Milagros Paniagua, secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, describe la realidad actual del sector de la discapacidad ofreciendo cifras sobre su población, tasas de actividad y desempleo, la brecha salarial o el riesgo de pobreza, que acecha a una de cada tres personas con discapacidad. Afirma que “existe una situación clara y objetiva de vulnerabilidad entre el colectivo”. 

 

Asegura que “el IMV viene a cubrir una situación en España con un sistema de prestaciones e impuestos que no es capaz de modificar una situación de pobreza estructural que arrastramos desde hace décadas” y afirma haber tenido en cuenta “desde el inicio, en el diseño, la situación de mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad y hemos planteado para el incentivo al empleo que haya un análisis y una focalización especial para las personas con discapacidad”. 

 

En la primera evaluación del IMV que se acometió en el mes de septiembre, explica que ya se hicieron modificaciones, en concreto en el artículo 5, sobre la alusión a la plena capacidad de obrar, y afirma que están trabajando “con las enmiendas que nos están llegando, porque sabemos que el hecho de la discapacidad produce una serie de sobrecostes y lo estamos analizando en el ministerio”. 

 

 

Para Alicia García, diputada del Partido Popular, esto no habría ocurrido si desde un principio hubieran participado las entidades del tercer sector y las comunidades autónomas en el diseño del IMV. Afirma que a pesar de que su partido lo apoyó por considerarlo un gran avance, ha generado expectativas que no se están cumpliendo meses después. La discapacidad organizada en torno al CERMI, llevaba años solicitando esta prestación, explica, y sus enmiendas son “bastante acertadas”. 

 

Su análisis crítico culmina con cifras sobre la gestión del IMV: “Hasta septiembre solamente se han aprobado 90.000 de las más de 300.000 solicitudes; hay más de 80.000 denegadas y 140.000 pendientes de subsanación... terminará el año y habrá muchas personas que no estarán recibiendo la prestación y me preocupa porque el otoño se presenta bastante difícil”. En cuanto a las personas con discapacidad, enumera dos instrumentos que se deben aprovechar para doblegar su vulnerabilidad, “uno es el IMV y otro son los fondos europeos, el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que se ha olvidado de la discapacidad”. 

 

Por su parte, Sara Giménez, diputada de Ciudadanos, señala tres propuestas de mejora, la primera, relativa al artículo 5, para que no se excluyan como titulares del IMV a las personas con la capacidad modificada; la segunda se refiere a las cuantías del IMV, en las que se debe tener en cuenta si hay personas con discapacidad en el hogar, igual que se tiene en cuenta la situación de las familias monoparentales y, en tercer lugar, explica que la norma establece ciertas incompatibilidades con otras prestaciones y respalda la petición del CERMI sobre la pensión no contributiva y el IMV. 

 

Finalmente, pero no menos importante, apela a la inclusión laboral como puerta de salida de la pobreza de muchas personas con discapacidad, afirmando que “tenemos que fomentar el empleo inclusivo”, y apunta una idea de su partido, que es la reserva de un cupo para perceptores de IMV para potenciar la contratación. 

 

 

Enrique Galván, director general de Plena Inclusión, se felicita por la regulación del IMV, pero apunta una serie de aspectos de mejora fundamentales, “un conjunto de medidas que puede dar mayor sensibilidad al IMV, que tiene que eliminar su visión capacitista”. En primer lugar, valora la tendencia a modificarlos, sobre todo en el real decreto 3020, donde aparece una de las reivindicaciones más importantes del sector, para que se reconozca a determinadas personas como beneficiarios de ese IMV independientemente de que formen parte de una unidad familiar mayor. 

 

También se modifica en ese real decreto la cantidad del IMV en caso de discapacidad importante y para Galván sería fundamental una cobertura mayor, a partir del 33% de discapacidad, y no solo del 65%. Esa elevación o discriminación positiva, asegura, sería igual a la que se hace en el caso de las familias monoparentales. Apunta, además, la necesaria eliminación de la incompatibilidad de solicitud por la incapacidad de obrar y pide que se incorpore la compatibilidad de IMV con ser beneficiario de servicios sociales y sanitarios, ya que son elementos distintos, “a una familia no se le niega una beca de comedor por tener ayuda en el alquiler, son de naturaleza distinta”, explica.  

 

“Hay que incentivar el empleo”, afirma contundente, y es una cuestión coincidente en todas las intervenciones de este conversatorio que modera José Manuel González Huesa, director de cermi.es semanal y director general de Servimedia. Enrique Galván propone compatibilizar el IMV con las jornadas parciales, ya que “puede ser una herramienta muy positiva y se hace en Europa”. 

 

Expresa con pesar su gran preocupación por cómo quede recogida la condición de "hijo a cargo", y señala la necesidad de ampliar estas prestaciones. En este punto, explica que “para tener en cuenta la capacidad económica no deberíamos incorporar las prestaciones que tienen razón en la compensación de la discapacidad, pues no forman parte de los ingresos, sino que son una medida de mitigación; lo mismo que ocurre en el ámbito del patrimonio cuando se excluye el patrimonio protegido, pues es una figura en defensa de la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad”.

 

La extensa exposición de Galván concluye con una demanda más, y es que “el lanzamiento estatal del IMV potencie las rentas básicas o de inserción de las comunidades autónomas y que no haya un ahorro en los territorios por absorber el coste de lo autonómico con los nuevos recursos que vienen de lo estatal”. 

 

 

Desde Cocemfe, Daniel Aníbal García, respalda todo lo expuesto por el representante de Plena Inclusión, pero destaca la terrible realidad de los datos de actividad, desempleo y salario, y asegura que le preocupan no solo como representante del sector de la discapacidad sino como país. Afirma que no desean un IMV para las personas con discapacidad que les excluya del mercado laboral, “y tenemos miedo de que ocurra como en otros países, que se haga un gran nivel de apoyos, pero un bajo nivel de inserción laboral”. Tienda la mano en este aspecto pues, asegura que “tenemos una buena experiencia en la inserción laboral y en colaborar en esta cuestión, podemos ser un buen partner”. También le preocupa que se diseñen tallas únicas, porque en la discapacidad hace falta un traje a medida, “tenemos mucho en común pero también muchas diferencias”, y expresa la misma idea que Enrique Galván cuando define el modelo de capacitista. En cuanto a las incompatibilidades afirma que “cada prestación tiene un objetivo y las prestaciones con objetivos diferentes, deben ser compatibles entre sí”. 

 

 

“Hay varias propuestas del sector de la discapacidad que estamos analizando, y estamos revisando el diseño original de la medida, tanto en cobertura como en generosidad”, responde Milagros Paniagua. Apuesta por vincular el IMV con la realización de itinerarios “para que esto no sea un fin en sí mismo sino un medio para conseguir la inclusión”, y todo esto requiere, a su juicio, un trabajo profundo con las comunidades autónomas, las entidades locales y el tercer sector. “El IMV es un germen a partir del cual tenemos que construir nuestro sistema de protección, siendo capaces de identificar las particularidades de los colectivos con vulnerabilidad mucho más relevante”, asegura Paniagua. 

 

“El objetivo es que el IMV tenga perspectiva de discapacidad”, apunta a su vez Alicia García. “Las prestaciones deben ser inteligentes y dar respuesta a las distintas realidades”, señala Enrique Galván. “En el sector de la discapacidad tenemos experiencia y os damos la mano para que nos utilicéis y para que las personas con discapacidad no tengan que buscar o diseñar su propio itinerario porque la inserción laboral en un momento de vulnerabilidad y pobreza es muy complicada”, expresa Daniel Aníbal García.

 

Milagros Paniagua explica que “todo es mejorable y nos importa muchísimo cómo complementan las comunidades autónomas, pero hemos conseguido que exista por fin un IMV en todo el país y le estamos garantizando a un ciudadano de cualquier comunidad autónoma la misma cuantía”. 

 

La esperanza de mejora se mantiene entre los representantes del sector de la discapacidad, que observan una sensibilidad necesaria entre los participantes del debate. Enrique Galván resume en pocas palabras las sensaciones que finalmente quedan entre las siglas del IMV: “Estamos viviendo un momento de miedo y de desconfianza y hay que revertir esa sensación y que las personas crean que tienen futuro; el IMV no es un gasto, es la mejor inversión para que un país sea digno y haga dignidad en las cosas que hace y seguro que esas personas van a construir y contribuir a una sociedad mejor, entre ellas las personas con discapacidad y sus familias, que tienen mucho que enseñar”.