"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Derecho de la Discapacidad
Reforma legal para asegurar e incrementar la empleabilidad de las personas con discapacidad
21/01/2022
En la Sección Derecho de la Discapacidad de esta semana incluimos un monográfico sobre la Reforma legal para asegurar e incrementar la empleabilidad de las personas con discapacidad, escrito por Paula Pérez Sánchez, Responsable de Proyectos de Fundación Derecho y Discapacidad. Además, contamos con los apartados habituales con la normativa en tramitación en personas con discapacidad y la actualización de la agenda de jornadas y seminarios y recientes que pueden ser de interés para los lectores.
Reforma legal para asegurar e incrementar la empleabilidad de las personas con discapacidad
Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social
Paula Pérez Sánchez, responsable de Proyectos de Fundación Derecho y Discapacidad.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, comenzó en septiembre de 2021 el proceso legislativo para alcanzar la asimilación, a efectos laborales, de la consideración como personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, a los pensionistas que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Para lo anterior, el Ministerio abrió una consulta pública previa del Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión, aprobado por el Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre.
Actualmente, la iniciativa legislativa está recogida en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2022, ya que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene por objetivo elevar la propuesta durante dicho año natural al Consejo de Ministros para su aprobación.
La iniciativa tiene lugar por la lamentable situación laboral de las personas con incapacidad laboral permanente y sin certificado de discapacidad. Según los datos aportados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, las personas con incapacidad laboral permanente y sin certificado de discapacidad corresponden alrededor del 20% sobre el total del colectivo de personas con discapacidad en edad laboral; de este 20%, el 82,2% son personas inactivas. Del mismo modo, las tasas de actividad y de empleo en este segmento de población son también muy bajas, con un 17,8% y 14,1% respectivamente.
Según el Real Patronato sobre Discapacidad, “la propuesta busca resolver el gran problema creado por sucesivas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2018 que por una cuestión meramente formal declaró nula la asimilación legal, vigente desde el año 2003; jurisprudencia que ha venido perjudicando gravemente la empleabilidad de las personas con discapacidad”. Tal ha sido el caso, que la tendencia de crecimiento de la tasa de empleo se invirtió precisamente en el año 2019, produciéndose un decrecimiento de 20.3% en un año (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030).
En referencia a la consulta pública mencionada con anterioridad, de conformidad con lo previsto en los artículos 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el CERMI, en representación del movimiento social de la discapacidad, ha presentado un informe de alegaciones que propone incorporar a la modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión, aprobado por el Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre. Las propuestas efectuadas por el CERMI siguen del siguiente modo (para conocerlas con detalle consultar el siguiente enlace):
1. Proponen la modificación de la denominación oficial de la iniciativa legislativa a “Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para establecer medidas reforzadas de mejora de la empleabilidad y la activación laboral de personas con discapacidad”. Justificando que la nueva denominación es más breve y enfatiza el objetivo legislativo político y social perseguido.
2. Proponen la nueva redacción de:
- a. El apartado 2 del artículo 4: “Además de lo establecido en el apartado anterior, a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. (…) Las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos”.
- b. El apartado 1 del artículo 35: “Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley, a efectos del presente Capítulo VI y del ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, tendrán la condición de persona con discapacidad los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”.
3. Proponen el requerimiento al gobierno de que en el momento de aprobar en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley que resulte de esta iniciativa normativa, sea declarada por ese Órgano su tramitación por el procedimiento de urgencia.
En definitiva, la propuesta de reforma de Ley trata de dar respuesta a una demanda social y empresarial en la que se reclamaba reparar la pérdida de empleo de muchas mujeres y hombres que por su situación de mayor vulnerabilidad ante el empleo necesitaban acogerse a las medidas de acción positiva para la contratación laboral que se contempla en esta Ley. Así pues, resulta urgente resolver esta problemática para que el colectivo de personas con discapacidad no continúe perdiendo empleo, revertiendo los efectos negativos, dotando de seguridad jurídica en su contratación, eliminando las dificultades que actualmente concurren para su incorporación al empleo y evitando así que no tengan prácticamente posibilidad de acceder al mercado laboral.
Normativa en tramitación
Primera.- El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) ha explicado que en 2022 continuará trabajando en la reforma del artículo 49 de la Constitución, que elimina el término 'disminuido' de la Carta Magna y modifica el texto con una nueva redacción.
El objetivo es obtener el consenso entre los partidos políticos para hacer efectiva la reforma y, en este sentido, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno ha señalado que "no hay motivos" para que las formaciones se opongan a la iniciativa porque se trata de una modificación constitucional que mejora el país, que eleva nuestros parámetros de decencia colectiva, y que refuerza la propia Constitución", ha apuntado.
Se ha de actualizar la terminología que la Carta Magna utiliza para designar a las personas con discapacidad que, a su juicio, está "claramente desfasada" y también reconoce que el artículo se ha de "alinear" con el "enfoque exigente de derechos humanos que sobre esta realidad se ha impuesto internacionalmente en los últimos tiempos". "Esto es un progreso de la civilización".
La reforma va mucho más allá del cambio terminológico, supondría también "asumir sinceramente la inclusión de las personas con discapacidad como asunto de primera importancia constitucional", y para ello, apunta el presidente del CERMI, "hay que seguir la senda que se tomó acertadamente hace 40 años, cuando se aprobó este texto que en su momento fue pionero".
La entidad reconoce que, a pesar de los esfuerzos del movimiento asociativo de la discapacidad para lograr esta reforma lo antes posible, el camino no está siendo "tarea sencilla".
Segunda.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado aportaciones en la fase de consulta pública da la Ley estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales, de las que se ha hecho eco Europa press, en las que pide que esta norma tenga en consideración un modelo social basado "en el pleno ejercicio de los derechos sociales" y la "defensa de unas condiciones de vida dignas para todas las personas".
CERMI ha pedido que la Ley Estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales centre sus reflexiones sobre el nuevo modelo social "en clave europea". Así, el movimiento social de la discapacidad, pide el reconocimiento de nuevos derechos sociales, que tengan la consideración y el rango de "genuinos derechos, con las notas típicas de universalidad, carácter vinculante, exigibilidad, calidad y gratuidad". Del mismo modo, recuerdan que esta nueva norma estatal debe estar adaptada a una "coexistencia" con las leyes de Servicios Sociales de segunda y tercera generación con las que, a su juicio, deben dotarse cada una de las comunidades autónomas.
De hecho, la organización apunta que, al hablar de "reconocimiento" y de "garantía de derechos sociales" en este texto, también "se deben tener presentes las nuevas necesidades sociales surgidas del nuevo modelo de convivencia a las que se debe dar asiento a través de un gran sistema de apoyos sociales, definido y garantizado en última instancia por el Estado".
Entre las principales consideraciones del CERMI en este sentido, está la necesidad de "un sistema integral de reconocimiento y garantía de servicios sociales garantista, sostenible, armónico y respetuoso con el marco competencial de partida" que sea "una garantía de derechos".
Finalmente, el CERMI observa en la Ley presentada por el Gobierno "un gran problema de financiación" y, como posible solución, ha pedido continuar "realizando debates y análisis" que "permitan sensibilizar y tomar conciencia sobre la importancia de los derechos sociales".
Jornadas y seminarios
25 de enero de 12.00 a 13.30h. Ciclo de seminarios online “Personas con grandes necesidades de apoyo”. Seminario 2 Reducción de restricciones. Es el segundo de cuatro seminarios organizados por Plena Inclusión y dedicados a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con grandes necesidades de apoyo. También se abordarán otros temas como “Nueva definición de la discapacidad intelectual: implicaciones”, “plan TEA”, “enfermedad mental y discapacidad intelectual”, “accesibilidad cognitiva en la participación”. Se dirigen a profesionales, familiares y personas interesadas.
28 de enero 2022 de 09.30 a 14.00h. Online. La Directiva (UE)2012/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de productos y servicios: Transposición al Derecho español. Organizado por CERMI. En el programa se incluyen las siguientes ponencias y mesas: “Los nuevos deberes de accesibilidad para España derivados de la Directiva”, “el Acta Europea de Accesibilidad: hacia una transposición ambiciosa y siguientes pasos”, “Expectativas de las organizaciones de la discapacidad ante la transposición de la Directiva”, “oportunidades para la accesibilidad TIC”, “ la regulación nacional pendiente de accesibilidad a bienes y servicios” y “orientaciones para el proceso legislativo español de transposición de la Directiva (UE)2019/882”. Inscripciones: https://cutt.ly/CUGJjtr
Premios
Hasta el 18 de febrero de 2022. 17ª Edición de los Premios Fundación Randstad, que tienen como objetivo reconocer y dar visibilidad a los proyectos que impulsan la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad y facilitan su integración en la sociedad a través de la innovación. Se dirigen a empresas, organizaciones y personas que ayudan a construir una sociedad más inclusiva. Existen cuatro categorías: a la inclusión laboral, a la innovación tecnológica, a la difusión del conocimiento y normalización de la discapacidad y al compromiso y liderazgo inspirador.
Publicaciones
Cerdeira Bravo de Mansilla, G., García Mayo, M. (Dirs.) Un nuevo orden jurídico para personas con discapacidad. Barcelona, Bosch, 2021, 790p. Obra que trata de dar respuesta a los aspectos más controvertidos del nuevo orden jurídico para personas con discapacidad. Se divide en cuatro partes que abordan los siguientes aspectos: La aplicación y eficacia de las normas, la evolución en su concepción e interpretación de las personas con discapacidad así como el derecho interterritorial e internacional privado; el derecho a la vida y la muerte y las implicaciones que la reforma puede tener en el ámbito público; los aspectos notariales y registrales; y los aspectos relevantes en materia de derecho civil patrimonial, mercantil, así como el derecho de familia y sucesiones.
Fernández, F.J. (Dir.) Inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Respuestas a problemas de acceso y permanencia en el empleo. Serie: Monografías, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2021, 555p. Esta publicación recoge propuestas a las dificultades que encuentran las personas con discapacidad intelectual desde una perspectiva jurídica y empresarial. La primera parte muestra la normativa vigente y aspectos relacionados como los derechos, conceptos, baremos, estímulos para la contratación, cuota de reserva, ajustes razonables, empleo protegido, así como la discriminación. La segunda parte realiza un estudio de la actividad empresarial basada en un estudio de campo en la que han participado empresas y asociaciones.
Federación Española de Daño Cerebral, Estudio sobre la situación de las personas con daño cerebral en proceso de envejecimiento y necesidades de prestación de apoyos. Madrid, Federación Española de Daño Cerebral, 2021, 58p. Estudio cuyo propósito conocer las características del envejecimiento en el daño cerebral, identificar situaciones y perfiles diferenciados de este proceso de envejecimiento, considerando las variables que intervienen para marcar esas diferencias. Aborda temas como la incidencia y prevalencia del daño cerebral, las características de las personas con daño cerebral mayores de 40 años y sus necesidades de apoyo y rehabilitación especializada.
Otros datos de interés
Ciclo de cine accesible para personas con discapacidad auditiva. Los Cines Embajadores proyectan un ciclo con las mejores películas españolas recientemente estrenadas con subtítulos en español.
Dirección de la Sección Derecho de la Discapacidad de Cermi.es
Rafael de Lorenzo García, profesor Titular de la UNED y secretario general de Fundación Derecho y Discapacidad
Autores
Paula Pérez Sánchez, responsable de Proyectos de Fundación Derecho y Discapacidad.
Antonio Galiano Barajas, coordinador General Adjunto de la Fundación Derecho y Discapacidad y Responsable jurídico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona
Elva Rodríguez Ruiz, profesora titular del CSEU La Salle, abogada del despacho Antonio Navarro Rubio & Asociados y colaboradora de la Fundación Derecho y Discapacidad
