Para Paulino Azúa, delegado de Estrategia Asociativa y para el Tercer Sector del CERMI Estatal, la Lismi (Ley de Integración Social de los Minusválidos) fue producto de una iniciativa individual, la de Trías Fargas, y una voluntad colectiva de los nacientes movimientos asociativos. Destaca “la capacidad de Trías de entrar en contacto con todo aquel que tenía algo que decir, ya fuera en la esfera de lo privado o en la esfera de lo público, la sociedad civil o la Administración”, y la voluntad de “todas las partes implicadas en arrimar el hombro, tanto desde el gobierno, especialmente a través de lo que es ahora el Imserso, y el propio partido socialista”. Fue un parto larguísimo, recuerda, pero “verdaderamente esencial en el ámbito del empleo”. Otro de los efectos de la Lismi, afirma Azúa, “es que le dio a la sociedad civil un instrumento muy importante para concretar sus reivindicaciones y eso ayudaba a cohesionar el movimiento asociativo”.

 

En este conversatorio del CERMI, que modera José Manuel González Huesa, director de cermi.es y director general de Servimedia, y que se celebra el mismo día que se cumplen los 40 años de la Lismi, algunos participantes hablan de puertas abiertas y otros de ventanas, como Roser Romero, activista y ex delegada del CERMI para la Autonomía Personal: “La Lismi abrió las ventanas a que la gente pudiera expresar todo aquello que llevaba muchos años reclamando y lo hacía de forma inconexa”. Afirma que “no estaríamos donde estamos si no hubiera existido la Lismi”, y que la norma consiguió “que todas las organizaciones tuvieran un único objetivo”. 

 

No todas las leyes tienen una valoración tan buena como la que tuvo la Lismi en el momento de su promulgación y como la sigue teniendo hoy después de 40 años, según afirma Esperanza Alcaín, profesora de Derecho. Destaca que con ella “se empieza a hablar de derechos de las personas con discapacidad, aunque con ese enfoque asistencialista propio del momento”, pero marcó el camino a seguir para la lograr la integración social, que es el paso previo a la inclusión social. Otra de las aportaciones principales, a su juicio, aunque con la denominación de minusválidos, es que “se comienza a identificar al colectivo de personas con discapacidad” y se traslada a la sociedad “el valor de la dignidad” de todas ellas. 

 

Carles Campuzano, exdiputado y actual director de Dincat, Asociación empresarial de Economía Social, ha releído los debates que hubo en el Congreso de los Diputados para tramitar la Lismi y destaca la “muy relevante defensa que hacían, entre ellos Trías Fargas, del papel de la iniciativa social frente a miradas más partidarias de un control más público de estas políticas”. Asegura que “una característica de la génesis y del desarrollo de la Lismi y de la realidad del sector de la discapacidad es el protagonismo de la sociedad civil, de las personas con discapacidad y de las familias en la articulación de un tercer sector que ha sido muy potente y que en estos 40 años es el que ha garantizado el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. De hecho, afirma que “la Lismi fue una bandera de enganche porque permitió que determinadas cuestiones formasen parte de las políticas públicas”.

 

Entre otras cuestiones importantes, Campuzano menciona la incorporación en la Lismi de “una idea muy potente, que fue la garantía de ingresos mínimos, individuales, que no respondiesen a los ingresos del conjunto familiar; eso respondía de manera muy avanzada al debate hoy abierto de la renta básica universal”. 

 

Rafael de Lorenzo, primer secretario general del CERMI, afirma que “la Lismi es un gran hito histórico normativo y una palanca que permitió un colosal desarrollo no solamente normativo, sino presupuestario, de participación, institucional, de abrir caminos y señalar orientaciones que marcarían el futuro de los desarrollos ulteriores”. Recuerda que tuvo la fortuna de colaborar en su desarrollo, sobre todo en el capítulo relativo al empleo, e invita a poner la Lismi en los altares del reconocimiento a un logro crucial: “Creo que la Lismi, la Constitución, y después la aparición del CERMI, en el 93, han sido las tres palancas fundacionales de la actual política en favor de las personas con discapacidad”. 

 

 

“Bajaría a la nube, la Lismi tuvo muchísimas cosas buenas, pero 40 años más tarde todavía no tenemos resuelto ningún tema de los que trataba la Lismi”, expresa Roser Romero. “Si algo nos distinguió a los colectivos antes y después de la Lismi fue la imaginación, hacíamos muchas acciones reivindicativas, conseguimos reducir bastante las barreras arquitectónicas por esa imaginación y por la unión que había entre los colectivos y en estos momentos hay que fomentar esa unión y esa imaginación”, asevera.

 

En esa nueva tarea de futuro frente a retos que persisten, Azúa asegura que “las políticas sociales cada vez van a ser más transversales y será difícil que se adopten medidas de carácter normativo exclusivamente para el mundo de la discapacidad”, por tanto, “con el papel protagonista del CERMI y la capacidad que tiene de penetración y persuasión, me parece que las organizaciones, en niveles más a pie de tierra, tienen que acostumbrarse a un mayor nivel de diálogo con otras organizaciones del tercer sector”. Enfatiza finalmente que “es difícil avanzar solo en el mundo de la discapacidad si no avanzamos también en el mundo de los derechos sociales en general”. 

 

En los últimos 40 años el recorrido es muy sustancial, según Carles Campuzano, que señala sin embargo los numerosos retos pendientes, entre los que destaca la reforma constitucional, con la esperanza de que se logre en breve espacio de tiempo. Afirma que el reto a menudo no se encuentra tanto en el marco normativo sino en la aplicación de esos marcos, y hace especial hincapié en la Ley de Autonomía Personal; el empleo; la reforma del código civil, que tiene dificultades en su implementación; la accesibilidad universal y los modelos de escuela inclusiva. En cualquier caso, “las leyes sin presupuestos no son capaces de garantizar derechos y transformar realidades”, por lo que incide en la necesidad de “movilizar más recursos económicos y tener la ambición de plantearle a las administraciones públicas que en materia de servicios a las personas, en contextos orientados a la inclusión y la vida independiente, se necesita una apuesta muy clara en los presupuestos generales del Estado y en el de las comunidades autónomas”. 

 

“Mientras sigan existiendo situaciones de exclusión, segregación, discriminación, tenemos que seguir trabajando para aplicar las leyes que tenemos, incluso la Lismi, ya derogada”, afirma Esperanza Alcaín. En este camino, y en la necesaria reforma constitucional que todos reclaman, “los poderes públicos tienen que asumir la responsabilidad que tienen porque la Constitución así les obliga, pero de forma eficiente y ágil, no como se realiza ahora, con cierta lentitud y con trabas”. 

 

La desesperante lentitud es un escenario general en la historia social de la humanidad, según explica Rafael de Lorenzo, con el afán de no victimizar mucho la historia de la discapacidad. Asegura que el CERMI ha sido alma máter de todo el proceso de desarrollo legislativo, presupuestario y de participación que se sucedieron tras la Lismi, “pero el problema principal que teníamos y seguimos teniendo, y tengo dudas de que se pueda resolver pronto, es el del cumplimiento efectivo; una ley es una ley cuando se aplica y mientras no se aplica es una mera declaración”. Afirma que este es el punto en el que “estamos todavía atascados” y que es necesario que las administraciones, los gobiernos, “desarrollen las normas hasta el punto de que hagan posible su cumplimiento”; a su vez, resulta imprescindible también “un mayor esfuerzo coordinado del movimiento asociativo para utilizar los resortes y mecanismos del ordenamiento”, pues “mientras no haya una presión intensa y sostenida no conseguiremos grandes avances”. Finalmente, desvela que “la jurisprudencia en discapacidad es escasísima lo cual demuestra que hay poca ligitiosidad, da miedo demandar a la administración, hay una cultura temerosa”.

 

En definitiva, de cara al futuro, señala que “hace falta que lo social se encuentre en pie de igualdad con el valor de lo económico, de la rentabilidad y la sostenibilidad”. Explica De Lorenzo que “el gran salto que tenemos que dar es la importancia de lo social, el argumento de la competitividad por encima de todo, buscando un reequilibrio y que cada vez tenga más importancia lo social incluso visto desde el lado económico”, donde se puede hablar de la generación de riqueza y la captación de talento en discapacidad, entre otras cuestiones.