El encuentro ha sido moderado por José Manuel González Huesa, director de cermi.es semanal y director general de Servimedia, quien inicia el conversatorio interesándose por la actividad que la UE despliega en una cuestión tan delicada y actual. Interviene entonces Mónica Silvana González, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, quien afirma que “llevábamos muchos años reclamando una política migratoria común”, y recientemente, la Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas, o pacto migratorio que, “como punto de negociación es positivo, pero no convence a nadie”.

 

Asegura Silvana que dicho paquete pone el foco en el retorno y “los socialistas creemos que hace falta una migración ordenada, por cupos”, porque a su juicio, “el gran problema de la inmigración ilegal y clandestina que da juego a tantas mafias es que no existen vías legales de entrada”. Por eso, asegura: “Vamos a enmendar al alza e incluir la interseccionalidad, en este caso la discapacidad”. E insiste en la necesidad de centrarse en las vías legales de entrada, siendo una propuesta la del visado humanitario y, por su parte, “nosotros estamos impulsando el visado climático”.

 

En su intervención, de hecho, la europarlamentaria socialista insiste en el efecto demoledor del cambio climático en las migraciones, de ahí la importancia del proyecto de la UE Bridging the gap, afirma, porque atiende esta circunstancia junto con la discapacidad. 

 

 

Desde la Unión Europea, Nuria Díez Guardia, Analista de Políticas de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, resalta el Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 2021-2027, un plan que fomenta la inclusión de todas las personas, pero especialmente reconociendo la contribución de los migrantes a la UE, donde se tienen en cuenta características personales de las personas migradas, como la religión, el género, la discapacidad, orientación...

 

Explica esta experta que “las mujeres y niñas con discapacidad que migran se enfrentan a unas dificultades específicas que se acumulan y se pueden reforzar entre sí; al ser mujeres se enfrentan al sexismo y la misoginia, al ser personas migradas se enfrentan al racismo y la xenofobia y al tener discapacidad tienen un mayor riesgo de sufrir violencia de género, además de otros riesgos y obstáculos a los que se enfrentan”.

 

Y en cuanto a normativa o líneas de trabajo, afirma: “El Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 2021-2027 es complementario con otras estrategias europeas, como la Estrategia de Igualdad de Género, que se adoptó en marzo de este año, cuya primera prioridad es erradicar la violencia de género; el plan de acción contra el racismo de la UE, que se adoptó en septiembre; el marco estratégico para la Igualdad, la inclusión y la participación de la población gitana en la UE; y la estrategia que ahora está finalizándose de personas con discapacidad, para principios de 2021”. 

 

Y de nuevo desde Europa, pero en este caso con una voz más social, no política, Adriana S. Thiago, oficial de comunicaciones de la Plataforma Europea de Mujeres Migrantes, que se encuentra en Bruselas, explica: “El proceso migratorio hacia la UE no es fácil ni automático, hay que tener en cuenta las rutas migratorias, no hay un gran número de rutas que sean legales y las ilegales constituyen un peligro enorme para las mujeres y niñas”. Haciendo alusión a los problemas de violencia sexual y discriminación sexista, y asegura que “no contamos con datos, pero tenemos estimaciones e historias de mujeres y niñas que pasan por los controles de la UE”.

 

Relata Thiago que se encuentran con casos de mujeres con problemas psicológicos por la violencia que hay en los centros de acogida y afirma, por su conocimiento durante años como activista en el movimiento migratorio, que “hay instancias de tortura en los centros de acogida y de detención en Bélgica” e imagina que la realidad española no será muy distinta.

 

Finalmente, considera imprescindible que en los Centros de acogida siempre se pueda contar con personal especializado en discapacidad o en temas de violencia contra la mujer, “equipos solo de mujeres, porque la mayor parte de mujeres y niñas se van a sentir amenazas delante de un hombre y que haya equipos especializados en los derechos de la mujer y que se respeten las directivas a nivel europeo”. 

 

 

Desde el mismo ámbito de la sociedad civil, Lucía Maquieira, directora de la Red Acoge, apuesta también por el uso de rutas seguras y regulares, “pero no las hay”. Explica que las mujeres y niñas migrantes con discapacidad experimentan una discriminación por partida triple, por los mayores obstáculos en la vivienda, a los servicios de salud, educación, formación profesional y empleo. “Las entidades sociales que trabajamos con las personas y las conocemos muy bien, observamos que las mujeres migrantes con discapacidad presentan muy bajos niveles de inserción laboral, altos niveles de precariedad y sufren mayores niveles de desigualdades en la contratación, mantenimiento del empleo, ascenso o remuneración laboral”, lo que aumenta su vulnerabilidad ya que, como explica Maquieira, “todo se articula alrededor de un empleo y lamentablemente si el proceso de regularización es muy complicado, lo es más en el caso de las mujeres con discapacidad”. 

 

“Faltan ayudas”, sentencia, y lo que se logra es gracias al trabajo del Tercer Sector o entidades especializadas, pero estas mujeres y niñas están “desprotegidas y excluidas”, afirma. Explica también que “el comité de derechos de personas con discapacidad en 2019 ha hecho recomendaciones a España, estaba preocupado por la precaria situación de los refugiados y solicitantes de asilo, por su falta de accesibilidad y que no se haya incluido la perspectiva de género y que los profesionales que trabajamos en centros de acogida desconozcamos los derechos de esas personas”. Añade que el comité hizo una recomendación concreta en cuanto a la elaboración de políticas específicas con perspectiva de género velando para que los centros de acogida fueran completamente accesibles.  

 

La ley española de extranjería, según Maquieira, “no recoge ninguna garantía para las mujeres migrantes con discapacidad, de hecho Red Acoge y Andalucía Acoge acaban de presentar un documento solicitando a diferentes grupos parlamentarios que se flexibilice el propio reglamento de la ley porque actualmente apenas se pueden cumplir los requisitos para una autorización inicial o renovación debido a la situación actual del trabajo y ahora especialmente de la covid; esto ayudaría a tener más acceso a la migración regular que tanto demandamos”.

 

 

Por su parte, desde la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, su coordinadora, advierte de que “uno de los principales problemas es la imposibilidad de conocer el fenómeno al que nos enfrentamos, no hay datos oficiales sobre personas con discapacidad que llegan a nuestro país ni hay estudios académicos al respecto, aunque hay un cierto acercamiento de organizaciones de derechos humanos que han trabajado con población inmigrante y han tenido que enfrentarse y dar respuesta a demandas muy concretas”.

 

La organización internacional de migraciones de Naciones Unidas ya reconoce la discapacidad como un elemento de vulnerabilidad en las personas migrantes, explica Caballero, “no porque los hombres y mujeres con discapacidad que migran sean vulnerables per se, sino porque la sociedad los sitúa en una posición de vulnerabilidad, de correr mayor riesgo de exclusión, en el caso de mujeres, de mayor violencia”.

 

Y finalmente, comenta también otra realidad ya tratada en este conversatorio, y es la del propio proceso migratorio como generador de discapacidad. En este mismo sentido, Mónica Silvana afirma: “Hay un estudio de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) donde detalla cómo el proceso migratorio puede ser la causa de la discapacidad y cómo muchas personas ocultan su discapacidad para poder acceder a ese proceso migratorio”.

 

Desde el Grupo Popular, José Ortiz Galván, Portavoz de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, apuesta por la migración regular, ordenada y orientada al mercado laboral. “Hablamos de personas migrantes que quieren buscar una vida mejor porque no tienen condiciones de vida digna en sus países, y si le sumamos la discapacidad y el hecho de ser mujer, es un tema para dedicar recursos”.

 

El enfoque popular pasa por una mayor cooperación al desarrollo y ayudar más a los países que lo necesitan y se remite a la Agenda 2030, que ya habla de mujeres migrantes. Ortiz asegura que “instrumentos legales hay, pero hace falta mayor concienciación de los poderes públicos y es importante sensibilizar a la ciudadanía y apostar por los recursos y la regularidad en el proceso”.