El periodo electoral ha finalizado y los nuevos responsables políticos tienen que empezar a gestionar. Por ello es buen momento para recordarles aquellos aspectos que más interesan a las personas con discapacidad y sus familias y sobre los que ya tuvimos oportunidad de debatir, en el foro organizado por CERMI-Aragón en campaña electoral con candidatos de todos los partidos. El conocimiento y la información de primera mano entre el colectivo de la discapacidad y la Administración es fundamental y por ello creemos que en primer lugar será necesario encontrar un instrumento estable y eficaz, tanto en el ámbito autonómico como en el municipal, para que las políticas dirigidas a las personas con discapacidad puedan ser debatidas y, después, trasladadas a decisiones ejecutivas.

 

En segundo lugar consideramos imprescindible la aprobación de una Ley de derechos de las personas con discapacidad en Aragón, que contemple infracciones y sanciones si se vulneran nuestros derechos y que además, completaría el conjunto legislativo de desarrollo del sistema de Servicios Sociales.

 

Por lo que se refiere a las actuaciones concretas, habrá que incidir en aquellos asuntos pendientes en cuanto al acceso al empleo y a la función pública, a la educación inclusiva o al espacio sociosanitario; al desarrollo de las prestaciones y servicios específicos en servicios sociales, la atención temprana, salud mental, accesibilidad universal y considerar especialmente todo lo relacionado a la mujer con discapacidad.

 

Asimismo, entendemos que se deberá buscar la fórmula más adecuada para la aplicación en Aragón de la Directiva Comunitaria 2014/24/UE y que permitiría la concertación directa entre la Administración y las entidades sociales de la discapacidad para la prestación de los servicios de atención a su colectivo. Estas son algunas de las cuestiones, no todas, que el Gobierno de Aragón y las corporaciones locales deberían afrontar en materia de discapacidad en Aragón y, para ello, es necesario iniciar los primeros contactos en el plazo más breve posible y acordar el proceso para hacer realidad las legítimas aspiraciones del colectivo de personas con discapacidad y sus familias.