Como explica el CERMI, “no se entiende que se hable de avanzar en políticas y legislaciones de vivienda social si se excluye la accesibilidad universal, que debería ser objetivo básico junto con el fomento del arrendamiento en condiciones asequibles y la evitación de los desahucios sin alternativa habitacional”.

 

 

La ausencia de accesibilidad en los edificios de viviendas a los que se aplica la Ley de Propiedad Horizontal es un mal crónico. De acuerdo con los resultados del estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’, elaborado en 2019 por la Fundación Mutua de Propietarios (FMP) con la colaboración de Cocemfe, en nuestro país conviven más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida que precisan de ayuda para salir de sus casas y en torno a 100.000 no salen nunca al no disponer de esta ayuda.

 

Es más, el estudio también muestra que hasta un 43% de las personas con movilidad reducida pasa muchos días sin salir de casa, siendo uno de los principales motivos la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen. De hecho, el 33% considera que si su edificio estuviera más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que se duplica en el caso del 18% de las personas con movilidad reducida que residen en edificios sin ascensor.

 

Así, como indica el CERMI, “para solventar esta situación infame, es necesario reformar con urgencia la Ley de Propiedad Horizontal, de modo que establezca como obligatorias y con cargo a la comunidad las obras y actuaciones de accesibilidad allí donde vivan personas con discapacidad y mayores de 70 años”.

 

Además, el Comité también exige que la nueva regulación legal venga acompañada de potentes líneas de ayudas públicas para que las comunidades de propietarios con menos recursos acometan las obras necesarias.

 

Fuente: Somos Pacientes