La nueva publicación, número 7 de la colección “Generosidad”, presenta las recomendaciones que formulan las entidades promotoras del informe para prevenir y lograr que cese la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad, gravísima violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

 

En el texto, se recogen las justificaciones que se esgrimen para la esterilización forzosa, y se explican sus consecuencias negativas en cuanto al disfrute de todas las mujeres y niñas con discapacidad de todos los derechos humanos.

 

El informe pone de manifiesto la vinculación estrecha entre esta práctica y la privación de la capacidad jurídica, y describe la situación actual en Europa y más allá del continente. Ofrece también una perspectiva general de las normas actuales de derechos humanos, la jurisprudencia vigente en relación con esta cuestión, así como una análisis específico de la regulación legal del este asunto en España, proporcionando los datos estadísticos disponibles de los procedimientos judiciales de esterilización. 

 

La esterilización forzosa ha constituido un asunto primordial en la labor del EDF y de su Comité de Mujeres. En 1997, el EDF publicó el Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad, que ofrecía recomendaciones para la transversalización de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. 

 

Ya en el año 2011, el EDF publicó el 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea: Una herramienta para activistas y responsables políticos. Ambos documentos constituyen instrumentos clave para asegurar el pleno respeto de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en la práctica, incluyendo el derecho de cada una a adoptar sus propias decisiones, los derechos reproductivos, y el derecho a la capacidad jurídica. 

 

El informe se ha redactado desde un enfoque exigente de derechos humanos, concorde con la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Según este planteamiento, todas las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y niñas con discapacidad, son sujetos activos con sus reclamaciones legales y titulares de derechos, que deben quedar garantizados para poder participar en todos los ámbitos de la sociedad en igualdad de condiciones con sus iguales sin discapacidad.