"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Derecho de la Discapacidad
Retos sociales y presupuestos
18/12/2020
En esta última edición de la Sección Derecho y Discapacidad antes de cerrar el año 2020 recogemos un monográfico sobre el “Los Retos Sociales de los Presupuestos Generales del Estado: una mirada desde el Tercer Sector”, por María José Juanes Burgos, Directora de la Plataforma del Tercer Sector. Asimismo, contamos con los apartados habituales de normativa aprobada con impacto en personas con discapacidad, y actualización de la agenda de jornadas y seminarios y recientes que pueden ser de interés.
Los retos sociales de los PGE 2021: una mirada desde el Tercer Sector
Por María José Juanes Burgos, directora de la Plataforma del Tercer Sector
Pero además las cuentas públicas recién aprobadas en el Congreso de los Diputados tienen un doble componente este año ya que deberán sentar las bases de la transformación del modelo productivo al vehicular unos 27.000 millones de fondos europeos que permitirán avanzar en la transición energética, la digitalización, la cohesión social y territorial y en la igualdad.
Si miramos los datos en España, hay 12,2 millones de personas en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión social y se prevé que esta cifra se vea incrementada de forma exponencial. ¿Responden estos Presupuestos a la grave situación social que está viviendo este país? ¿Tienen una mirada social sostenible a lo largo plazo?
La respuesta no es sencilla. Los Presupuestos Generales del Estado, a lo largo de la democracia, han ido respondiendo a los ciclos económicos que España ha vivido. La crisis económica del 2008 tensionó a la sociedad española que debía afrontar una compleja y difícil situación económica y social. En el caso de la depresión de 2008, que finaliza en torno a 2014 en términos económicos, sus efectos sociales llegan hasta la actualidad, junto con sus cicatrices. La respuesta económica del Gobierno, en aquel tiempo, se significó por una ausencia de políticas efectivas para incluir a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Hoy estamos en otro momento político, pero con realidades lacerantes que debemos afrontar en esta nueva etapa que se abre con los PGE 2021. Con un Estado de Bienestar que se encuentra fuertemente tensionado y amenazado, deberemos analizar si alguna vez tuvimos un Estado de Bienestar pleno y completo. De lo que no hay duda es que los cimientos están mostrando debilidades y necesitamos encontrar soluciones urgentes, flexibles e innovadoras. Y los Presupuestos Generales del Estado son una oportunidad.
En el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021se señala textualmente que se trata de unos presupuestos “que se hallan indefectiblemente condicionados por los efectos de la emergencia de salud pública provocada por la pandemia del COVID-19 y la consiguiente perturbación de la economía, de alcance global”. Los presupuestos contemplan un gasto social más alto que los presupuestos anteriores, un gasto de 239.765 millones de euros.
Entre las medidas sociales pueden destacarse las dirigidas a proteger a la infancia, como las becas de estudio, o las destinadas para ayudar a los inmigrantes con un presupuesto de 106 millones de euros. También se han incrementado, alcanzando una dotación global para 2021 de 159 millones de euros, los créditos destinados a la protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Se contemplan 700 millones para mejorar la atención de personas mayores, una subida de las pensiones contributivas al 0,9 % y las no contributivas al 1,8 %, y un incremento del 46% de la aportación del Estado para el sistema de dependencia, con una dotación más de 603 millones para reducir listas de espera y mejorar prestaciones de dependencia. Además, se presta atención a la protección de los consumidores, en especial los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.
Se han visto aumentados los programas destinados a eliminar la brecha salarial; para la conciliación laboral y familiar; la prestación por paternidad de 12 a 16 semanas ininterrumpidas; y algunos dirigidos a acabar con la violencia de género; incremento del IPREM; apoyo a los jóvenes y a las mujeres; políticas de empleo y de vivienda, y muchas otras medidas que colaboren para paliar los efectos negativos de esta crisis.
Las organizaciones del Tercer Sector, representadas por la Plataforma del Tercer Sector, han analizado los Presupuestos Generales con una mirada social, ya que son conscientes de la envergadura y de la responsabilidad de la comunidad política de garantizar unas condiciones de vida que permitan un desarrollo vital digno a toda la ciudadanía. La mirada de las organizaciones sociales tiene un punto focal prioritario: a causa de la crisis anterior y la actual que estamos viviendo por el coronavirus, existe una serie de colectivos que, lejos de ser minoritarios en número, incluyen cada vez a más personas que se encuentran en situación de gran vulnerabilidad social. Las 14 propuestas presentadas por la Plataforma están destinadas a no dejar a nadie atrás y a lograr que la cohesión social de este país se mantenga y dignifique la vida de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Aunque la tramitación parlamentaria no ha terminado, y ahora comienza la fase en el Senado, en el Congreso de los Diputados solo se ha aprobado una iniciativa propuesta por el Tercer Sector: aumentar la dotación del plan PROA+ para recuperar la brecha educativa agrandada por las medidas de lucha contra la pandemia. En definitiva, no es una buena noticia para el sector.
Además, hay otra realidad que no debe pasar desapercibida. Si nos fijamos en las asignaciones presupuestarias de los Ministerios previstas en los presupuestos generales del Estado para 2021, observamos que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con una dotación de 3.836 millones de euros, incrementa en un 70,6% el presupuesto base de 2020 para este Ministerio. Del total, 2.919 millones de euros provendrán del presupuesto nacional mientras que los 917 millones de euros restantes procederán de los fondos europeos. Sin embargo, está asignación está lejos de las cuantías con las que se van a dotar a otros Ministerios, como Asuntos Económicos y Transformación Digital (4.550 millones de euros); Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (11.470 millones); Transición Ecológica (11.935 millones); Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (29.032 millones) o Defensa (9.409 millones).
El escudo social del Gobierno debe dar respuestas reales, efectivas y apegadas a la realidad social del país. No vale efectismos mediáticos, tenemos una gran oportunidad derivada de la financiación de los fondos europeos destinados a España que se han incorporado a los PGE. El Tercer Sector reclama un lugar en las ceantas públicas para que la Agenda 2030 no quede relegada a un espejismo y para que la parte de la sociedad más vulnerable tenga el derecho de avanzar y no quedar atrapada en el callejón de la pobreza.
En consecuencia, estos presupuestos suponen un avance para las políticas sociales, pero están lejos de cumplir las expectativas generadas con el denominado escudo social. Si la voz de las entidades sociales no es escuchada, si sus demandas no son tenidas en cuenta, sin una auténtica interlocución social con el Gobierno, y sin un Ministerio fuerte, resultado de un incremento exponencial de la asignación presupuestaria en un momento crucial como el que estamos viviendo, el camino para la transformación social será más largo y arduo. Pediremos en la carta de los Reyes Magos esperanza, diálogo y conquistas sociales para una ciudadanía exigente y solidaria, que ha sabido dar lo mejor de sí ante la crisis. Se lo merecen y nos lo merecemos.
Normativa aprobada
• Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (BOE de 10/12/2020).
Se introducen las siguientes modificaciones en materia de discapacidad en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo (Artículo 1):
- Se modifica la disposición adicional segunda del Real Decreto 106/2018, por la que se establece la limitación temporal para que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla concedan las ayudas estatales del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. Se exceptúan de esta limitación las que se reconozcan con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio en el ejercicio 2021 o anteriores y se refieran, entre otros, a programas de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad. En todo caso, el reconocimiento de las ayudas no podrá realizarse más allá del 30 de junio de 2025.
- Se añade una disposición adicional cuarta sobre la extensión de los plazos de remisión de la documentación requerida en determinados supuestos.
• Real Decreto 1090/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (BOE de 10/12/2020).
Se introducen las siguientes modificaciones en materia de discapacidad en el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre (Artículo Único):
- Se modifica el artículo 16, relativo a la información para el público, y se exige que las personas titulares de las salas de exhibición expongan, en el lugar de las taquillas donde resulte claramente perceptible para el público, de manera accesible para las personas con discapacidad, información sobre la calificación por grupos de edad de las películas cinematográficas y de los avances que formen parte del programa, sobre el precio de las localidades, sobre la prohibición de la grabación de las películas, sobre la introducción de cámaras o cualquier tipo de instrumento destinado a grabar imagen o sonido y sobre los servicios de accesibilidad disponibles, tanto en las películas como en las salas, así como el medio de acceso a los mismos, indicando las fechas, horarios y salas de los pases con accesibilidad.
- Se modifica el párrafo d) del artículo 18.1, y se incluye como requisito necesario para que las Administraciones Públicas puedan efectuar proyecciones cinematográficas gratuitas o con precio simbólico el de “garantizar la accesibilidad a la sala de exhibición de las personas con discapacidad, así como comunicar los servicios de accesibilidad disponibles”.
- Se modifica el artículo 19 en el sentido de exigir que las normas específicas de las actividades de exhibición cinematográfica organizadas por festivales y por filmotecas oficialmente reconocidas por alguna Administración pública aseguren el acceso y participación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad y no discriminación.
- Se modifica el artículo 21 y se aumenta el límite máximo de ayudas que pueden recibir las obras audiovisuales difíciles, estableciendo que las obras audiovisuales realizadas exclusivamente por directores o directoras con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el órgano competente podrán recibir ayudas públicas hasta el 80 % del coste reconocido.
- Se modifica el artículo 32, relativo a la composición de la Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas, y se determina que serán designados como vocalías diez personas nombradas por la Presidencia que, pertenecientes a distintos grupos sociales, reflejen la pluralidad de la sociedad española, estén vinculados al ámbito cinematográfico y audiovisual, al del consumo, al pedagógico, a la protección de la infancia y de la adolescencia, a la igualdad de género, a la atención a la discapacidad así como a la defensa del medio ambiente.
• Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19 (BOE de 11/12/2020).
Se exceptúa del uso de mascarillas a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización (Anexo I), de lo que se informará en todo momento.
Congresos y Jornadas
17 de diciembre de 2020. On-line: Foro de expertos en Accesibilidad e Innovación: “Rediseñando nuestra sociedad: ¡Emprendo, luego impacto socialmente!”.
El concepto de emprendedor de impacto social está cada vez más extendido, pero es un término aún desconocido. El objetivo de estas personas es solucionar o aliviar un problema social y para ello necesita un modelo de negocio sostenible que le permita maximizar su impacto. El evento lo modera Carlos Sánchez, Director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación Once.
Hasta el 28 de mayo de 2021. Call for Papers V Congreso Internacional Universidad y Discapacidad: “Desafíos de los ODS para la Inclusión Universitaria”. Su objetivo es abrir debate a propuestas e ideas sobre cuáles son los mejores caminos para una educación universitaria inclusiva en el marco de los ODS y Agenda 2030, sobre todo teniendo en consideración las metas 4.3 y 4.5, respecto a l acceso igualitario y eliminación de disparidades y la 4.a, construyendo y adecuando entornos accesibles, diversos e inclusivos. En armonía con los ODS y la Agenda 2030 y considerando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se pretende también conocer y debatir los últimos modelos de innovación educativa e inclusiva y de calidad a nivel universitario, debatir sobre las experiencias y buenas prácticas internacionales en materia de inclusión. Al mismo tiempo se conocerán los estudios y las investigaciones más recientes y relevantes sobre el acceso y derecho a la educación en términos inclusivos.
Publicaciones
Centro Español de Documentación sobre Discapacidad. Revista Española de Discapacidad. Vol.8 Num.2, 2020. 282p. Promovida por el Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de Políticas de Discapacidad. En este número se abordan las microagresiones como expresión de discriminación atendiendo al grado de visibilidad de la discapacidad, la representación de las personas con discapacidad en la prensa digital española; la discapacidad desde el punto de vista del capitalismo industrial e información o el estudio de la crisis sanitaria del COVID-19 a través de la normativa de protección de los derechos de las personas con discapacidad y su aplicación en España.
Naciones Unidas. Principios y directrices internacionales sobe el acceso a la justicia para personas con discapacidad. 2020. 34p.
Su objetivo es ayudar a los Estados y a otros autores a diseñar, desarrollar, modificar y aplicar sistemas de justicia que proporcionen igualdad de acceso a la justicia a todas las personas con discapacidad, con independencia de su papel en el proceso, de conformidad con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El documento recoge 10 principios como el reconocimiento a la capacidad jurídica, la accesibilidad, los ajustes de procedimiento, la asistencia jurídica gratuita, la participación en la justicia o la necesidad de formar a personal vinculado con la justicia junto con las directrices para cada uno de ellos.
Plena Inclusión España ha adaptado a lectura fácil un resumen del documento:
Riquelme Agulló, I., Badia Corbella, M. Orgaz Baz, B.; Cuestionario de Calidad de Vida para niños y adolescentes con Parálisis Cerebral (CP QOL), 2020. 58p. Este manual presenta la versión española del cuestionario Cerebral Palsy Quality of Life (CP QOL) desarrollado por investigadoras de la Universidad de Melbourne. Ha sido traducido, adaptado culturalmente y validado para ser utilizado por investigadores, clínicos, educadores y profesionales de la salud y de los servicios sociales. Proporciona información específica acerca de las áreas de la vida que configuran la calidad de vida tanto desde la perspectiva de la propia persona con PC como la de sus padres. Ambos informes proporcionan una valiosa información para la planificación y organización de servicios cuya finalidad es mejorar la calidad de vida. Ha sido desarrollado y validado para su aplicación a menores de 4 a 18 años. El informe de los padres consta de 53 items que valoran aspectos como el bienestar, social, aceptación y participación, el sentimiento de funcionamiento, bienestar emocional y autoestima, dolor e impacto de la discapacidad, escuela, acceso a los servicios y salud familiar. La versión autoinforme tiene las mismas dimensiones excepto los dos últimos dominios.
Dirección de la Sección Derecho de la Discapacidad de CERMI.es
Rafael de Lorenzo García, profesor Titular de la UNED y secretario general de Fundación Derecho y Discapacidad
Autores
María José Juanes Burgos, directora de la Plataforma del Tercer Sector
Mariana Samaniego, asociada Principal en J&A Garrigues
Elva Rodríguez Ruiz, profesora titular del CSEU La Salle y abogada del despacho Antonio Navarro Rubio & Asociados
