Así se ha manifestado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia en la Comisión legislativa de Políticas Integrales de la Discapacidad, que fue creada antes del verano.

 

En este sentido, Pérez Bueno ha expresado la “satisfacción” del CERMI y la felicitación a la Cámara Alta por la creación con el carácter de permanente y legislativo de esta Comisión, que junto a la que ya existía en el Congreso y que en los meses pasados también fue dotada de carácter legislativa, “contribuirá a que los derechos humanos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias estén en mejores posiciones en la agenda política”.

 

Entre las prioridades planteadas por el presidente del CERMI para esta legislatura se encuentra la de reformar la Carta Magna para constitucionalizar los derechos sociales como fundamentales, así como la aprobación de una ley estatal de garantía de los derechos sociales y otra de carácter orgánico para adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Por otro lado, ha urgido a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para acabar con la privación del derecho al voto que sufren casi 100.000 personas en España por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, lo que vulnera la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Para avanzar en la implementación de dicho tratado en España, el máximo representante del CERMI ha llamado a los grupos parlamentarios a reformar la LOMCE para establecer un único sistema educativo inclusivo, evitando la segregación por razón de discapacidad que genera la falta de apoyos en el sistema ordinario, reconvirtiendo los actuales centros de educación especial y aprovechando su “amplio conocimiento y experiencia”.

 

 

En línea con la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’ que el CERMI ha puesto en marcha este año para denunciar cada mes la ausencia de accesibilidad en un determinado ámbito, Pérez Bueno ha recordado que el plazo legal para que todos los entornos, bienes y servicios de interés sean accesibles concluye en menos de tres meses.

 

También en materia de accesibilidad, el representante de la entidad ha exigido la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que ninguna persona con movilidad reducida se vea limitada a la hora de entrar y salir libremente de su domicilio por la existencia de barreras arquitectónicas. Asimismo, ha subrayado la necesidad de aprobar una ley a nivel nacional que obligue a que exista personal de atención en todas las gasolineras para que los conductores con movilidad reducida no encuentren barreras a la hora de repostar. 

 

Ha instado, asimismo, a crear el Fondo para la Accesibilidad Universal, que se nutriría destinando el 1% de los presupuestos del Estado en materia de Fomento y Agenda Digital y de los ingresos de las sanciones económicas de la administración general del estado por infracciones por ausencia de accesibilidad.

 

Por otra parte, ha lamentado que todavía las personas con discapacidad sufran un nivel de exclusión del mercado laboral superior al resto de la población. Para revertir esta situación, ha exhortado al Ejecutivo y al Legislativo a impulsar medidas que sirvan para elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad en cinco años del 38% actual al 50%.

 

Igualmente, ha prestado especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad (el 60% del total de la población con discapacidad en España), exigiendo que se tengan en cuenta sus necesidades específicas, y haciendo especial hincapié en que es necesario que las víctimas de la violencia de género con discapacidad encuentren los apoyos necesarios a la hora de denunciar y salir de la situación de violencia.

 

Reforzar la lucha contra el juego ilegal; la reforma de la Ley del Jurado para que las personas con discapacidad puedan disponer de los ajustes razonables suficientes para formar parte de un jurado popular en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía; legislar para que las personas con discapacidad gocen de la misma capacidad jurídica ante la ley; supresión de la esterilización forzosa en el Código Penal; eliminar el internamiento no voluntario de personas con discapacidad psicosocial, y la creación de un espacio sociosanitario común para mejorar la atención que reciben las personas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) han sido otras demandas planteadas por el presidente de la entidad.

 

También en el ámbito sociosanitario ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de actualizar el Catálogo Ortoprotésico y la importancia de reforzar el Sistema de Atención a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, una vez ha transcurrido más de una década desde su aprobación. En este sentido, ha recordado que la iniciativa legislativa popular promovida por el CERMI para modificar los actuales criterios de copago está pendiente de ser tramitada en el Parlamento después de haber recabado el apoyo de casi 740.000 españoles.

 

Por último, ampliando el foco más allá de la discapacidad, el responsable del CERMI ha pedido “reinventar el modelo de sostenimiento” de financiación del Tercer Sector de Acción Social después de que el sistema que ha funcionado durante muchos años haya dejado de estar vigente por una sentencia del Tribunal Constitucional.

 

 

Por parte de los grupos parlamentarios, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos ha puesto el acento en la necesidad de implementar un único modelo de educación inclusiva y ha destacado que “el motor de nuestra acción legislativa tiene que ser algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil, como la Convención de la ONU  de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se insta a los estados firmantes del tratado a garantizar la igualdad de las personas con discapacidad”.

 

Isabel Sánchez, del Grupo Popular, ha resaltado la necesidad de que la empleabilidad de las personas con discapacidad siga incrementándose y ha subrayado que se siente “orgullosa” de que el Gobierno, entre otras acciones, haya adoptado diferentes medidas para abonar el pago de facturas pendientes a organizaciones sociales.

 

Desde Unidos Podemos, la senadora Virginia Felipe ha centrado la atención en los incumplimientos en materia de accesibilidad por parte del Estado español, lo que en su opinión, “vulnera los derechos humanos” de las personas con discapacidad.

 

Nerea Ahedo, del PNV, ha mostrado el “compromiso” de su grupo para “trabajar en todo lo que queda por hacer”, mientras que el senador socialista Nemesio de Lara ha expuesto algunas preocupaciones del PSOE como la falta de accesibilidad del teléfono 112 o la falta del derecho al voto de personas con ddiscapacidad.