El título de este conversatorio de CERMI, que modera José Manuel González Huesa, director de cermi.es y director general de Servimedia, no podía ser más acertado, según expresa Nel Anxelu González, presidente de Salud Mental España, sobre todo en el contexto en el que vivimos, porque “se viene una pandemia de salud mental”. Pero es algo que esta organización ha advertido en reiteradas ocasiones, porque “la precarización y la falta de recursos, una denuncia histórica de Salud Mental España, se ha visto acrecentada durante la pandemia, que también ha dejado más constancia que nunca de la transversalidad de la salud mental, de que la salud mental es cosa de todas las personas y en todos los ámbitos de la vida”.

 

A su juicio resulta “crucial” intervenir en el ámbito educativo: “Desde la infancia, en las escuelas, con asignaturas de educación emocional, que fomenten la empatía y el respeto a la diversidad si queremos aspirar realmente a una sociedad sana; una educación que tenga en cuenta los retos de una sociedad que cambia a una velocidad de vértigo y conseguir una salud mental más positiva de las generaciones futuras, apostando por la diversidad y la inclusión”. 

 

Pero también apunta la importancia del empleo, porque “está demostrado que tener trabajo es una herramienta crucial también para la recuperación de un problema de salud mental, por la independencia, la autonomía, la autoestima y las opciones de sentirse incluido socialmente que desarrolla la persona”. Eso siempre que sea un empleo digno, añade, que no esclavice ni merme la salud mental. 

 

Sin embargo, cualquier esfuerzo resulta inútil si no se dispone de recursos, por eso González apela a las administraciones públicas “a que se tomen en serio el bienestar de las personas invirtiendo en una sanidad pública y universal donde todos encontremos nuestra salud mental y física protegida”, porque “el bienestar es un derecho y debemos plantearlo desde ahí, no es algo graciable, como ciudadanos nos lo debe garantizar el Estado”, concluye. 

 

 

Desde su condición de asesora de la Fundación CERMI Mujeres, Esther Castellanos interviene partiendo de la idea de que “el indicador que nos da el bienestar de las mujeres es vivir libre de violencias, porque sabemos que una de las mayores vulneraciones que vivimos las mujeres es estar expuestas a la violencia”. Afirma que “el reconocimiento formal de la igualdad de derechos se ha revelado insuficiente para garantizar el disfrute efectivo de todos los derechos por parte de las mujeres por varios motivos, en primer lugar, por el sesgo androcéntrico en el discurso de los derechos humanos, porque la concepción y aplicación de los derechos humanos se forjó en sus inicios en clave masculina”.

 

Pero señala también dos cuestiones claves, relacionadas con el poder y los recursos, el poder tomar decisiones informadas en todos los ámbitos, por un lado, y la necesidad de contar con los recursos adecuados para tomar decisiones en condiciones seguras y efectivas. “El acceso a ese poder y esos recursos nos lleva al proceso de empoderamiento”, afirma. 

 

El presidente de Salud Mental España refuerza esta opinión y asevera que “debemos hacer un enorme esfuerzo por feminizar la sociedad, porque si no la civilización entera va al garete”.

 

Agustín Huete, sociólogo, parte de una idea sencilla y a la vez compleja, pues “el bienestar, el estar bien, tiene todas las dimensiones de la vida humana, por lo tanto, estamos intentando generar un derecho que es lo que en el fondo venimos haciendo desde el movimiento de la discapacidad de toda la vida, que es generar inclusión, generar bienestar, normalización...” Y se pregunta entonces en qué estamos más cerca y en qué más lejos de la población general, y responde: “En lo fácil nos vamos acercando, en lo complejo no”. 

 

Lo fácil suele ser lo público, es decir cuestiones como el empleo o la educación, donde las personas con discapacidad no han alcanzado la inclusión plena, pero sí cuentan con recursos, estrategias, métodos… Y lo difícil es “lo privado, la violencia, los abusos, la falta de relaciones sociales, la falta de relaciones de amistad, la falta de participación política, social, la falta de confianza en las personas, de permitir que las personas con discapacidad se equivoquen, que vivan como las demás personas y aquí nos seguimos enfrentando a lo de siempre, a una sociedad que cree poco en las personas con discapacidad... o sea, que trabajen está bien, que vayan a la escuela está bien, pero que tengan relaciones sexuales, se compren una casa, tenga hijos, amigos, sigue siendo un tabú”. 

 

Hablemos de lo que nunca hablamos, propone Huete: “Hablemos de que las personas con discapacidad intelectual puedan tener hijos, de que, ante los delitos cometidos por personas con problemas de salud mental, se responsabilice a quienes hacen abstracción de su obligación de dar apoyo y seguimiento y lo dejan todo en manos de familias cansadas, agobiadas y muy mayores... hablemos de una ley de eutanasia que agrede directamente a las personas con grandes discapacidades... Si para algo sirve un derecho de bienestar es para centrarnos en lo que hasta ahora nos hemos centrado poco y hemos fracasado bastante”. 

 

 

En su intervención, Elena Ortega, directora del CEDD (Centro Español de Documentación sobre Discapacidad) afirma que “vivimos en una sociedad muy volátil con cambios constantes y los indicadores de bienestar clásico se mantienen, pero surgen nuevos indicadores según la realidad que vivimos”. De ahí que considere necesario identificar todas las áreas que influyen en el bienestar, pues es un concepto multidimensional, y analizar las barreras para acceder a cada una de estas dimensiones. 

 

Asegura que “uno de los elementos fundamentales que garantizan el bienestar es la autodeterminación, la capacidad de las personas de elegir su proyecto de vida y tener las herramientas necesarias para desarrollarlo”, e introduce entonces la necesidad de enfocar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en ese sentido, dando prioridad al concepto de autonomía. 

 

Así lo entienden todos en este conversatorio, como dice Nel Anxelu González, “hay que cambiar la filosofía de la ley para dar más lugar a la autonomía personal”. Además, hay que acabar con la cultura de la institucionalización, porque “las residencias son recursos que la sociedad de bienestar nos ponemos y la mitad de las veces tiene que ver con un problema gravísimo, social, que es la soledad de las personas a las que condenamos a estar ahí”. 

 

“Las instituciones no tienen sentido ni futuro más allá del bienestar de otros, pero no de las personas que están en esas instituciones”, asevera Agustín Huete. Invita a que, en lugar de imitar a países nórdicos, que institucionalizan a las personas porque no tienen la cultura que sí tenemos en España, del cuidado y de la vida familiar, apostemos por recursos como la asistencia personal, porque “tenemos datos, estudios, informes, que dicen que además es más barato, crea más empleo y es más inclusivo”. 

 

Explica, también, que es un recurso bueno para todos, “no solo para las personas con problemas de movilidad, porque para las personas con discapacidad intelectual es un avance alucinante y en salud mental doblemente, porque hay experiencias interesantísimas de personas con problemas de salud mental que ejercen como asistentes personales… la asistencia personal es un círculo virtuoso”. 

 

Las personas mayores también pueden beneficiarse de este servicio, apunta el presidente de Salud Mental España, y también las mujeres víctimas de violencia, según explica Esther Castellanos, pues a menudo estas mujeres carecen de recursos necesarios, ni siquiera cuentan con un apoyo familiar, o social, de amistad, “no tienen dónde ir porque no tienen personas cercanas a las que recurrir”. 

 

 

“Sin presencia en la vida comunitaria visible, física, no puede haber inclusión”, asegura Agustín Huete, y añade, contrariado, “hay mucha oscuridad, una vida de muy baja calidad, de pocas relaciones, pocas emociones, pocos proyectos, pocos fracasos, una vida poco más que infantil”. 

 

Y concluye asegurando que entiende la necesidad de estudiar esta cuestión, el bienestar como horizonte y como derecho, pero “¿cómo legislas el derecho al bienestar, que es el derecho a estar bien? El derecho al bienestar está en la Constitución, y España es un Estado social y de derecho y los recursos están sujetos al bien común; el bienestar como derecho es querer regular todo”. 

 

El acceso a la cultura también es bienestar, la garantía de apoyos o acceso es bienestar, la infancia sin abuso es bienestar, las relaciones sociales es bienestar, la autodeterminación, el empoderamiento…