El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto vigente es el que se recoge en la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, y que fue publicado en el BOE núm. 97, el día 23 del mismo mes y año, entre las competencias que se atribuye con carácter exclusivo en su artículo 71, siguiendo lo marcado en el Título VIII de la Constitución, y en concordancia con lo que se recogen en el art. 148.1.20 de la Carta Magna con relación a la asistencia social, incluye en el apartado 34 la organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección, entre otros colectivos necesidades de atención especial, de las personas con discapacidad. Con relación a este colectivo, el art. 25.1 establece la obligación para los poderes públicos regionales de promover medidas que garanticen su autonomía y la integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad Aparte de la referencia que en el apartado 2 de este precepto se contiene con relación a la lengua de signos, no se incluye en el texto estatutario ninguna otra alusión expresa a la discapacidad. No obstante, es claro que el Capítulo II del Título I de la norma, en el que se recogen los principios rectores de las políticas públicas, aparte de lo ya indicado en relación con el art. 25, viene impregnado de alusiones a la discapacidad en el sentido de considerar que cuando se invocan conceptos como la promoción de la igualdad de toda la ciudadanía o la salvaguarda de la dignidad, y si nos atenemos a la interpretación de estos conceptos que resulta a la luz de la visión integradora del concepto de discapacidad, cabe considerar que las medidas que se adopten para hacer real y efectiva la igualdad y salvaguardar la dignidad de todas las personas se deberán llevar a cabo teniendo presente la perspectiva de la discapacidad. Lo mismo se predica de las alusiones a los derechos y deberes de la ciudadanía aragonesa (Capítulo I del Título I), donde el derecho que se recoge en primer lugar es el de vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación, a lo que se añade el derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal (art. 12.1).

 

A fin de dotar de virtualidad a estas previsiones estatutarias, la Comunidad Autónoma de Aragón se ha ido dotando de un sistema normativo en relación con las actuaciones públicas en materia de discapacidad. En la cúspide de este sistema nos encontramos con la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón” núm. 70, de 10 de abril de 2019, y en el BOE núm. 125, de 25 de mayo de 2019. Consta esta disposición de un total de trece títulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El Título preliminar contiene las disposiciones generales relativas al objeto, ámbito de aplicación, definiciones (conformes con las incluidas en la Convención de Naciones Unidas), fines y principios de actuación. El título primero hace referencias al derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Los Títulos segundo al décimo contienen especificaciones en materia de salud, educación, formación y empleo, servicios sociales, cultura, turismo, deporte y otras actividades de ocio, autonomía personal y accesibilidad universal, tecnologías e investigación, protección jurídica y medios de comunicación social y publicidad. En el Titulo undécimo se contienen las disposiciones relativas a la gobernanza en materia de personas con discapacidad, con referencias a la planificación de las actuaciones públicas y la participación y transparencia. Por último, en el Título duodécimo se contiene el régimen sancionador. Resulta interesante comprobar que, dado que esta Ley es bastante reciente, en la misma se recogen los últimos avances a que se ha llegado en el estudio de la normativa sobre discapacidad, así como que la norma incorpora previsiones con un marcado carácter transversal, como por ejemplo las que se contienen en el art. 70 en relación con la atención a las mujeres con discapacidad, para quienes se deberá confeccionar un Plan de Acción Integral específico. Todo ello viene a coincidir, como no puede ser de otra manera, con los postulados que se recogen en la Convención de Naciones Unidas y que, en el ámbito nacional, se incluyen en la  Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

 

Merece la pena destacar que, mediante Orden CDS/345/2019, de 9 de abril, se ha publicado el documento de lectura fácil de la Ley 5/2019.

 

En cuanto al conjunto de normas de carácter reglamentario que se han venido dictando por la Comunidad Autónoma en materia de discapacidad, decir que en el mismo se comprenden, entre otras, normas de carácter organizativo, como las relativas al Consejo Aragonés de la Discapacidad y la Comisión interdepartamental de desarrollo de las políticas públicas en materia de discapacidad; la regulación de las tarjetas acreditativas del grado de discapacidad y de estacionamiento para personas con movilidad reducida; en materia de fomento del empleo de las personas con discapacidad, tanto en el mercado ordinario como en centros especiales de empleo y en relación con la atención al colectivo de personas con discapacidad en el marco de los servicios sociales.

 

 

Primera.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado al Ministerio de Sanidad un documento de propuestas al anteproyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para “consolidad la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. Con relación al anteproyecto de Ley, una de sus principales propuestas tiene que ver con el refuerzo de la prestación sociosanitaria a las personas con discapacidad en el marco del SNS, con el fin de facilitar su acceso y, de esta manera, mejorar su autonomía. 

 

Segunda.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) saluda que esté más cerca la restauración de la asimilación legal entre discapacidad e incapacidad permanente de Seguridad Social a efectos laborales. La solución de este grave problema para la inclusión laboral de las personas con discapacidad viene en el Anteproyecto de Ley de reforma de la legislación general de discapacidad, que recientemente el Consejo de Ministros conoció en primera vuelta y que pasa ahora a consultas e informes de distintas instancias y foros, antes de convertirse en Proyecto de Ley y ser remitido a las Cortes. Con esta modificación legal, se restaura legalmente la asimilación entre situaciones de discapacidad del 33 por 100 y las de incapacidad permanente de Seguridad Social a efectos de acceso al marco de incentivos para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, desaparecida en 2018 tras una serie de sentencias del Tribunal Supremo que declararon nula esta homologación por defectos de forma. Recuperar esta asimilación favorecerá la empleabilidad de las personas con discapacidad sobrevenida que estando activas han pasado a situaciones de incapacidad laboral permanente de Seguridad Social, con lo que se contribuye a hacer efectivo el mandato del artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre derecho al empleo. La iniciativa legislativa en curso también recoge otras demandas y propuestas del CERMI, como la prohibición de actividades denigrantes para personas con discapacidad y el destino finalista a acciones de promoción de la accesibilidad universal de los ingresos por sanciones administrativas a raíz de incumplimientos de la normativa en esta materia. 

 

Tercera.- La Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado retomó el día  22 de febrero los debates de las enmiendas presentadas y aprobó el dictamen relativo a la Proposición de Ley de modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación, paso previo a su elevación al Pleno del Senado. El informe de ponencia aprobado ha incorporado cuatro enmiendas transaccionales al texto que llegó del Congreso, entre las que destacan la inclusión de las definiciones de accesibilidad cognitiva (en el preámbulo) y de lo que se entiende por lectura fácil. De este modo, el texto deberá someterse a votación en el Pleno de la Cámara Alta para su aprobación definitiva. Los senadores deberán también pronunciarse sobre un par de enmiendas que se mantienen “vivas”. Promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta proposición de ley fue tomada en consideración hace más de un año por el Senado con consenso, desde donde pasó al Congreso, que también la respaldó por unanimidad. Esta reforma define la accesibilidad cognitiva dentro del marco general de accesibilidad universal; establece los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible; prevé la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva; incluirá esta nueva dimensión en el Plan Nacional de Accesibilidad, y habilitará al Gobierno para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia, entre otras cuestiones. 

 

Cuarta.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebra que se regule por Ley el etiquetado braille de productos de consumo, de acuerdo con la modificación legal aprobada hoy definitivamente por el Congreso de los Diputados. 

La nueva regulación, introducida en el Senado a través de una enmienda planteada por el CERMI a los grupos políticos, establece que el Gobierno en el plazo de un año desarrollará mediante reglamento el etiquetado braille de determinados productos de consumo para proteger a los consumidores ciegos y con discapacidad visual. 

Llega así al ordenamiento jurídico la obligación del etiquetado braille que no existía en España hasta ahora salvo para medicamentos humanos y veterinarios. El CERMI ha agradecido a los grupos políticos y al Ministerio de Consumo el respaldo a esta reivindicación sostenida de la ONCE, que formaba parte de la agenda política global de la discapacidad. 

 

 

-Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas (BOE de 23/02/2022). Este Real Decreto tiene por objeto determinar los parámetros cuantitativos por los que se regirán las convocatorias de becas y ayudas al estudio correspondientes al curso académico 2022-2023, financiadas con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional: (i) La cuantía de las diferentes modalidades de las becas y ayudas al estudio reguladas en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas; y (ii) los umbrales de renta y patrimonio familiar que operan como límite para la obtención de las becas y ayudas al estudio. En concreto, se contempla la concesión de ayudas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta, con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje asociado a necesidades educativas especiales y con necesidad específica de apoyo educativo asociado a trastorno de espectro del autismo, estableciéndose los conceptos e importes correspondientes a cada tipología de ayuda (artículo 7). También se contempla el factor de la discapacidad en el contexto de las deducciones de la renta familiar (artículo 10) y se establecen medidas específicas para compensar las desventajas de los y las estudiantes de enseñanzas universitarias con discapacidad (Disposición adicional primera).

 

-Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria (BOE de 25/02/2022). Esta Ley tiene por objeto (i) establecer las bases de la convivencia en el ámbito universitario, fomentando la utilización preferente de modalidades alternativas de resolución de conflictos que pudieran alterarla o que impidan el normal desarrollo de las funciones esenciales de docencia, investigación y transferencia del conocimiento, así como (ii) determinar el régimen disciplinario del estudiantado universitario (Artículo 1). En concreto, dicho régimen contempla la inclusión del elemento de la discapacidad en las Normas de Convivencia que deberán aprobar las universidades públicas y privadas (Artículo 3). También se tipifica como infracción muy grave la discriminación por motivo de discapacidad (Artículo 11).

 

-Real Decreto 97/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2022 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 (BOE de 26/02/2022). El Plan prevé la realización de varios trabajos estadísticos en materia de discapacidad durante el periodo indicado en cada caso (perspectiva del empleo, tributación en el IRPF, Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia dirigida a hogares, prestaciones, etc.).

 

 

8 de marzo de 2022 de 9.00 a 14.00h. X Jornadas de Ética Asistencial. Organizadas por el Centro de Humanización de la Salud con el fin de ofrecer un espacio de deliberación ética en torno a los problemas que se dan cita en instituciones y servicios sociosanitarios. Dirigida a profesionales y estudiantes. X Jornadas de Ética Asistencial- Humanizar

 

11 de marzo a las 12.00h Conversación: “La nueva instrucción sobre restricciones”. Organizado por Plena inclusión. Participarán la Fiscal de la Sala para Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra e Inés de Araoz, Asesora Jurídica de Plena Inclusión.

Agenda archivo - Plena inclusión (plenainclusion.org) 

 

11 de marzo de 2022. Presencial y online. II Jornada sobre orientación para la inclusión educativa “Los desafíos para la inclusión tras la LOMLOE”. Su objetivo es analizar la situación de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y su impacto en los servicios de orientación y la inclusión educativa; difundir las buenas prácticas; avanzar en la mejora de la calidad y la profesionalidad de los servicios de orientación, compartir prácticas profesionales inclusivas, inspiradoras y facilitadoras e intercambiar experiencias. II JORNADA SOBRE ORIENTACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA #JOIE2022 (LOS DESAFÍOS PARA LA INCLUSIÓN TRAS LA LOMLOE) | Extensión Universitaria en Fundación UNED | UNED

 

Del 16 al 18 de marzo 2022 XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre personas con Discapacidad “Calidad de Vida y Apoyos: el Poder de la Evidencia”. Salamanca, presencial y online. Foro de encuentro y discusión de carácter pluridisciplinar y abierto a los profesionales que trabajan e investigan en el campo de la educación, servicios sociales y salud. En él se difundirán los avances en el conocimiento científico e innovaciones en el ámbito de la discapacidad. Pretende fomentar el desarrollo y transferencia de investigación y prácticas profesionales y organizacionales basadas en evidencias y proponer líneas de investigación futura. XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad (usal.es)

 

 

Hasta el 14 de marzo. Programa de aceleración de la Fundación Once. Dirigido a emprendedores comprometidos con la discapacidad o personas con un producto mínimo viable que suponga una solución innovadora y aporte valor social a la discapacidad, a startups que quieren crecer o escalar. Es un programa que se desarrolla con el área de Empresas en Crecimiento de PwC y pone a disposición de emprendedores, metodologías de aceleración y asesoramiento en diversas materias con el objetivo de colaborar en los retos de crecimiento a los que se enfrentan estos proyectos, startups y empresas relacionadas con la discapacidad. 

Programa de Aceleración de Fundación ONCE | Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad (fundaciononce.es)

 

Hasta el 15 de marzo de 2022. Ayudas a proyectos de investigación científica de la Fundación BBVA. Se dirigen a investigadores o grupos de investigación de las áreas de Matemáticas, Biomedicina y Ciencias Sociales, entre otras. Deben tener un carácter innovador

Ayudas a Proyectos de Investigación Científica 2021 - FBBVA

 

 

Fundación ONCE-Vía Libre, V Congreso Internacional Universidad y Discapacidad (CIUD), Libro de actas. Madrid, Fundación ONCE-Vía Libre 2022, 830p.  Documento que recoge las actas de este congreso. El objetivo fue abrir a debate propuestas e ideas sobre cuáles son los mejores caminos para una educación universitaria inclusiva en el marco de la transformación digital y los nuevos modelos universitarios que se están rediseñando en este momento. Libro de Actas: CIUD V CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD (fundaciononce.es)

 

Ruiz, J. L., Vacíos e insuficiencias en la adaptación y protección adecuada a las personas trabajadores con discapacidad.  Serie: Estudios, Cizur menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2019, 219p.  Analiza posibles soluciones a los problemas de los trabajadores que, por su discapacidad, necesitan tanto medidas de adaptación en su puesto como una protección general adecuada. Se divide en cinco capítulos que tratan la discapacidad y los diferentes paradigmas, el contexto de la prevención de riesgos laborales y los siguientes donde se abordan las insuficiencias y diversas formas de solucionarlas. 

 

Manzano-Soto, M. (Coord.) Avanzando hacia una educación inclusiva. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales en las CC.AA. a través de la revisión de la normativa. Madrid, Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021, 234. Informe que parte de la revisión normativa desarrollada por las diferentes comunidades autónomas teniendo en cuenta la realidad territorial y las políticas públicas implementadas en relación a medidas de atención educativa, ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar una respuesta educativa de calidad en cualquier momento o etapa de su formación. 

 

Consejo General del Poder Judicial. Código del Derecho de la Discapacidad. Legislación Estatal. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.  2022. 1931p. Recopilación de toda la legislación española relativa a discapacidad que existe en la actualidad. Incluye 180 normas: 19 a texto completo y 161 de forma parcial. BOE.es - Código del Derecho de la Discapacidad. Legislación Estatal

 

 

Rafael de Lorenzo García, profesor Titular de la UNED y secretario general de Fundación Derecho y Discapacidad

 

Autores

 

José Miguel Morales Reyes, asesor Jurídico responsable de la Unidad Operativa de Documentación y Relaciones con los Consejos Territoriales del Consejo General de la ONCE

 

Antonio Galiano Barajas, coordinador General Adjunto de la Fundación Derecho y Discapacidad y Responsable jurídico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona

 

Mariana Samaniego, asociada Principal en J&A Garrigues.

 

Elva Rodríguez Ruiz, profesora titular del CSEU La Salle, abogada del despacho Antonio Navarro Rubio & Asociados y colaboradora de la Fundación Derecho y Discapacidad

 

EQUIPO DE LA SECCIÓN DERECHO DE LA DISCAPACIDAD