En estos términos se ha expresado Pepa Torres, directora de la Federación Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), durante su intervención en el II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad, que se celebra en Pamplona del 6 al 8 de febrero en el Palacio de Congresos y Auditorio de Baluarte, y que ha sido organizado por el CERMI Estatal, La Fundación Derecho y Discapacidad y la Fundación Caja Navarra. El evento cuenta con la asistencia técnica de Fundación Koine-aequalitas y la colaboración del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, Garrigues, Thomson Reuters, el CERMIN y la Asociación Eunate.

 

Esta experta ha apuntado cuatro aspectos que en su opinión tienen que ser los ejes fundamentales de la nueva legislación. Así, ha explicado que debe tener un carácter holístico, sistémico y flexible, porque debe abordarse desde una múltiple perspectiva; debe tener en cuenta el ciclo vital de las personas, que en muchos casos ya no es lineal; ha de recoger mecanismos para medir su impacto social real, y tiene que tener en cuenta las diferencias existentes entre comunidades autónomas.

 

Pepa Torres ha hecho un repaso por los diferentes hitos legales que se han ido produciendo en España para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, como la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social o la Convención Internacional de la Discapacidad, tratado que sin duda “ha supuesto un cambio de paradigma”.

 

“Nos hemos encontrado, en materia de tasa de ocupación, con una evolución positiva entre 2014 y 2017”, ha afirmado Torres, quien ha recordado que, en todo caso, en los últimos 18 años, la tasa de actividad de las personas con discapacidad ha crecido solo un 3%. EN suma, la directora de Feacem ha resaltado que según los datos disponibles, solo una de cada cuatro personas con discapacidad está trabajando.

 

CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD

 

Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Navarra y doctor en Derecho, Javier Miranda Erro, ha realizado un amplio análisis del concepto de accesibilidad universal y ha explicado que, además de eliminar obstáculos y barreras, “la Convención Internacional de la Discapacidad obliga a que los nuevos productos, entornos y servicios se creen teniendo en cuenta el diseño para todas las personas”. Asimismo, ha recordado que estas obligaciones no solo vinculan a la Administración General del Estado, sino también a las territoriales, como es el caso de las autonomías, diputaciones y ayuntamientos.

 

Ha advertido también de que la falta de accesibilidad produce muchas dificultades para acceder al ejercicio de los derechos fundamentales a las personas con discapacidad, al tiempo que ha indicado que “muchas veces, la accesibilidad insuficiente es fruto de la falta de formación de los técnicos”.

 

En esta línea, el presidente del CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha participado en un panel junto a la asesora jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz. Pérez Bueno ha ahondado también en el concepto de accesibilidad universal, ha explicado que “es materia de Derecho, muy sugeridora y productiva” y ha defendido que “más que hablar de accesibilidad, se debería hablar de accesibilidades”, debido a su tipología y amplitud. 

 

Dentro de este ámbito, ha subrayado la importancia de avanzar hacia una regulación de la accesibilidad cognitiva, para lo que se ha trasladado una propuesta a las diferentes formaciones políticas que en este caso, ha llevado el PP al Senado con el consenso de todos los partidos.

 

Como ha explicado, se trata de una propuesta detallada del sector de la discapacidad organizado en torno al CERMI, un movimiento “exigente, pero que realiza propuestas fundamentadas y desarrolladas”, un requisito que, en su opinión, es “muy importante” para que las iniciativas maduren y salgan adelante. En concreto, la propuesta del CERMI plantea modificaciones, entre otros textos legales, de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA

 

Mientras, Inés de Araoz ha analizado pormenorizadamente los ejes fundamentales del informe de Naciones Unidas de 2018 en el que denunciaba las carencias sobre educación inclusiva que existen en España. Araoz ha pedido que “no se confunda la integración con la inclusión, porque en la integración solamente se lleva al alumno o alumna con discapacidad a un centro de educación ordinaria sin brindarle los apoyos necesarios”. 

 

Además, ha comentado que la educación inclusiva no solo es beneficiosa para los estudiantes con discapacidad, sino para el resto de menores, porque educa desde edades tempranas en la diversidad.

 

“No existe ninguna duda de que el profesorado de los centros de educación especial tiene un gran valor y una gran profesionalidad que debe ser muy útil en el necesario proceso de transformación del sistema educativo”, ha indicado Araoz, quien también ha resaltado que “el centro del sistema debe ser el alumnado”.