Estas propuestas han sido recogidas en un documento de aportaciones del movimiento CERMI a la Declaración de principios digitales: la vía europea para la sociedad digital de la UE, en el marco del proceso de consulta sobre una futura declaración interinstitucional europea sobre principios digitales.

 

Así, el movimiento CERMI, que acoge “con satisfacción” esta iniciativa, considera que la visión de derechos humanos debe ser la que guíe cualquier actuación vinculada con la transformación digital, visibilizando la discapacidad e incluyéndola en su desarrollo, al amparo de la Convención de la ONU y de la Agenda 2030. “La transformación digital solamente puede ser social y debe tener presente a las personas con discapacidad”, explica el CERMI.

 

En este sentido, el movimiento CERMI reivindica tecnologías accesibles para todas las personas, eliminando así la brecha digital, y teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en el diseño de la tecnología en ámbitos como la salud, la educación, el empleo, los transportes, el acceso a la cultura y al ocio, a fin de garantizar su experiencia con un enfoque inclusivo.

 

Por ello, plantea que se adopten enfoques específicos basados en el principio de la igualdad y la no discriminación, teniendo en cuenta los de diseño para todos y accesibilidad universal, ya que, para el CERMI, el uso y la aplicación de tecnologías de transformación digital, especialmente de Inteligencia Artificial (IA), afecta, en ocasiones, “de forma negativa”, al goce y ejercicio de los derechos humanos, discriminando a grupos sociales como las personas con discapacidad.

 

Entre los riesgos que presenta, el CERMI identifica el uso de sistemas de IA para justificar la selección genética de personas sin discapacidad o la creación de sistemas de IA basados en modelos de normalización que excluyan o no tengan en cuenta la diversidad de las personas con discapacidad; al tiempo que los beneficios que destacan son la accesibilidad, la asistencia personal o el diseño universal, entre otros.

 

Por otra parte, el movimiento CERMI reclama que la normativa que regule la digitalización aplicada a la gestión pública de la UE, especialmente la vinculada a la Inteligencia Artificial, incluya entre los requisitos previos de auditoria, la eliminación de sesgos discriminatorios en la formulación de algoritmos y diseños de herramientas de aplicación de IA que puedan suponer una vulneración de los Derechos Fundamentales.

 

Para el movimiento CERMI, “es imperativo” garantizar la no discriminación en su desarrollo, adoptando decisiones “justas y solidarias”; preservar la autonomía y dignidad humana como valores centrales de nuestra sociedad; disponer de reglas que definan el comportamiento de estos sistemas de acuerdo con principios éticos; y respetar la diversidad humana tanto en los sistemas de IA como en los propios equipos, que tengan en cuenta factores demográficos y, especialmente, el de género, donde el porcentaje de mujeres profesionales en la informática es un 20% en la mayoría de las empresas tecnológicas, y de discapacidad. 

 

Además, plantea que la sociedad digital debe tener presente la educación digital universal y habilidades para las personas en entornos digitales para favorecer el desarrollo del “pensamiento computacional” y formar así una sociedad que sabe crear y ser creativa con los problemas.

 

Asimismo, considera que la sociedad digital debe tener presente los impactos de la digitalización en el mundo del trabajo y el impacto de la digitalización en la accesibilidad, donde las personas con discapacidad pueden encontrar en la tecnología “una nueva oportunidad”.

 

Por último, el movimiento CERMI opina que las personas con discapacidad son un grupo de interés legítimo de la IA que ha de tener asegurado un rol de gobierno de estos sistemas. Es decir, el enfoque específico respecto de los riesgos y beneficios el uso de sistemas de IA para los derechos humanos de las personas con discapacidad debe ser “prioritariamente” abordado por el propio grupo social de las personas con discapacidad, sometiendo su despliegue y gestión a procedimientos democráticos de gobernanza, que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de todos los grupos de interés en la toma de decisiones y en la validación de soluciones.