise su sentencia puede estar una media de tres años esperando una nueva sentencia de incapacitación que le devuelva el derecho a voto”, enfatiza Talavera. Por esta razón muchas familias desisten de este proceso, primero por el coste económico y luego por el tiempo que lleva lograr la nueva sentencia.