Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, afirma que los datos de la macroencuesta sobre violencia de 2019 presentada recientemente “son bastante tremendos”. Sus palabras son el inicio del conversatorio ‘Cómo combatir la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad’, organizado por la Fundación CERMI Mujeres (FCM) en colaboración con la agencia Servimedia y moderado por el director general de dicha agencia y director de cermi.es semanal, José Manuel González Huesa.

 

Según estos datos, la violencia en la pareja y fuera de la pareja, tanto física y sexual como psicológica, presenta un grado de afectación sensiblemente mayor en las mujeres con discapacidad, aunque también es cierto que es mayor el nivel de concienciación y de verbalización, de acudir a ayuda, es menor el grado de silencio, afirma Rosell, que apunta en esta cuestión la importante labor de entidades de la discapacidad, como la FCM.

 

 

A la hora de hablar de las soluciones ante la violencia contra la mujer, hace referencia al anteproyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual, en el que “se ha incluido la accesibilidad como principio rector”, gracias en gran parte a las aportaciones de la FCM, y se refuerzan las garantías de protección a las mujeres y niñas con discapacidad. 

 

Marta Valencia, presidenta de Cemudis y de la Fundación CERMI Mujeres, confirma que la accesibilidad es necesaria en esta cuestión, como en todas, y asegura que muchas veces las denuncias no llegan por falta de accesibilidad, e insiste en que no se trata solo de barreras físicas.

 

Explica que las personas con discapacidad son un 10% de la población y, en ese porcentaje, las mujeres con discapacidad son un 60%, sin embargo, tan solo un 35% están activas, “con lo cual la mujer con discapacidad es la cara de la pobreza y hay una dependencia económica del entorno familiar que no le permite libertad y provoca una mayor sobreprotección y una autopercepción muy negativa”. Todo ello, parece invisible, pues no se cuenta, de ahí que reclame una macroencuesta específica en discapacidad, porque “hay que trabajar para visibilizar los datos”. 

 

Además, introduce otra cuestión de la que luego se harán eco en otras intervenciones, y es la falta de credibilidad del testimonio cuando se trata de mujeres con discapacidad, sobre todo si es discapacidad intelectual o enfermedad mental.

 

Para Miguel Lorente, médico forense experto en violencia contra la mujer y patrono de la FCM, ha cuatro fases fundamentales en el tratamiento de la violencia de género, son la atención, la detección, la derivación y la responsabilidad. Explica que es necesario un refuerzo de la atención y la prevención de la violencia, fomentando la “detección activa” y la derivación a los recursos especializados que necesite cada mujer con discapacidad. Finalmente, considera imprescindible “ser más activos en la exigencia de responsabilidad”, que haya consecuencias en las empresas, en los centros, en residencias que no ponen las medidas necesarias para prevenir este tipo de violencias.

 

Enfatiza la necesidad de “ser conscientes para que la interseccionalidad no se traduzca en invisibilidad” y la importancia de que se den los suficientes recursos para acceder a la denuncia. 

 

 

Alba Prado, responsable del área de Igualdad de Género de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), afirma que las mujeres con discapacidad que no denuncian es a menudo porque los recursos no son accesibles, porque no están informadas, e incluso porque no se sienten identificadas. En primer lugar, puede ocurrir que “no sean conscientes de que sufren violencia y cuando lo son, temen las denuncias o no se atreven, los teléfonos no son accesibles, las mujeres no conocen los recursos... a menudo su credibilidad está en duda”, y en el caso de las usuarias de Lengua de Signos Española, “no lo consideran una comunicación oficial o formal y los casos se archivan y las mujeres tienen que volver con su agresor”. Describe así algunas de las situaciones terribles que las mujeres soportan: “El miedo a que no me crean, a que me quiten a mis hijos, me va a separar de mi familia, vivo en el ámbito rural y dónde voy a ir, mi propia familia no me cree...”

 

Por eso es necesario, entre otras cosas, mejorar la formación de profesionales para saber cómo atender la diversidad de estas mujeres. Y apoyando la demanda de Marta Valencia, reclama también una macroencuesta específica de mujer con discapacidad. 

 

Paula Reyes, abogada de Juristas Themis y en representación de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, comienza comentando la importancia de la detección para poder acceder a la justicia, “debe existir formación a los profesionales para la detección de los casos de violencia y la posterior atención”. Y enumera los profesionales que deben recibir dicha formación, una larga lista: profesionales que trabajan en servicios sociales, servicios de atención a la mujer, fuerzas y cuerpos de seguridad, los centros asistenciales, residencias, centros ocupacionales, médicos que hacen partes de lesiones, trabajadores sociales...”

 

Asegura que en general las mujeres, para acceder a la justicia, tienen barreras propias por el hecho de ser mujer, pero en caso de discapacidad van a tener mayores niveles, entre otras cosas por la baja autoestima, desconfianza en el acceso a la justicia porque se va a dudar de ellas, miedo a perder a sus hijos… “Desde los servicios sociales comunitarios, que son los más cercanos, es muy importante que trabaje con estas mujeres en su maternidad y en reforzar su crianza y proporcionar seguridad”. El acompañamiento a las mujeres que sufren violencia de género (previsto en el pacto de Estado) y el asesoramiento jurídico previo a la denuncia y posterior a la misma, en todo el procedimiento, son también fundamentales a su juicio. 

 

Teresa Palahí, secretaria General de la Fundación ONCE, apuesta por la de la formación y el empleo para que las mujeres víctimas de violencia recuperen la autonomía y la libertad... y relata que hace unos años, “1.736 mujeres con discapacidad manifestaron en Inserta empleo ser víctimas de violencia de género y las hemos incorporado a unos procesos de formación específicos que pueden servir para empoderarse y recuperar su autoestima, que superen las barreras sociales que encuentran... el empleo ayuda a romper con la dependencia o sumisión en el entorno del maltratador”.

 

Asegura, además, que es muy necesario trabajar en red, con las administraciones públicas, las entidades y la sociedad civil en general, “porque cada uno sabemos de lo que sabemos, nosotros ofrecer formación y empleo, pero tiene que ir acompañado de otros procesos de recuperación psicológica, emocional... por eso hay que trabajar juntos”. 

 

Finalmente, Marta Valencia insiste en la necesidad de “contemplar la transversalidad de las mujeres con discapacidad porque hay una interseccionalidad de factores que nos hacen más vulnerables”, y en que “hay que trabajar mucho en que todas las políticas y protocolos de coordinación nos tengan en cuenta, porque lo que no se ve, no existe, de ahí la importancia de la macroencuesta, vital para visibilizar”. 

 

 

Por su parte, Victoria Rosell asegura que en España tenemos un ordenamiento que en su momento fue reconocido mundialmente y puntero en la lucha contra la violencia contra la mujer, pero se limitaba al ámbito de la pareja o ex pareja y ahora el convenio de Estambul, firmado por España en agosto de 2014, nos obliga a equipar a otras formas de violencia, de ahí que la nueva ley de garantía de la libertad sexual recoja estas cuestiones y amplíe a otras víctimas de otras violencias machistas.

 

Afirma Rosell que “los estudios nos indican que, como todas las violencias machistas, las violencias son un escenario cotidiano para las mujeres, no son algo excepcional... la prevalencia de agresores conocidos es inmensa y cobran sentido esas medidas que tienden a proteger sin estar condicionadas a la denuncia, y yo que vengo de ese ámbito, soy magistrada y además vocacional de jurado de instrucción, sé que la denuncia es una puerta demasiado estrecha para muchísimas mujeres, una puerta cerrada para las más vulnerables, incluso para las mujeres menos discriminadas es un acto de valentía y un momento peligroso... y es una gran noticia que la protección social, la reparación, no dependa de la denuncia, que por fin se ponga el acento en la reparación individual, psicológica, social, pero también en la reparación colectiva”. 

 

Según Miguel Lorente, atendiendo también a ese proyecto de ley, “son normas muy importantes porque son leyes integrales y eso es clave para poder tomar conciencia sobre la realidad y dar respuesta a todos los elementos que inciden en el resultado último de la violencia contra las mujeres con discapacidad”. Insiste en la necesidad de evitar que la respuesta sea sectorial, que el abordaje de la ley sea global y a su juicio, “la responsabilidad de cada uno de los sectores de la sociedad es poner su conocimiento al alcance de las circunstancias específicas de cada persona y a partir de ahí todo lo que sea colaboración y coordinación es esencial, pero no como delegación, sino como compromiso, como parte de la respuesta”.