El CERMI, en calidad de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención de la ONU sobre discapacidad, ha ido publicando desde 2008 un informe anual en el que examina el cumplimiento por parte de España del tratado internacional de la discapacidad. 

 

El presidente del CERMI afirmó que este conjunto de publicaciones son la prueba que permite realizar la comparación a lo largo de los años y concluir que “los derechos humanos de las personas con discapacidad empeoran por la crisis económica, social y financiera” y que “afecta más intensamente que al resto de la población porque hay muchos derechos humanos que están ligados a presupuestos económicos como es el caso de la educación inclusiva o las pensiones”. 

 

Sin embargo, Pérez Bueno culpó también a la “inacción” de las administraciones públicas como otro causante del empeoramiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad porque muchos de éstos “dependen sólo de decisiones políticas” y sólo “requieren cambiar de modelo de imaginaria, acompasarse a la Convención, a sus principios, valores y mandatos, y  una profunda revolución normativa”. 

 

MEMORIAL DE AGRAVIOS

 

Pérez Bueno hizo un breve recorrido por lo que denominó “el memorial de agravios” y comenzó aseverando que “la falta de voluntad se nota”, por ejemplo, respecto a la vulneración del artículo 12 de la Convención que habla de la igual capacidad jurídica y que en España, en este sentido, “las medidas no han variado” porque seguimos teniendo “tutela, curatela y otras medidas que sustituyen a la persona, que no la apoyan” en contra, “diametralmente”, de lo que dice este artículo. 

 

En este sentido, señaló que unos 80.000 españoles con discapacidad están privados de su derecho al voto. Por ello, alentó al Gobierno que impulse las medidas necesarias para permitir que las personas con discapacidad privadas del derecho de sufragio puedan ejercerlo, aunque sea con apoyos si los precisan.

 

Asimismo, subrayó de “abominable” la situación de que sigamos teniendo en nuestro país la posibilidad de la “esterilización forzosa a hombres y mujeres con discapacidad que admite nuestro Código Penal” y que, según el presidente del CERMI, “está denunciada por activa y por pasiva” y incluso por Naciones Unidas que “se ha pronunciado expresamente en la necesidad de reformarlo con urgencia” y “sin embargo”, insistió, “ahí está aún la posibilidad de privarles de la función reproductora” una vulneración de sus derechos que, en su opinión, “tiene un tinte machista” porque “fundamentalmente, según los datos que vamos teniendo, aún muy fragmentarios, se realiza sobre la mujer con discapacidad, especialmente intelectual”, sentenció Pérez Bueno.

 

También denunció el presidente de la entidad la vulneración de los derechos humanos de las personas con enfermedad mental y puso el foco en los internamientos forzosos que, según explicó, “hace más de tres años, el Tribunal Constitucional dijo que la ley que permite el internamiento forzoso o involuntario de una persona con trastorno mental cuando está en crisis es ilegal e inconstitucional” porque “estos internamientos están soportados por una ley ordinaria y cualquier medida de privación de libertad sólo puede venir dada por una ley orgánica, que son las que regulan derechos fundamentales y, entre ellos, la libertad de los ciudadanos”, clamó.

 

Pérez Bueno, añadió en este mismo sentido, que “después de tres años, esa norma de enjuiciamiento civil no se ha modificado en esa parte, pero que no sólo está la discusión de la forma sino del fondo”. Expone el presidente del CERMI que “nadie, por razón de discapacidad, de salud mental, puede ser privado de su libertad”, que “podrá ser privado, como los demás ciudadanos o ciudadanas, porque haya delinquido o sea un peligro para él o para la sociedad”, pero que su internamiento forzoso “no puede ser porque tenga una enfermedad mental”. 

 

Asegura Pérez Bueno que esto hay que “retomarlo con urgencia” porque “todavía nuestros responsables políticos no han interiorizado nuestra petición, a pesar de nuestra insistencia,  que ya no sabemos cómo hacer para que entiendan que la visión de los derechos humanos de las personas con discapacidad no puede ser pura retórica sino que tiene que trasladarse a hechos concretos”. 

 

EL INFORME 

 

El informe sobre derechos humanos y discapacidad relativo a 2013 evidencia que el año pasado aumentó un 33,1% el número de consultas recibidas en la Asesoría Jurídica del Cermi, que ascendieron a un total de 422, 105 más que en 2012. 

 

De estas 422 consultas, 32 se tramitaron como posibles vulneraciones de derechos fundamentales, mientras que el resto corresponden a solicitudes de información.

En cuanto a la distribución por sexos, el 60% de las consultas las realizaron hombres y el 40% restante, mujeres. 

 

El sexto informe de derechos humanos y discapacidad elaborado por el CERMI mantiene una línea similar a los anteriores y continúa su estudio sobre los temas que en mayor medida atentan contra los principales derechos del sector. 

 

Entre otros, grosso modo, quedan patentes, tal y como se explicó en un reportaje publicado en ‘Cermi.es semanal’, la falta de educación inclusiva tras la aprobación de la LOMCE y la aplicación de los recortes; la continua violencia ejercida contra la mujer con discapacidad y la necesidad de abordarla con un mejor y mayor tratamiento, y la persistencia de tratamientos discriminatorios hacia las personas con enfermedad mental así como una importante discriminación añadida si se aprueba la reforma del código penal que proyecta el Gobierno.