Por Jose Miguel Morales, asesor Jurídico responsable de la Unidad Operativa de Documentación y Relaciones con los Consejos Territoriales del Consejo General de la ONCE

 

En estas notas vamos a intentar esbozar cuáles han sido las líneas seguidas tanto por el gobierno central como por las diversas Comunidades Autónomas en relación al desarrollo de a la normativa sobre atención a las personas con discapacidad dentro de las previsiones que les vienen conferidas por el artículo 148.1.20, en relación con el art. 149.1.1, de nuestra Constitución y la influencia que sobre esta materia ha tenido la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (en lo sucesivo, la Convención) y su plena incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, tal y como se prevé en art. 96.1 de la Constitución, y que, en aplicación del art. 4, supone para los poderes públicos la obligación, entre otras, de adoptar las medidas necesarias encaminadas a la adaptación de su normativa a los principios y espíritu de la Convención.

 

Por parte del gobierno central, debe hacerse referencia a la Ley 26/2011, de 1 de agosto (BOE núm. 184, de 22 de agosto), desarrollada por el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, (BOE núm. 224, de 17 de septiembre). Ambos textos procedían a adaptar diversas normas con rango de Ley y de ámbito reglamentario, respectivamente, a los principios contenidos en la Convención. Posteriormente, y en virtud del mandato contenido en la disposición final segunda de la Ley 26/2011, se confeccionó un nuevo texto legal que refunde, aclara y armoniza en un único texto, las principales leyes a la sazón vigentes en materia de discapacidad: la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad (LISMI), la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, todo ello bajo la perspectiva de los principios de la Convención. Resultado de ello fue el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, publicado en el BOE núm. 289, de 13 de diciembre, y que actualmente es la norma de referencia estatal sobre la materia.

 

Las Comunidades Autónomas, por su parte, también han ido llevando a cabo una labor de adaptación análoga, en virtud de la cual nos encontramos con que se han dictado diversas normas con rango de ley referidas específicamente a los derechos de las personas con discapacidad en sus respectivos ámbitos. En este sentido, podemos citar a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que la Comunidad Valenciana, por su parte, ha procedido en 2018 a adaptar su ley de 2003 sobre Estatuto de las personas con discapacidad. Además, en estos momentos se halla en tramitación la correspondiente Ley en la Región de Murcia.

 

Aparte de estas normas, la atención a las personas con discapacidad en los diversos ámbitos autonómicos se regula, de una parte, en las referencias que a esta cuestión se incluyen en las diversas normas que, con carácter general regulan los Servicios Sociales autonómicos que, con independencia de la fecha de su publicación, se hallan adaptadas a los principios de la Convención y, de otra, en un conjunto de normas que contemplan diversos aspectos relacionados con la atención a las personas con discapacidad. De entre ellas pueden citarse las relacionadas con la accesibilidad, bien como acceso al entorno, bien en relación con métodos auxiliares como el lenguaje de signos o los perros de asistencia, aunque también, y como no puede ser de otra manera, se contemplan aspectos tales como los relacionados con la educación o el empleo y demás aspectos asistenciales. 

 

Es evidente que aún queda un camino largo por recorrer hasta lograr que las personas con discapacidad puedan hacer efectiva la igualdad material que se predica de los principios de la Convención, y para ello es preciso, no ya que se creen los mecanismos normativos necesarios para poder alcanzar dicho objetivo, sino, además, la consecución del grado de cumplimiento que permita su efectividad y un grado de armonización que además propicie que cualquier persona con discapacidad pueda hacer efectivos sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de personas y con independencia del lugar geográfico en que se encuentre.

 

 

Primera.- La Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha manifestado al Defensor del Pueblo su intención de abordar a lo largo de la presente legislatura la elaboración del Proyecto de Ley que atribuya a la jurisdicción social de las controversias referidas a atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal.

Responde así al requerimiento del Defensor del Pueblo, desencadenado a consecuencia de una queja del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que instaba al Gobierno a dar cumplimiento al mandato de la Disposición Final de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que establecía que antes del 2015 la jurisdicción social debía conocer de los litigios relacionados con el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

 

Segunda.- Con motivo de la celebración el 4 de enero del Día Mundial del Braille, instituido por Naciones Unidas, el CERMI exige del Ejecutivo la aprobación de una disposición normativa de ámbito estatal que regule esta materia, determinando qué productos y en qué forma han de contar con etiquetado en braille, así como con otros formatos complementarios que permitan a las personas con discapacidad visual el acceso a la información a través de distintas tecnologías de uso generalizado.

 

Tercera.- El Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid ha sugerido una serie de cambios en la redacción actual de la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, que fue aprobada en el Congreso y se sigue tramitando en el Senado, para garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Lanza un llamamiento al Poder Legislativo "para que antes de aprobar el texto definitivo de la ley reconsidere realizar una necesaria revisión del texto a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

 

 

15 de enero 2021 a las 13.00h: Presentación de la Aplicación web para las escales de Calidad de Vida Familiar. Plena Inclusión. Se trata de una herramienta informática que servirá de complemento a las Escalas de Calidad de Vida Familiar que ya fueron presentadas en la feria de Apoyo a la Familia en febrero de 2019. La herramienta que ahora se lanza pretende facilitar la explotación de los resultados por parte de las entidades, así como la elaboración de informes para las familias. Han sido elaboradas por la Universidad Ramón Llull de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid. 

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/agenda/presentacion-de-la-aplicacion-web-para-las-escalas-de-calidad-de-vida

 

 

Siska, J., Beadle-Broun, J., De los cuidados institucionales a los de base comunitaria: una transición hacia la desinstitucionalización, Comisión Europea, 2020.  La Comisión Europea publica un informe sobre la desinstitucionalización de los cuidados en los 27 países miembros a modo de evaluación de los cambios que se han producido en la última década en la transición de los cuidados institucionales a los cuidados familiares de tipo comunitario. 124p.

https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2020/05/eeg-di-report-2020-1.pdf

 

El Consejo Generar del Poder Judicial con el deseo de evitar obstáculos que condicionen el acceso a los Tribunales acordó la creación del “Foro de Justicia y Discapacidad” que tiene publicadas unas guías y protocolos:

- Protocolo de los Delegados de Discapacidad 

- Guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual. Fundación Carmen Pardo-Valcarce (actual Fundación A La Par).

- Procedimiento para la baremación de las secuelas psiquiátricas por etiología traumática.

- Guía para directivos públicos sobre la inserción laboral de personas con capacidad intelectual límite.

Se puede acceder a todas ellas desde la página web del Consejo: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Foro-Justicia-y-Discapacidad/Documentos-de-interes/Guias-y-Protocolos/

 

 

Hasta el 15 de febrero. VI Edición Premios Discapnet. Fundación ONCE.

Su objetivo es reconocer las mejores iniciativas y acciones aplicadas en el campo de las tecnologías aplicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como a las empresas, entidades y organizaciones que hayan desarrollado una labor continuada en el campo de la accesibilidad tecnológica. Existen cuatro categorías diferentes.

https://premios.discapnet.es

 

Dirección de la Sección Derecho de la Discapacidad de CERMI.es