En los últimos tres años, tan solo tres universidades han ofertado plazas de Ayudante Doctor en su convocatoria de PDI (Personal Docente e Investigador) con discapacidad. En concreto, en 2019, las universidades españolas aprobaron 4.979 plazas en oferta pública, en las que solamente se incluyeron 32 plazas destinadas a la reserva de discapacidad, lo que supone un 0,6%. La Ley, sin embargo, marcaba un 7%, aunque la CRUE lo redujo al 5%. Estas 32 plazas, en su gran mayoría han servido para promocionar a personas que ya eran PDI. A la vista de estos datos, “el acceso es una puerta cerrada para personas con discapacidad”, afirma Carmen Márquez Vázquez, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y autora del estudio ‘Estrategias y acciones de las universidades en favor del PDI con discapacidad’, desarrollado de manera conjunta entre UAM, la Fundación ONCE y la Fundación Derecho y Discapacidad, con el apoyo del CERMI.

 

El objetivo principal de este trabajo era analizar la implementación de las medidas de atención a la diversidad para facilitar la inclusión del PDI con discapacidad en el sistema universitario español. La información recogida corresponde a 27 universidades (20 públicas y 7 privadas), “aunque nos hubiera encantado que estuvieran las 83 universidades, pero en muchos casos no nos han respondido”, explica la autora. Y resume, contundente, “estamos desaprovechando el talento de las personas con discapacidad porque la mitad de las universidades participantes ni siquiera conocen cuántas personas con discapacidad conforman su PDI”. 

 

 

María Vicenta Mestre, Rectora de la Universitat de València, presidenta de la sectorial de CRUE-Profesorado, inicia su intervención en este conversatorio, moderado por José Manuel González Huesa, director de cermi.es y director general de Servimedia, aclarando que “desde el momento en que asumí la presidencia de CRUE profesorado, planteé la creación de este grupo de profesorado para tratar este tema de la inclusión en el ámbito del PDI”. Explica que las universidades, cuando intentan aplicar el marco legal, se encuentran con varias dificultades, la primera de ellas tiene que ver con la localización de las barreras que impiden el acceso de las personas con discapacidad a las plazas PDI, y la segunda con el diseño de estrategias dirigidas a eliminar esas barreras.

 

En su intervención, expone el proceso por el que un aspirante transcurre hasta llegar a la categoría de ‘catedrático de Universidad’. El proceso comienza como estudiante de universidad, donde todavía hay problemas no resueltos para los alumnos con discapacidad. A continuación, “nuestros egresados acaban y necesitan unos contratos predoctorales y postdoctorales para que no los perdamos; para la discapacidad también hay esos contratos y pongo en valor los programas de Fundación ONCE para apoyarles en estas etapas, pero además en estos contratos pre y post doctorales también tenemos una reserva de cupo, eso es un logro de estos últimos años”. 

 

En el comienzo de la siguiente etapa es donde se localizan los principales problemas para el acceso a PDI, sería sobre todo en las plazas de Ayudante Doctor, a la que sigue la de Contratado Doctor, luego Titular de Universidad y finalmente Catedrático de Universidad. Según explica la rectora Mestre, “para eliminar bien las barreras y llegar al máximo nivel, el de catedrático de universidad, necesitamos abordar dos temas, uno es el tema de las acreditaciones, y otro es la convocatoria de plazas en las universidades”, aunque asegura que “la verdadera barrera está en la convocatoria de plazas de Ayudante Doctor, porque no sabemos dónde están esas personas acreditadas Ayudante Doctor con discapacidad”. Entiende que, para solventar estas dudas, sería necesaria la colaboración de la Aneca, el ministerio y las comunidades autónomas y compartir información de ese tipo. 

 

Señala también, entre los problemas que deben sortear las universidades, la tasa de reposición, “que nos impide convocar todas las plazas de Ayudante Doctor que quisiéramos”, y los recursos con los que cuentan, la financiación. Y explica que algunas universidades convocan las plazas disgregadas, no agrupadas en un año, y eso hace más difícil hacer esa reserva. Por todo ello, insiste en las principales cuestiones afirmando que “la tasa de reposición es una limitación muy fuerte y hace falta identificar estas personas para aplicar la discriminación positiva en las plazas de Ayudante Doctor, además de agregar la oferta para mejorar el cupo y un marco legal que nos ayude a implementar estos procedimientos o unificar criterios”. 

 

En línea con esta intervención, Eva Alcón, Rectora de la Universitat Jaume I de Castelló y delegada para Políticas de igualdad de la CRUE, señala en su intervención los principales aspectos que influyen en las dificultades de acceso de las personas con discapacidad a las plazas de PDI: “El primero es que las universidades llevamos tiempo con unos sistemas de financiación que no responden a las necesidades actuales y además nos impiden hacer políticas de profesorado; tenemos una tasa de reposición que solicitamos que se elimine para hacer política, y una de esas políticas que podíamos tener, es qué porcentaje de plazas podríamos destinar para garantizar esa inclusión... todo eso teniendo en cuenta que en las universidades no tenemos ofertas de empleo público masivas, las plazas de profesorado van vinculadas a un perfil para atender a unas necesidades docentes concretas, a unas necesidades de investigación...“ En cualquier caso, afirma, “es un reto que no vamos a poder abordar solas las universidades, vamos a necesitar el apoyo de la administración autonómica y la nacional; desde CRUE estamos trabajando con los diferentes ministerios y con Aneca, que acaba de publicar unos criterios de equidad que, de alguna manera, lo que hace es eliminar esos obstáculos que tenían las personas con discapacidad para acreditarse”. 

 

 

Isabel Martínez Lozano, responsable de Universidad, juventud y planes especiales de Fundación ONCE, afirma que llevan mucho tiempo trabajando en este tema, “porque empezamos a detectar los problemas y porque los investigadores con discapacidad llamaron a nuestra puerta”. Continúa con énfasis su exposición asegurando que “tenemos una barrera enorme para que las personas con discapacidad puedan acceder a la carrera académica investigadora, personas con becas Madame Curie y Fulbright, entre otras, que después de esa trayectoria no había manera de meter cabeza en la universidad española... creamos las becas de investigación y doctorado de Fundación ONCE”. El tono es incisivo porque, asegura, “no hablamos de problemas en abstracto, hablamos de ponerle cara a los problemas”. 

 

Según los estudios con los que cuentan, afirma Martínez Lozano, “solo hay seis universidades que lo han hecho fenomenal, si esto es así, ¿por qué no pueden hacerlo el resto? 20 lo han hecho más o menos bien... y todas las plazas que se han sacado, se han cubierto y eso demuestra que hay mucha demanda, hay una bolsa de investigadores con discapacidad interesante que tienen que tener derecho no a tener una plaza, pero sí a tener garantizada la igualdad de oportunidades en el acceso”. 

 

Concluye con una afirmación que es secundada también por buena parte de los participantes en el conversatorio: “Si no conseguimos que la acción positiva y que la cuota de reserva se aplique, no resolveremos el problema, porque las acciones positivas son imprescindibles en un inicio, dentro de 10 años probablemente no estemos hablando de este escenario y haya que hacer otras cosas, o no será necesario hacer nada”. En palabras de la Rectora Mestre, “si no hay acciones positivas, no lo conseguimos”. 

 

Rafael de Lorenzo, secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad, expone que “el reto binomio discapacidad-universidad ha avanzado mucho en los últimos años y hemos conseguido mejores niveles de participación y mejora de las condiciones de los alumnos con discapacidad, pero en el campo del PDI, en cambio, de un total de 122.000 profesores que reconoce el ministerio, se dice que un 0,9 de las universidades públicas tienen PDI con discapacidad y 1% las privadas”. Según estos datos, a su juicio, son necesarias dos medidas fundamentales, la primera es que las universidades cumplan las leyes, y enumera algunas de ellas y se pregunta, “¿qué más hace falta para que las universidades cumplan con esta obligación de la cuota de reserva del 5% en las convocatorias?”. En segundo lugar, “es fundamental que la CRUE, como hizo en 2017, se vuelva a implicar activamente, en esa labor de recomendación, de incidencia continuada, de persistencia, buscando soluciones operativas...”

 

Para lograr esa universidad moderna, de excelencia, que respeta y promociona la igualdad para todos, afirma De Lorenzo, “es necesario un trabajo importante, con estudios rigurosos, contando con la colaboración de las universidades y la CRUE a la cabeza, y también con el sector, apoyando a los candidatos y buscando fórmulas, mecanismos...”

 

Por su parte, Jesús Celada, director del Real Patronato sobre Discapacidad, señala como primer deber la necesidad de “incrementar la presencia del estudiante con discapacidad en las aulas y preocuparnos de que concluyan sus estudios”. Insiste también en la importancia de aprovechar el talento y asegura que los PDI con discapacidad son el motor de cambio en las universidades, porque con ellos se lograría que "asignaturas como la ‘accesibilidad’ estuvieran más presentes en las universidades y la figura de un PDI con discapacidad contribuiría también a la sensibilización del alumnado".