En primer lugar, el pasado día 7 de mayo se ha constituido la Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica, aprobada por la Mesa del Congreso el pasado 28 de abril a propuesta de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común. En la sesión se proclamó presidente a Patxi López. 

 

El objeto de la Comisión es la recepción de propuestas, la celebración de debates y la elaboración de conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción social y económica, como consecuencia de la crisis del COVID-19. Versará, según recoge la propuesta, sobre cuatro grandes aspectos: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.

 

Tanto CERMI como la Plataforma del Tercer Sector han solicitado formalmente por carta al Presidente de la Comisión, que el movimiento de la discapacidad y el Tercer Sector de Acción Social sean escuchados en el sí de dicha Comisión.

 

La justificación de que ambas entidades participen de forma activa en el proceso de reconstrucción y regeneración del país se asienta en dos importantes razones. Por un lado, ambas entidades representan en sus ámbitos respectivos el impulso y esfuerzo solidario, el altruismo y la voluntad de participación y corresponsabilidad cívica en favor de los más vulnerables. Por otro lado, el diálogo civil es parte imprescindible de la nueva gobernanza y de una democracia avanzada y participativa.

 

Por su parte, ambas entidades se han puesto a disposición de la Comisión permanente para la Reconstrucción Social y Económica para colaborar estrechamente en beneficio último de las personas por las que trabajan y logar así una sociedad más cohesionada, inclusiva e igualitaria que tenga como pilar fundamental el Estado del Bienestar. 

 

La segunda novedad normativa que deseamos destacar es que el 9 de mayo pasado se ha publicado en el BOE la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Esta Orden surte efectos desde las 00:00 horas del día 11 de mayo hasta la finalización del estado de alarma y sus prórrogas y se aplica a determinadas unidades territoriales. 

 

En materia de discapacidad, destaca la obligación de garantizar la prestación efectiva de todos los servicios y prestaciones recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, debiendo los centros y servicios estar abiertos y disponibles para la atención presencial (modalidad que se reserva para los casos imprescindibles, priorizándose la prestación por vía telemática). En todo caso, se garantizará la disponibilidad de acceso a los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

 

Así, se procede a una reapertura con algunas especificidades de los servicios sociales en las unidades territoriales que abarca esta Orden.

 

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