Algunas consideraciones en relación con el desarrollo en el ámbito autonómico de las previsiones contenidas en la convención de naciones unidas sobre los derechos de personas con discapacidad

 

Conforme se ha interpretado la atribución en materia de asistencia social que se confiere a las Comunidades Autónomas en el artículo 148.1.20 de la Constitución, por la totalidad de estas entidades se ha venido desarrollando su propia normativa en materia de asistencia social, y a cuyo frente se sitúa una norma con rango de ley reguladora de los servicios sociales de cada ámbito autonómico. Y dentro de este marco, se ha venido considerando como parte de esta política de asistencia social la que va destinada a las personas con discapacidad.

 

Por lo tanto, y atendiendo a esta distribución de atribuciones, es indudable que las Comunidades Autónomas han de considerarse como destinatarias de los mandatos que se contienen en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (en lo sucesivo, la Convención), tanto de las obligaciones generales que se recogen en su art. 4 como del resto del resto de medidas que se recogen en los artículos siguientes.

 

Evidentemente, lo indicado en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la regulación de las condiciones básicas garantizadoras de la igualdad que se atribuye al Estado en el art. 149.1.1, y en cuya virtud se han ido dictando una serie de normas a cuyo frente se sitúa el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

 

Partiendo de estas premisas, y en el marco de la normativa reguladora de la atención a personas con discapacidad, nos encontramos con que, aparte de las referencias que se contienen en la normativa sobre servivios sociales, existen Comunidades Autónomas como las de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que han venido dictando normas con rango de ley reguladoras de derechos y garantías de las personas con discapacidad en sus respectivos ámbitos. Todas estas normas han sido dictadas tras la entrada en vigor en nuestro país del texto de la Convención y puede decirse que las mismas ya se han confeccionado conforme a sus previsiones, a excepción de la de la Comunidad Valenciana, que data de 2003, si bien en 2018 tuvo lugar la pertinente modificación encaminada a la aludida adaptación.

 

Por lo tanto, y en términos generales, cabe concluir que los principios generales en materia de atención a las personas con discapacidad vienen contemplados en normas con rango de Ley, bien como parte de la reguladora de los servicios sociales, bien como norma específica.

 

El desarrollo de estas previsiones abarca una serie de aspectos comunes a todas las Comunidades Autónomas tales como los relativos al procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad, la concreción de la igualdad de oportunidades, normativa sobre accesibilidad, prestaciones específicas o creación de órganos administrativos relacionados con la atención a personas con discapacidad. Dentro de estas materias, nos encontramos con que algunas de estas normas tienen igualmente rango de ley. Principalmente esto sucede en materia de accesibilidad en todas sus facetas, tales como el uso de la lengua de signos (Andalucía) o el uso de perros de asistencia (Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco). Pero también nos podemos encontrar con disposiciones legales encaminadas a garantizar la igualdad de derechos y no discriminación en materia de sucesiones para las personas con discapacidad sensorial (Cataluña), la creación de una Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad (Madrid) o el acceso al empleo público de las personas con discapacidad (Navarra).

 

En cualquier caso, y como fácilmente podrá deducirse, la regulación de los aspectos concretos de la atención a las personas con discapacidad se ha llevado a cabo a través del desarrollo reglamentario de las diversas leyes dictadas sobre la materia que requerirá su estudio pormenorizado en relación con cada ámbito autonómico.

 

Para concluir con esta visión general, debemos recordar que, aparte de las normas específicas sobre discapacidad, y en virtud de lo establecido en el texto de la Convención, la perspectiva de discapacidad ha de tenerse siempre en cuenta en el proceso de elaboración de cualquier tipo de norma como elemento garantizador de la consecución de una efectiva igualdad de oportunidades para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones por parte de toda la ciudadanía.

 

 

• Resolución 420/38252/2020, de 4 de septiembre, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, para la colaboración en la formación previa a la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual (BOE de 18/09/2020).

El Convenio tiene por objeto regular las condiciones en las que el personal usuario del Centro Especial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (“CEISFAS”) desarrollará actividades formativas en el Centro Geográfico del Ejército de Tierra (“CEGET”) -cláusula 1ª-. El CEISFAS es un centro ocupacional dependiente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas para personas con discapacidad intelectual, cuya finalidad es conseguir el mayor grado de desarrollo del sentido de competencia personal de sus usuarios para facilitar su integración social y laboral, en los casos que sea posible, mientras que el CEGET colabora con organismos e instituciones en la promoción y apoyo de los procesos de integración e inserción de la persona con discapacidad, disponiendo de medios materiales y humanos para ello.

 

• Orden PCM/864/2020, de 18 de septiembre, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2020 (BOE de 19/09/2020).

Se prevé la adopción de adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios para asegurar la participación en la evaluación en condiciones de igualdad de los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, previa solicitud. La adaptación de tiempos y medios se otorgará en el caso de que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia resolver la procedencia y concreción de la adaptación (artículo 7). 

 

 

• El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha alertado al Gobierno de que la no convalidación por el Congreso de los Diputados, del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, ha dejado sin efecto la exención del Impuesto de Valor Añadido para los productos sanitarios de lucha contra el COVID-19, que establecía transitoriamente un exención del tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, con periodo de vigencia hasta el 31 de octubre.

El CERMI ha reclamado al Gobierno que rescate esta medida fiscal y la incluya con la máxima celeridad en otra norma legislativa de urgencia, para que esta ventaja fiscal, imprescindible en estos momentos de intensificación de la pandemia, vuelva a estar vigente.

 

• El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al ministerio de Educación y Formación Profesional que la próxima regulación de la formación especializada en Inteligencia Artificial y “Big Data” asuma el enfoque de derechos humanos y de consideración reforzada a los grupos sociales más expuestos a discriminaciones y exclusiones como el de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad, como grupo en situación de fragilidad social, se encuentran ante un mayor riesgo de vulneración de sus derechos y libertades fundamentales, lo que justifica que se adopten enfoques específicos basados en el principio de igualdad y no discriminación; además de tomar en consideración los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal, por ello se hace preciso incorporar entre las competencias básicas el estudio y conocimiento de los derechos humanos.

 

 

23 y 24 de septiembre 2020. Plataforma Zoom: IV Conferencia sectorial de mujeres y niñas con discapacidad. Fundación CERMI Mujeres

Evento anual que repasa la agenda política de las mujeres y niñas con discapacidad. En esta edición se presentará el informe de derechos humanos 2019. “El derecho a la salud de las mujeres y niñas con discapacidad”.  

 

23 y 24 de septiembre 2020. Webinar: 10ª Conferencia Internacional sobre Geriatría Gerontología y Cuidados de personas mayores.  

Avances en los campos de la investigación y el desarrollo en el ámbito de cuidado de personas mayores para promover un envejecimiento saludable durante la pandemia COVID- 19. 

 

29 septiembre 2020. Seminario on-line. El Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Herramienta efectiva para la denuncia de casos de violación de derechos humanos. 

 

 

29 de septiembre de 2020, 12.00h. Seminario on-line “Pregunta a un experto en accesibilidad digital”

Seminario práctico para tratar de dar respuesta a las dudas legislativas y técnicas que estén surgiendo relacionadas con las novedades que introduce el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Juan Carlos Ramiro y Diego Soriano de AISTE así como Ignacio Manrubia y Carolina Latapie de Sitiemprove responderán a todas las cuestiones que organizaciones que se hayan propuesto dar el salto a una web más inclusiva. 

 

 

Del 11 de septiembre al 15 de octubre 2020. III Concurso sobre buenas prácticas de la sociedad civil del MERCOSUR en accesibilidad audiovisual. 

La Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR abre este concurso con el objetivo de premiar y difundir experiencias exitosas implementadas en el contexto local que puedan constituir un estímulo para otras ideas y experiencias aplicables a nivel regional. Se puede participar completando el formulario en línea en español o portugués.

 

Del 14 de septiembre al 14 de octubre: V Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación aplicada a a la creación de nuevas tecnologías accesibles. 

Indra y la Fundación Universia, promovida por el Banco de Santander, convocan ayudas a proyectos de investigación en tecnologías accesibles. Estudiantes y centros de investigación de universidades españolas pueden presentar sus propuestas para crear una sociedad más inclusiva mediante la tecnología.