Con esta iniciativa, las asociaciones de la discapacidad aspiran a una exención del copago a quien perciba menos de 1.331 euros -2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)-, que se fije una aportación máxima por persona que no sea superior al 60% del coste del servicio y que se garantice a la persona en situación de dependencia una cantidad para destinar a gastos personales que no sea inferior al 40% de su capacidad económica.

 

Mónica Oviedo, presidenta de CERMI Asturias, considera "una injusticia la aplicación de un copago en los servicios imprescindibles para sobrevivir en unas circunstancias de calidad de vida y dignidad".

 

En la actualidad, según Mónica Oviedo, muchos usuarios abandonan los servicios porque no pueden pagar. "La ley se ha aplicado mal y el copago es la situación más cruel a la que se enfrentan los beneficiarios y sus familias".