El CERMI Estatal ha elaborado un documento de aportaciones en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible que pretende señalar “las grandes prioridades” que, a su juicio, es “imprescindible acelerar” para garantizar avances en derechos humanos y transformación social que integren desde su inicio a las personas con discapacidad en el núcleo de sus políticas.

 

La Estrategia de Desarrollo Sostenible ha asumido recientemente la dimensión inclusiva con las personas con discapacidad, al haber incorporado gran parte de las propuestas sugeridas desde el CERMI. De ahí que las prioridades de arranque que marca, “deben ser tractoras de otras transformaciones necesarias, que deberán ser abordadas en las revisiones periódicas de esta Estrategia, como herramienta viva para el avance sin que nadie quede atrás”.

 

 

Así, desde su compromiso de trabajar en la estrategia de los ocho retos país para que se incluya el enfoque de la discapacidad en ellos, el CERMI ha planteado:

 

Así, en cuanto al reto país 1 que contiene la Estrategia, y que supone acabar con la pobreza y la desigualdad, el CERMI plantea que “es imperativo” promover acciones para garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

 

Sus propuestas señaladas en este apartado parten de la necesidad de potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

 

En relación al reto país 2, que incluye hacer frente a la emergencia climática y ambiental, el CERMI defiende la necesidad de un pacto verde a partir del ecologismo y la sostenibilidad inclusivas, que incluyan la perspectiva de discapacidad en sus políticas de sostenibilidad y cambio climático.

 

Para el CERMI, la lucha contra el cambio climático se debe pensar en clave social, de salud y de inclusión hacia la discapacidad, teniendo presente factores como la pobreza y vulnerabilidad energética en los hogares; las mermas en el acceso a agua potable, energía e incluso a una vivienda con condiciones de salubridad; las mayores dificultades de los migrantes climáticos; la contaminación del aire; la inseguridad provocada por las catástrofes naturales, que amenaza especialmente a mujeres y niñas con discapacidad; el alto coste de los productos ecológicos; o las tasas elevadas de enfermedad, lesiones y muerte entre las personas con discapacidad durante las situaciones de alerta climática.

 

Con respecto al reto país 3, es decir, cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación, el CERMI considera que “es esencial” que las medidas incluidas en cada una de las políticas palanca garanticen que no hay discriminación por género, así como la consideración, de manera diferenciada, de las necesidades particulares de las mujeres y las niñas con discapacidad, así como de las madres y cuidadoras de personas con discapacidad.

 

Aspectos ligados a la atención socio-sanitaria, los cuidados, la educación, la autonomía personal y la vida independiente, la educación, la agenda digital, la ruralidad y muy especialmente la violencia de género y violencia sexual deben ser tenidos en especial consideración, según el CERMI.

 

El reto país 4 supone superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado y dependiente. En este punto, el CERMI reivindica tecnologías accesibles, favoreciendo el acceso a la formación; eliminando la brecha digital; evitando el sesgo en los datos; preservando la protección de datos personales; incluyendo las necesidades de las personas con discapacidad en los avances innovadores en ámbitos esenciales como la salud, la educación, el empleo, los transportes, el acceso a la cultura y al ocio.

 

Así, indica que hay que tener presente el papel de los usuarios finales en el proceso de diseño de tecnología, que garantice la experiencia de usuario con un enfoque inclusivo; al tiempo que sostiene que las personas con discapacidad deben beneficiarse de protección específica que evite los riesgos discriminatorios de los sistemas de Inteligencia Artificial y sean utilizados en un contexto de diversidad, permitiéndoles disfrutar de sus ventajas.

 

En referencia a poner fin a la precariedad laboral, que engloba el reto país 5, el CERMI considera que “es imperativo” evitar la pérdida de empleos de personas con discapacidad, disponer de instrumentos que permitan un impulso renovado al empleo de las personas con discapacidad, e impulsar programas de alta intensidad para la recolocación de aquellas personas que han perdido el empleo, para evitar el tránsito al desempleo de larga duración y la cronicidad de la situación.

 

Por otra parte, en cuanto al reto país 6, que busca revertir la crisis de los servicios públicos, el CERMI plantea que “es necesario” desarrollar un modelo de espacio socio-sanitario “real, efectivo y accesible” y en el que estén presentes para su diseño y puesta en marcha las personas con discapacidad y con enfermedades crónicas, las familias, sus organizaciones representativas, los profesionales sanitarios y las instituciones públicas concernidas.

 

Con el objetivo de poner fin a la injusticia global y a las amenazas de los derechos humanos, los principios democráticos, y la sostenibilidad del planeta (reto país 7), desde el movimiento CERMI consideran que “es esencial” poner rostro a la exclusión cotidiana que vive la discapacidad, y que los poderes públicos asuman su papel a la hora de poner en marcha todas aquellas políticas y estrategias que sean útiles para promover, proteger y asegurar los derechos humanos de las personas con discapacidad.

 

Por último, en relación al reto país 8 para revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico, el CERMI propone un desarrollo rural inclusivo, con apoyos efectivos y sin discriminaciones ni exclusiones frente a los estándares urbanos, así como que es “absolutamente preciso” promover desde la sociedad civil organizada actuaciones de empoderamiento de las mujeres con discapacidad residentes en el mundo rural, dirigidas a lograr que ninguna se quede atrás.

 

Se puede consultar el Informe del progreso 2021 y Estrategia de Desarrollo sostenible 2030 en este enlace.