Así lo ha manifestado la vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez, durante su intervención en una audición pública sobre la Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030, organizada por el Comité Económico y Social Europeo.

 

De esta manera, y en relación a las áreas de actuación, Peláez ha asegurado que deberían abordarse además con “especial cuidado” aquellas relacionadas con la violencia y aquellas relativas al apoyo y reconocimiento de las personas que ofrecen cuidados informales y de larga duración a familiares con discapacidad, ya que “es un rol que asumen con mayor frecuencia las mujeres”.

 

Sin embargo, también ha hecho alusión a la importancia de esta Estrategia, que se ha hecho realidad gracias a la parte activa del movimiento europeo de la discapacidad, y ha celebrado que el documento “tenga sus raíces en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD)”.

 

Además, ha mostrado su preocupación sobre el apoyo a los Estados Miembros de la UE para implementar el Convenio de La Haya de 2000, tal y como señala el dictamen del Comité Económico y Social. De hecho, ha señalado que “si la UE no proporciona directrices sobre la implementación, corre el riesgo de ser contraria a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en lo que respecta a cuestiones como el reconocimiento de las medidas de tutela, la institucionalización, el trato forzoso y la coacción”.

 

En este sentido, ha manifestado que “esto tiene que abordarse junto con el Comité de la CDPD y las organizaciones de la discapacidad antes de que la Comisión Europea se embarque más sobre esta cuestión.”.

 

En su opinión, ante el bloqueo que persiste por parte del Consejo para sacar adelante la propuesta de Directiva Horizontal de Igualdad de Trato, también “es urgente abordar la laguna existente en la legislación de la UE” para garantizar la no discriminación de las personas con discapacidad fuera del ámbito del empleo -ampliándola, por ejemplo, a la protección social, a la asistencia sanitaria, a la educación y al acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda-, y combatir las formas múltiples e interseccionales de discriminación que especialmente tanto sufren las mujeres y niñas con discapacidad..

 

Asimismo, ha reclamado que se implemente la Estrategia “en armonía” con otras Estrategias de la UE, como la Estrategia de Igualdad de Género y la Estrategia de Derechos de las Víctimas, ya que “podría ayudar a mejorar el impacto que tiene en la población femenina con discapacidad”.

 

Peláez además se ha referido a la situación que ha ocasionado la pandemia que “ha dado lugar a un retroceso en nuestros derechos”. “Las personas con discapacidad y sus familias se encuentran entre las más afectadas y desatendidas. La Estrategia debe ser una herramienta para revertir esta situación”, ha aclarado.

 

Por último, Ana Peláez Narváez ha recordado que “muy pronto” la Unión Europea pasará a través de su segundo examen por el Comité CRPD de Naciones Unidas. “No deberíamos volver a esta revisión sin protección contra la discriminación a nivel de la UE para las personas con discapacidad; sin poder vivir de forma independiente en comunidades accesibles; sin un nivel de vida decente; sin el derecho a movernos libremente en la UE; sin igualdad de oportunidades en el trabajo y en la educación; sin el derecho a votar en 14 países; sin abolir prácticas terribles como la esterilización forzada de mujeres con discapacidad, o como los internamientos y tratamientos no consentidos en la psiquiatría, etc. “Con esta estrategia, tenemos una oportunidad única para fomentar un cambio real en Europa. No debemos dejarla pasar”, ha finalizado.