Aunque la primera idea que destaca Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI y representante en su Comisión de Consumo Inclusivo, es la de “celebrar una serie de avances en la agenda de la discapacidad en torno al tema de los derechos del consumidor”, lo cierto es que, a su juicio, lo más importante es seguir manteniendo esa línea de reivindicación aprovechando además el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, “en la que reclamamos una Europa más social”. Desde el movimiento CERMI y el EDF (Foro Europeo de la Discapacidad) pelean en esa línea, ya que “Europa tiene una estrategia importante en materia de consumo a través de la nueva carta del consumidor, que tiene una serie de ejes y uno de ellos es precisamente la atención a las personas consumidoras vulnerables”, explica Villarino.

 

Ese eje específico de la nueva agenda del consumidor en Europa hay que vincularlo a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad y lograr algo que se ha conseguido en España: “Es un avance importantísimo y es bueno que Europa se mire en él y lo pueda impulsar en los demás países, reconocer el estatuto de persona consumidora vulnerable en una ley como la aprobada hace escasos días, gracias a una petición sostenida y larga del movimiento de la discapacidad en España”. 

 

Todo ello, mirando siempre a la Agenda 2030, donde el ODS 12 ya hace referencia al consumo y a la producción responsable. En esa línea, explica Pilar Villarino, “otra gran petición del CERMI es que la sostenibilidad tiene la ‘S’ de social y un consumo sostenible debe ser inclusivo”. Así lo entiende también Luis Palomares, jefe de la Unidad de Información y Accesibilidad de la ONCE, para quien la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que obliga al etiquetado braille de los bienes y productos de consumo, es un paso muy importante y prometedor. “El código de lecto escritura por excelencia para las personas con discapacidad visual es el código braille y nos permite tener información de una forma rápida y natural; además, da visibilidad a nuestro colectivo, que es importante para concienciar”. Asegura que en la ONCE están muy contentos con la inclusión del etiquetado en braille, pero también “muy vigilantes con otros formatos que puedan utilizar todas las personas”. 

 

Álvaro García Bilbao, representante del CERMI en la Plataforma de Mayores y Pensionistas, PMP, explica que “la cuestión del consumidor vulnerable es una reivindicación que se ha trabajado y la ley es un comienzo importante, pero hay que desarrollarla, y hay que tener en cuenta que el consumo es un elemento transversal en nuestra vida diaria”, de ahí que invite a leerla y entenderla, como consumidores activos, “que implica una actitud proclive al empoderamiento en el ámbito del consumo, tener una actitud proactiva de aprendizaje personal y exigencia social y política”.

 

 

Gracias a la firma, el pasado 22 de febrero, del ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’, este sector se compromete a impulsar nuevas medidas para mejorar la atención en las entidades financieras hacia las personas mayores y las personas con discapacidad. En el CERMI trabajan ahora en un documento de posicionamiento frente a la posible legislación que recoja un protocolo específico de atención a personas con discapacidad. Según Álvaro Gª Bilbao, el comienzo de este acuerdo es interesante, pero “ahora lo fundamental es que esto se sustancie, se deje recogido y se incluya a la discapacidad y a las personas con discapacidad mayores, y que haya una responsabilidad, que haya sanciones, porque somos una sociedad que funciona bajo estos parámetros y hay que hacerlo efectivo”. 

 

El protocolo para mejorar la atención en las entidades financieras es, sin duda, un primer paso, según Luis Palomares: “Puede servir para que seamos todos más conscientes de las dificultades que tienen las personas para acceder a servicios muy importantes y sensibles, por los datos que maneja, y nos va a permitir seguir trabajando y ver si podemos ir más allá”. 

 

 

En el acceso a bienes y servicios de consumo, como en todo, la accesibilidad es esencial, y en el CERMI quieren vincularlo con la importancia de la digitalización: “La accesibilidad tiene que estar garantizada a lo largo de toda esta nueva ley y vincularlo a la digitalización, que avanza a marchas forzadas y desde la pandemia mucho más rápido, algo a lo que tenemos que adaptarnos, pero la digitalización no puede impedir el acceso a bienes de consumo esenciales, como pueden ser los servicios financieros”. 

 

Explica entonces que las relaciones actuales con las entidades financieras se establecen casi siempre de manera obligada desde un entorno digital y mucha gente, sobre todo las personas mayores, no tienen acceso, por un lado, por la pobreza digital, pero por otro también muy importante por la poca alfabetización digital. Al final hay una brecha importantísima y un riesgo real y muy grave de verse excluidos de servicios de consumo tan importantes como los financieros. 

 

Los frentes abiertos son varios, como explica el representante de la ONCE. Uno de esos frentes señala a los problemas de accesibilidad a los cajeros, “¡no digo nada de las zonas rurales!”; otro frente surge con el acceso a la documentación que se entrega a las personas, una documentación sobre información muy sensible que no todas las personas pueden leer, y el tercer frente se refiere a la parte telemática o digital de las entidades bancarias, ya que muchas personas con problemas de movilidad o desplazamiento requieren del uso telemático de los servicios, pero las aplicaciones necesarias no están diseñadas con criterios de accesibilidad. 

 

“Las herramientas de acceso al consumo están pensadas para un consumidor medio, no para una sociedad que ha envejecido, aunque tenga los mismos derechos”, expresa Álvaro Gª Bilbao. Reclama “herramientas que sean sencillas, que se comprendan, adaptadas, con facilidades para personas mayores”, ya que la brecha digital siempre existirá, asegura, porque la tecnología va siempre muy por delante, pero hay que intentar que sea la menor posible y se asiente en una legislación de obligado cumplimiento que incluya sanciones.

 

La otra cara de la moneda de la digitalización son los beneficios que ofrece en numerosas situaciones, ya que favorece la autonomía de personas mayores o personas con problemas de movilidad, pero también es una herramienta de gran utilidad para combatir la violencia de género y, como indica Gª Bilbao, puede contribuir a paliar la soledad no deseada, “una cuestión vivencial de consecuencias enormes”. Eso sí, siempre que todas las herramientas cuenten con criterios de accesibilidad universal. 

 

 

En esta misma línea, a lo largo de este año, el CERMI está desplegando una estrategia de incidencia y propuesta ante la Conferencia sobre el Futuro de Europa para lograr una dimensión inclusiva con las personas con discapacidad. Bajo el título “ODS UE”, esta estrategia busca insertar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en lectura cruzada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

 

En definitiva, el CERMI recuerda a Europa que la accesibilidad universal es un elemento esencial del consumo inclusivo y que toda la información en materia de bienes y servicios de consumo, incluida la publicidad, debe ser universalmente accesible. Además, insiste en que sea la Unión Europea la que lidere la inclusión financiera de las personas con discapacidad y mayores como consumidoras y que las necesidades de las personas consumidoras vulnerables sean un elemento transversal de la Nueva Agenda del Consumidor, porque el consumo es sostenible cuando es inclusivo, si no, no lo es. Sin olvidar que, las mujeres y las niñas con discapacidad necesitan una protección reforzada de sus derechos como consumidoras y el ámbito rural requiere una especial atención por las condiciones de exclusión que también soporta. 

 

“Todos debemos implicarnos en esta transición, desde una legislación adecuada, también los diseñadores de los envases, las propias marcas, que muchas veces priorizan el diseño antes que la comprensión de esa información”, concluye Luis Palomares. 

 

“Si el consumo es una constante en nuestra vida, es muy importante que sea accesible”, asegura Álvaro Gª Bilbao, que insiste en la responsabilidad de cada uno: “Igual que tienen responsabilidad los ámbitos políticos y económicos de responder a lo que nosotros pagamos y aceptamos, creo que también nosotros, como personas sociales, como colectivos, tenemos la obligación de empoderarnos, hacernos responsables, aprender y mantener el pulso”.