Con la transposición de la tan esperada directiva europea sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, esa que no ha dejado contentos a todos, que ha causado más de una decepción entre las voces del tejido asociativo de la discapacidad y entre los eurodiputados -como se verá en esta crónica-, urgía sentarse y hablar sobre ella, debatir, exponer sus carencias, hasta dónde no ha llegado, la exuberante longitud de sus plazos... y así se hizo el viernes pasado. 

 

El CERMI reunió al movimiento asociativo de la discapacidad y representantes de entidades e instituciones en una jornada de cinco horas, celebrada en Fundación ONCE, tanto para valorar la directiva globalmente, como para analizar su impacto en España. 

 

Unos ven el vaso medio lleno, proclives a ensalzar lo que ha quedado dentro de la norma, a poner en valor lo que, al menos, quedará para el futuro. Otros lo ven medio vacío, y sin miramientos hacen una incisiva crítica para que alguien se dé cuenta de “ciertos” despropósitos. También para que sirva para realizar, o volver real, de algún otro modo, pero siempre por derecho y por justicia, temas sustanciales que se han quedado fuera, en algunos casos, por ese frecuente y obsceno “intercambio de cromos”, que suele acontecer en los escenarios institucionales de todo el mundo donde se toman todas las decisiones cruciales para los ciudadanos. 

 

Pilar Villarino, como directora del CERMI y en su calidad de experta en derecho europeo, ejerció de maestra de ceremonia durante toda la jornada y, en primer lugar, defendió la accesibilidad, ante los presentes, como: “El primer derecho, y presupuesto de cualquier otro, que venga a reconocerse a las personas con discapacidad y a sus familias”.

 

Villarino también enfocó la labor “fundamental de incidencia política” que realiza el CERMI y los años que lleva trabajando la entidad estatal esta norma desde el entorno del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), y confirmó que, durante su transposición de la Directiva Europea 2019/882, seguirá realizando esa labor vocacional de incidencia política para, presionó: “Tratar que ese derecho previo de cualquier otro derecho sea reconocido en los términos adecuados y de acuerdo a la Convención de la ONU”.

 

Posteriormente, las “Nuevas obligaciones regulatorias para España derivadas de la Directiva 2019/882” fueron tratadas por el asesor jurídico del CERMI Estatal, Óscar Moral, para quien esta directiva de accesibilidad “no es la idónea”, y “el estado de situación de España”, sin Gobierno, “es un poco desolador” porque es a él a quien “compete el desarrollo reglamentario de la norma”.

 

Y, por último, la directora de Unidad de Fondos Europeos de Fundación ONCE, María Tussy, cerró la jornada con la última de las cinco ponencias retratando la “Nueva programación de fondos estructurales y accesibilidad universal”, en donde cuestionó si los recursos financieros están al servicio de “este fin social”. Para Tussy la directiva, aunque “no es perfecta y es mejorable”, establece un marco favorable a la accesibilidad y es necesario “tenerla en cuenta a la hora de cofinanciar los proyectos con los fondos”.

 

 

La visión del Parlamento Europeo sobre la directiva europea de accesibilidad llegó a la jornada preparada por el CERMI, como se ha dicho, en forma de mesa redonda, aglutinando la perspectiva europea parlamentaria, y de la mano de las eurodiputadas: Rosa Estarás, en representación del Grupo del Partido Popular Europeo, Maite Pagazaurtundúa por el Grupo de la Europa Renovada, y de José Ángel Chamorro, diputado del PSOE en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que sustituyó a Mónica Silvana González, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.

 

El encargado de moderar la mesa fue el presidente de la Comisión de Relaciones y Cooperación Internacionales del CERMI, Daniel Aníbal García Diego, quien bromeando desde el inicio hasta el fin con humor sano y una remedada autocrítica, tras las pertinentes presentaciones, retó a los participantes a explicar “a la limón” la valoración final que cada uno tenía del Acta de Accesibilidad aprobada recientemente. 

 

Rosa Estarás, que ha participado en la elaboración de la directiva desde el Parlamento Europeo, fue la primera en hablar, y pese a la valoración positiva vertida en vídeo, momentos antes, por la vicepresidenta del EDF, Ana Peláez, ella fue clara y contundente, y no se dejó influir: “Mi valoración es más negativa que positiva. Ya sé que ahora hay que decir que es positiva, lo quiere el Foro Europeo de la Discapacidad”, se disculpó, “pero explicaré por qué”.

 

Para ello la eurodiputada se remontó a 2010 cuando “gracias al movimiento de la discapacidad esa directiva se solicitó a la Comisaria”. Sin embargo, como continuó Estarás, no fue hasta 2015 cuando por fin se sacó la propuesta de la Comisión, cuando comienza el proceso, y cuando se negocia en el Parlamento Europeo. “Por desgracia”, criticó, “cayó en la Comisión IMCO, de mercado interior, sensibles a las empresas, y no en la de Empleo, que es donde está la sensibilidad sobre este tema”. 

 

“Se produjo una colisión brutal entre la Comisión de Mercado Interior y la de Empleo y Asuntos Sociales”, continuó relatando la eurodiputada, y esto terminó con un “tajo brutal” debido al enfrentamiento entre ambas comisiones, que “les dejó con mucho más de lo que teníamos, pero mucho menos de lo que queríamos”.

 

 

Hasta este punto, el fervor de Estarás durante su exposición no pasó desapercibido para los allí congregados, corroboraba las palabras utilizadas por García Diego en su presentación al llamarla “amiga de la discapacidad”, y esta calificación aún se comprobó más cuando, de hecho, sermoneó a Europa por hacer distinciones, en los plazos por ejemplo, según el tema a tratar, y comparó y cuestionó los motivos que llevaban a la institución a apremiar para conseguir en plazos mínimos la sostenibilidad, “el reciclaje”, y no hacía lo mismo cuando se trataba de derechos humanos. “¡Nos vamos a 2045, cuando estemos muertos!”, bramó la eurodiputada al referir el plazo más amplio de la directiva de accesibilidad en cuanto contratos, productos y servicios, “¡el espíritu ha fallado!”.

 

Pero no se conformó con esta última frase, Estarás reprochó que los servicios turísticos no quedaran dentro de la directiva europea, que los “quitara el Consejo”, e ironizó sin pudor diciendo que: “Queremos una Europa sin barreras, libre circulación de personas y de mercancías y capitales, y resulta que el transporte transnacional no es accesible”, y también que luego resultaba que: “Todos somos iguales, y que somos la Europa de los valores”.

 

La representante del Partido Popular Europeo admitió que, obviamente, estaba siendo muy crítica, pese a que el acta tuviera “cosas positivas”, pero volvió a recalcar, por activa y por pasiva, que no le gustaba el espíritu de la directiva en absoluto, y relató la intriga de que incluso en su partido se produjo durante el proceso una división: los que le siguieron a ella, y los que apoyaron el “mercado interior”.

 

“La transposición es una vergüenza”, riñó acto seguido la que también fuera vicepresidenta de Baleares, “el artículo 1, te envía al 2025 en los productos, y el artículo 2 y 3, los servicios, al 2025. Otra vergüenza”. Sin embargo, logró verificar, para poner algo en la balanza de lo positivo, que “tendremos más educación inclusiva” porque los libros electrónicos serán accesibles, y que bajará el precio de la accesibilidad en ordenadores, terminales de pago, teléfonos móviles y, en suma, “en todo lo que es el mundo de las TIC”.

 

“Pero hemos quitado el transporte urbano, el tren, el metro, el regional, los electrodomésticos, la mayor parte de entornos construidos, las microempresas se quedan fuera”, agregó, y desveló un “debate salvaje” sostenido en el Parlamento Europeo respecto a las microempresas para las cuales Estarás solicitaba un plazo fijo, pero que, finalmente, “las han dejado fuera del Acta de Accesibilidad”.

 

“Al final, las personas con discapacidad y las personas dependientes no puedan utilizar una estación de tren, un electrodoméstico, viajar en transporte público, tener acceso a los bancos”, resumió. Y también repasó, brevemente, la importancia de conseguir un 112 accesible, que haya una definición en toda la Unión de las respuestas a la accesibilidad, o que se estipulen en los contratos públicos, para lo que consideró necesario: “Seguir dando la batalla”.

 

Como colofón, Rosa Estarás advirtió de que: “No hay que bajar la guardia” porque todo el mundo es “superigualitario”, porque supuestamente “Europa es la paz”, pero que luego, en los presupuestos, “no nos tienen en cuenta”. “Debería ser una prioridad como lo es la sostenibilidad”, exigió, “porque los derechos humanos son tan importantes como el planeta y porque”, sentenció: “No hay derechos humanos sin planeta”.

 

Tras esta exposición exaltada, entusiasta, y del todo activista, pro discapacidad, el moderador, nuevamente bromeando, recordó que Estarás era eurodiputada y que no pertenecía al movimiento asociativo del CERMI, si bien por su “vehemencia haya podido parecer uno de nosotros, y no de los de enfrente”.

 

A continuación, Maite Pagazaurtundúa, del Grupo de la Europa Renovada, tomó la palabra y dijo compartir, en lo fundamental, la opinión de su compañera Rosa Estarás, al tiempo que aludió a las contradicciones de todos los grupos europarlamentarios, y señalara un compañero de su partido muy criticado por defender la “visión más IMCO, más de empresa”.

 

 

Asumiendo su incorporación reciente respecto a las personas que llevan años trabajando por los derechos de las personas con discapacidad, Pagazaurtundúa compartió el “sentimiento de frustración” respecto a la directiva europea que se había hecho patente a lo largo de la jornada por, según expresó: “Lo que se ha quedado a medias, en el camino”. 

 

Sin embargo, manifestó que “tenemos anclajes para dar un paso muy muy importante adelante” porque “todo lo peleado, y que ha quedado pendiente, en la siguiente fase se puede conseguir”, refiriéndose al proceso de transposición de la directiva. "Si el movimiento asociativo de la discapacidad está muy atento, si es capaz de liderar con la misma excelencia, con la misma fuerza moral, podrá mejorar esos agujeros que han quedado en nuestro propio marco normativo”, animó, “y podrá apuntar dónde conseguir avances”. 

 

Y es que para la eurodiputada del Grupo de la Europa Renovada: “El trabajo bien hecho nunca es estéril”, y “sabiendo los objetivos que han quedado sin desarrollar”, advirtió de que: “Es la aplicación lo que necesitamos pelear”. 

 

Por otro lado, la también filóloga manifestó que había que mirar esos plazos tan vilipendiados con “generosidad”, y “darnos fuerza considerando que si lo conseguimos para la próxima generación, para los niños, valdrá la pena”. Además, rescató una vez más el tema de IMCO para aplaudir que, de algún modo, desde esa comisión, se les está obligando a las empresas a introducir en sus requisitos esta perspectiva de forma efectiva y que eso bueno porque: “Es una responsabilidad que sienten por primera vez”.

 

Como anécdota, la parlamentaria comentó que habían sacado de sus despachos a los eurodiputados durante los meses de marzo y abril para remodelarlos y que, a su vuelta, se encontró que no todo era accesible y que, por supuesto, por este motivo había “puesto una queja” al respecto. 

 

Por otro lado, Pagazaurtundúa recordó que: “Todo lo que no se ha conseguido con esta directiva tiene que quedar en una lista como la de la compra, de cosas pendientes, que sirva para pensar cómo lograr realizarlo, aunque no sea mediante la directiva”. “Vosotros y vosotras”, exhortó la eurodiputada a las personas con discapacidad, “nunca os habéis resignado. Y sin vuestra fuerza, ni esta directiva ni nada habría sido posible”. “Si no os resignáis”, animó, “tampoco los que humildemente os solemos acompañar vamos a resignarnos”.

 

Tras comentar socarronamente que como secretario de Organización de Cocemfe, con fondos comunitarios, a él no le habrían pagado ninguna reforma de no ser accesible, Daniel Aníbal García le dio el turno de palabra a José Ángel Chamorro, que disculpó la ausencia de su compañera de partido Mónica Silvana. 

 

Aprovechando su conocimiento de la accesibilidad desde “la base”, por su experiencia laboral en un hospital como en su actividad política a nivel local, Chamorro apeló a la necesidad, cuando se hace una norma, de realizar el seguimiento de su cumplimiento. 

 

Aunque el político se felicitó, con el pasar de los años, de haber visto en primera persona como se eliminaban barreras para hacer ciudades más accesibles, reprochó que todavía no solo no habíamos hecho lo suficiente, sino “muy poco”, y denunció que los gobernantes del área social aún mantengan una pelea constante entre lo económico y entre lo social, “entre qué queda más vistoso, y lo que es más útil”.

 

Para ilustrarlo, expuso que: “No es posible que el metro de Begoña, en Madrid, que está al lado del hospital de La Paz, no sea accesible” y que por ejemplos tan incomprensibles como el señalado debíamos “insistir, permanecer vigilantes, y ser constantes y fuertes”, y apostar por “programas comunes transversales” como algo “fundamental”.

 

Para concluir, el actual diputado del PSOE en la Asamblea de la Comunidad de Madrid afirmó que el diseño de una ciudad puede ser accesible y más social “si los informes previos a la aprobación del plan vienen desde las entidades representativas y desde las concejalías o las consejerías que tienen la competencia” porque, “pese a la voluntad de los técnicos, no tienen la sensibilidad del que trabaja día a día en la accesibilidad”.

 

En este mismo sentido, alzó su propuesta de que “también se impulse la obligatoriedad” en los planes generales, que los informes sociales y de las entidades representativas, tanto del municipio como a nivel regional, se tengan en cuenta, y se aporten como medidas correctoras desde el inicio de los mismos.

 

Las últimas palabras de la intervención de Chamorro dieron pie al moderador de la mesa a sacar a la luz, por lo necesario, el recurrente tema de que a las personas con discapacidad siempre se las deja en “el margen”. “Somos todavía marginados porque estamos al margen: al margen del discurso, cambiándolo, pero al margen físico, en los bordes”, denunció García Diego. “Estamos en el último sitio de la ciudad. Ahí es donde estamos”.

 

Debido a que se había tocado el tema de IMCO, por su relevancia y por lo bien que se iba de tiempo, el dirigente de Organización de Cocemfe invitó a los ponentes de la mesa redonda a explicar en qué comisiones y en cuáles no había calado esa “Europa de los mercaderes, la Europa social”, y les propuso hablar, siempre en su línea humorística, de ese “Sálvame del Parlamento y de la Comisión”, por aquello de tener mucho jugo para el tejido asociativo.

 

Rosa Estarás abordó una explicación rápida, pero exhaustiva sobre el funcionamiento del Parlamento Europeo para informar al auditorio reunido que las directivas necesitan un acuerdo a tres bandas: del Parlamento, de la Comisión y del Consejo.

 

 

Retomó la eurodiputada el tema IMCO, el mercado interior, como un escollo en el que había que aplicar mucha psicología y mucha pedagogía, y alabó en este sentido la labor de la ONCE en Europa diciendo que “es el mejor instrumento para romper barreras” y que, aunque el EDF también, “no había visto nada como la ONCE en ningún país”, porque si hay que poner una enmienda a cualquier normativa “ahí están ONCE y el CERMI pendientes y dándonos la alerta”. 

 

Respecto a la postura ante el Acta de Accesibilidad del EDF, la eurodiputada manifestó que era verdad que el foro prefiere ver la “botella” medio llena que medio vacía, pero que ella era más crítica porque: “Si nos relajamos, no va a haber pedagogía posible”, y que, por ello, había que “sacar las vergüenzas” y preguntar durante el proceso por esa fecha del 2045 para la total transposición.

 

Entre sus planes para el futuro de Rosa está el de obtener un informe de opinión de la Comisión de Empleo que nutra la estrategia la Estrategia de Discapacidad 2020-2030. Asimismo, confirmó que ha solicitado su participación para entrar a formar parte del grupo parlamentario de seguimiento de la Convención sobre Discapacidad de la ONU, para retomar lo que ha quedado fuera y “seguir dando la batalla”, y recordó que tanto los eurodiputados y las eurodiputadas, como el CERMI, como las personas y entidades interesadas en la inclusión de las personas con discapacidad forman “un lobby” en el que no hay partidos, y que en él: “Los que creen, tienen que estar al frente para cambiar las cosas”.

 

Tras la exposición de Estarás, el moderador intentó que Maite Pagazaurtundúa retratase ese vaso medio lleno, o botella, que seguía sin ser refrendado, más allá del EDF y algunos intentos, respecto a la directiva europea de accesibilidad y a su transposición, y preguntó a la eurodiputada que cómo se podría transformar la comisión del IMCO, dado que, como refirió García Diego: “Siempre se nos ha dicho que todo es culpa de mercado interior”.

 

Para ello, Pagazaurtundúa lo primero que hizo es admitir que ella no era experta en IMCO, pero que, como había dicho, le parecía interesante que apareciera dentro de IMCO para hacer pedagogía sobre ellos, y porque les había hecho enfrentarse a ciertos temas por primera vez, temas que “cuando tú estás en tu burbuja de comisión, no piensas”. 

 

La eurodiputada del Grupo de la Europa Renovada volvió a manifestar su interés, de cara a la Estrategia 2020-2030, de ver en qué nos hemos “quedado a medias, o muy a medias”, para poder decirle posteriormente a la Comisión, una vez definida, “cuán lejos nos hemos quedado de la estrategia y, más allá de la directiva, que puedan decir algo, y se pueda ir mucho más allá”.

 

Parara rescatar esa visión positiva del vaso medio lleno respecto a la valoración de la directiva europea, la eurodiputada del Grupo de la Europa Renovada ensalzó como beneficio las consecuencias tecnológicas al pasar la directiva por la comisión IMCO porque, según opinó, “son necesarias, aunque haya otras cosas que hayan quedado aparcadas”.

 

A propósito, recordó también que los reglamentos europeos “siempre son defectivos porque cumplen solo una parte de las cosas”, porque las competencias nacionales han de respetarse, y hay cosas en que los países son tremendamente sensibles. “No podemos hacer todo lo que queramos políticamente porque esto corresponde a lo estatal”, remató.

 

De hecho, tras una explicación pormenorizada del proceso que conlleva la aprobación de una normativa, Pagazaurtundúa resumió que al final todo parece “un cambio de cromos”, y que es tan “complicado” que: “Es raro que se llegue a cumplir las expectativas de los colectivos más directamente implicados en potenciarlo”.

 

Por último, la eurodiputada de Europa Renovada subrayó nuevamente que lo más importante para ella es seguir contando con la fuerza y el liderazgo del movimiento asociativo de la discapacidad, con esa combinación de la sabiduría, de conocimiento, de trabajo diario, de objetivos y sin desfallecer por ser “estratégico”, y saber que quizás “no es satisfactorio lo concreto, lo inmediato, pero que, cuando se mira con distancia, los avances son impresionantes”.

 

“Si no queremos perder nuestras democracias”, concluyó su intervención Pagazaurtundúa, “tenemos que adaptarnos, entender el mundo que viene y cómo hacer los procedimientos legales, porque las directivas y los reglamentos serán cada vez más importantes, desde el punto de vista de las legislaciones nacionales”.

 

 

A colación de la Estrategia de la Discapacidad, el secretario de Organización de Cocemfe preguntó directamente a José Ángel Chamorro que qué faltaba y que qué debería estar en esta estrategia. El diputado del PSOE en la Asamblea de la Comunidad de Madrid  trasladó cinco puntos importantes que su compañera de partido, Mónica Silvana Gonzalez, le había pasado y que querría haber expuesto personalmente en esta jornada. 

 

Así, mencionó el desbloqueo de la directiva de no discriminación; la eliminación de barreras al voto; la constitución del Consejo Europeo de la Discapacidad como un órgano oficial de participación y consulta; el desarrollo de la directiva de Accesibilidad y Productos y Servicios (punto en el que defendió la accesibilidad en el empleo y la gran labor de los CEE); la evaluación del cumplimiento con el empleo para personas con discapacidad por parte de las Administraciones Pública, y el impulso de una normativa que prohíba la esterilización forzosa a mujeres con discapacidad. 

 

Por su parte, Maite Pagazaurtundúa insistió en que lo más importante que hay hacer ahora es que el control, el seguimiento de que lo que pone en las estrategias, que obligue a los poderes públicos, para evitar el “riesgo de poner cosas que no se van a cumplir, y nadie se va a dar cuenta”, ya que tanto el poder público como los legisladores “podemos hacernos los despistados, con lo mucho que ha costado cambiar el paradigma desde el punto de vista de los derechos, la igualdad y la discapacidad”. 

 

“En la revisión de la Estrategia 2020-2030 el control de su aplicación tiene que ser mucho más importante”, reconfirmó la eurodiputada, e invocó para ello a las entidades de la discapacidad, invitándoles a que sigan observando y transmitiéndoles a europarlamentarios lo que crean conveniente, para que ellos y ellas puedan hacer su trabajo, y “generar círculos virtuosos con el trabajo de unos y de otros”.

 

Además de seguir enfatizando sobre la necesidad del control de la Estrategia de la Discapacidad y de visibilizar su aplicación, propuso la utilización de sanciones más severas ante el no cumplimiento, y analizar lo puntos flojos de la anterior estrategia de discapacidad, ver dónde han fallado, para proponer mejoras en la siguiente. 

 

Le tocaba el turno a Rosa Estarás, y nuevamente, con sus deberes bien hechos, demostró esa “amistad con la discapacidad”. Su enumeración fue generosa y entre las decenas de temas que mencionó rescatemos aquí los siguientes: garantizar la participación de las personas con discapacidad mediante la accesibilidad, garantizar el transporte “porque no hay libertad de circulación sin transporte”; trabajar la educación inclusiva, los ajustes razonables, y supervisar que se cumpla, in extremis, la Convención de la ONU sobre Discapacidad; trabajar la brecha digital y la salarial, el mercado laboral inclusivo, y que haya una parte dedicada a la mujer con discapacidad porque: “Nos faltan indicadores”.

 

 

De “importantísimo” calificó la eurodiputada popular la existencia de una estructura de monitoreo, “que haya alguien de discapacidad en todas las direcciones generales y en todas las agencias de la Unión, porque es la única manera de que las políticas de discapacidad se implementen de manera transversal en todos los organismos de la Unión”.

 

Para los refugiados e inmigrantes con discapacidad, Estarás también exigió datos y estrategias específicas, pidió el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo, aprobar “de una vez por todas la directiva de no discriminación, que está en un cajón desde 2015 porque el Consejo la ha parado” y, que según opinó con sorna: “Será porque aparece la palabra LGTBI, y algunos países, sobre todo del este, parece que se mueren al leerla”. “De cualquier modo”, concluyó Estarás: “¡Hay que aprobarla ya!”.

 

El moderador, tras hacer gala de la “alta política” que puebla el lobby de la discapacidad existente en España, refiriéndose al plantel de la mesa redonda, dejó unos minutos para que los asistentes hicieran alguna pregunta, y desde la Federación ECOM de personas con discapacidad física de Cataluña, se quiso saber el impacto de la directiva en el transporte y el entorno construido, especialmente en regionales: “Por su impacto en el medio rural y el desigual ejercicio de derechos que las personas con discapacidad viven en esos entornos”.

 

Maite Pagazaurtudúa, para contestar a la pregunta, manifestó que a los poderes legislativos nacionales o regionales de toda Europa, nadie les prohíbe que hagan políticas de accesibilidad bajo el marco de sus competencias. “Todo lo contrario”, subrayó la eurodiputada, que lo que si propuso para los próximos tres años es estar “supervigilantes de si nuestro país, y si cada país, transponen o no la directiva”. 

 

Estarás, por su parte, para responder a la misma cuestión, explicó que cuando se hizo la negociación se hablaba de servicio de transporte de viajeros, aéreo, por autobús y por vías navegables, pero que había sido el Consejo Europeo quien lo dejó en manos de los Estados miembros, a su sensibilidad, esgrimiendo que casi todo estaba en manos de “microempresas”.

 

Respecto al entorno construido, ella misma recordó que tanto el Parlamento como la Comisión quisieron que los Estados miembros garantizarán que cada Estado miembro cumpliera, y señaló al  Consejo nuevamente como el responsable de la decisión de que aquellos pudieran decidir, es decir: “Fueron los 28 presidentes de Estado quienes decidieron esto”, porque ninguno quiso que Europa tuviera que decirles nada directamente. “Pero”, se quejó Estarás: “Llevan 25 años para hacerlo”.

 

“Con esto te contesto un poco lo del transporte y el entorno construido”, finalizó la eurodiputada del Partido Popular Europeo, pero es que: “Se llega al absurdo de que cuando compras el ticket de autobús ha de ser multimodal, y luego no te puedes subir a él porque no es accesible. Al final, depende de si al Estado se le ilumina la bombilla o no”.

 

“Se olvidan de que el mundo físico existe”, añoró por su parte Pagazaurtundúa inspirada por el irónico comentario de Estarás y, de paso, la filóloga cerró el tema y la mesa redonda sobre “La visión del Parlamento Europeo” de la directiva de productos y servicios, recién aprobada y en transposición, lanzando dos propuestas. Una la de formar en accesibilidad en las distintas carreras universitarias (algo ya previsto por las entidades del movimiento asociativo), y otra la de “captar talento con sensibilidad”, algo que, en mi opinión, debería ser parte intrínseca del talento, para ser completo, porque si no presentaría también un déficit, como la directiva. ¿No les parece?