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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 24 de julio de 2020cermi.es semanal Nº 401

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Derecho de la Discapacidad

Sobre la Unión Europea y otras novedades

24/07/2020

Imagen de los autores, Elva Rodríguez Ruiz, Oscar Moral, Mariana Samaniego y Rafael de LorenzoAprovechamos esta semana para hacer un breve repaso a la acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de la COVID-19,y su incidencia en la discapacidad. 
 
El Parlamento Europeo aprobó una resolución el día 17 de abril relativa a la acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de la Covid-19 y sus posibles consecuencias.
 
Esta resolución parte de la premisa que los Gobiernos de los Estados de la Unión deben respetar siempre los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas y que las medidas que se adopten deben ser necesarias, proporcionadas y temporales. Y en esa línea de protección de los derechos fundamentales realiza una mención específica, mostrando su preocupación, sobre si los Estados estarán prestando suficiente atención a las implicaciones en materia de salud mental de la crisis, y conmina a la realización de una campaña de salud mental en toda la Unión. Así mismo, solicita que las medidas adoptadas por la Unión y los Estados miembros sean respetuosas con los derechos de las personas con discapacidad, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006
 
Es por otra parte resaltable la manifestación sobre que el acceso a la asistencia sanitaria debe prestarse en condiciones de la igualdad y garantizar que los servicios de asistencia y apoyo basados en la comunidad para las personas con discapacidad, reciban financiación y estén bien equipados y dotados de personal. Otra de las cuestiones significativas es la accesibilidad de la información pública sobre la pandemia de la COVID-19, que debe estar garantizada a toda la población con discapacidad sin excepción
 
La Resolución es muy explícita en relación con determinados sectores, y contenía un requerimiento  a la Comisión y a los Estados miembros para que den prioridad a las medidas de ayuda y mitigación de la crisis destinadas a los ciudadanos que puedan encontrarse en mayor situación de  vulnerabilidad, las mujeres y los niños expuestos a la violencia doméstica, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y las personas de regiones remotas y aisladas, incluidos los países y territorios de ultramar y las regiones ultraperiféricas, mediante un fondo de apoyo excepcional específico que se centre en el sistema de asistencia sanitaria los sectores afectados por el brote, así como en las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, quienes corren el mayor riesgo de infección por el virus de la COVID-19 pero también más sufren sus efectos económicos. Y recuerda, esto es especialmente resaltable, que las medidas pertinentes deben estar en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizándose un acceso equitativo y no discriminatorio a los servicios sociales y sanitarios y adoptándose medidas específicas destinadas a proteger a las personas con discapacidad, sobre la base de consultas y de la participación de estas personas, siempre que se adopten medidas que les puedan incidir.
 
El parlamento insiste, y de forma reiterada, en que los Estados miembros deben prestar especial atención a la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, especialmente a la no discriminación en el acceso a los tratamientos médicos y a los cuidados urgentes, garantizando los derechos de las personas que viven en residencias, que corren más riesgo de infección, en particular las personas de más edad y las personas con discapacidad, y asegurándose de que los servicios de cuidados y asistencia basados en la comunidad, que estas personas necesitan a diario, estén financiados y dotados de equipos y personal; insiste también en que las medidas de confinamiento deben tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, que la información pública relativa a la pandemia de la COVID-19 debe ser accesible a la más amplia gama de personas con discapacidad, y que las personas con discapacidad deben quedar incluidas en todas las medidas de protección de los ingresos.
 
Esta Resolución del Parlamento posa su mirada en realidades que en nuestro país están siendo reclamadas y evidenciadas  por las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las representan: la protección de la vida, la integridad física, el acceso al  sistema sanitario en condiciones de igualdad, la garantía de la accesibilidad universal en toda actuación y el cumplimento de los mandatos  de la Convención sobre los  derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas.
 
Por otro lado, en cuanto a normativa recientemente publicada, destacamos las siguientes normas y su potencial impacto en las personas con discapacidad:
 
 
  • Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (BOE de 15/07/2020).
En la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, se establece como criterio prioritario en la asignación de los recursos el de “proteger a los colectivos más vulnerables de la sociedad, ampliando los derechos sociales de la ciudadanía, reforzando la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, así como garantizar la atención a la dependencia, el acceso a una vivienda digna, las prestaciones de desempleo y el apoyo a la formación de los desempleados, el sistema de pensiones y de rentas mínimas, avanzando en la igualdad de género” (artículo 1.a).
  • Real Decreto 664/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación profesional para el empleo, para el ejercicio presupuestario 2020 (BOE de 15/07/2020).
Respecto de las subvenciones a otorgar a la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución del Plan Integral de Empleo previsto en la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley de Empleo, se establece que tendrán la consideración de actuaciones a financiar y gastos subvencionables, entre otras, las “acciones y medidas destinadas a […] la integración laboral de las personas con discapacidad en aplicación del principio de igualdad de oportunidades” (artículo 6.1.c. 14º). Las actuaciones concretas a financiar tendrán que ser detalladas en el convenio que a estos efectos se suscriba entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Servicio Público de Empleo Estatal (artículo 3.5).
  • Resolución de 7 de julio de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2020 (BOE de 15/07/2020).
Entre los programas de ayudas se prevé un programa para facilitar la autonomía personal, destacan las modalidades de (i) ayudas para tratamientos terapéuticos y programas para la adquisición de habilidades o destrezas, dirigidos al mantenimiento y potenciación de la capacidad residual, considerando la discapacidad; y (ii) ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas en el domicilio habitual así como en las zonas comunes comunitarias y (iii) ayudas para la adquisición o utilización de medios o ayudas técnicas, entendiendo por tales los aparatos o utensilios diseñados para solucionar las dificultades que la persona con discapacidad o dependencia pudiera encontrar en la realización de las actividades de la vida diaria.
  • Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 16/07/2020).
Se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo regulado en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores que permitía la extinción del contrato por causas objetivas de las personas trabajadoras que incurren en faltas de asistencia al trabajo, tanto justificadas como injustificadas. Según se pormenoriza en la Exposición de Motivos, ello se adecua a los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con los cuales la aplicación automática de esta modalidad de despido era susceptible de provocar discriminación indirecta por razón de discapacidad, al recaer con mayor frecuencia sobre personas con discapacidad o con enfermedades de larga duración. 
  • Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2020, para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y protección de los derechos humanos (BOE de 16/07/2020).
Las ayudas tienen por objeto contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas esferas, y se valorarán preferentemente aquellos proyectos que incidan, entre otros ámbitos, el de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Para concluir, destacamos los siguientes eventos y premios: 
 
11ª Edición del Concurso Access City Award.
La Comisión Europea mantiene abierto el plazo de presentación de candidaturas para el Access City Award 2021.  Su objetivo es reconocer las ciudades pioneras en accesibilidad para personas con discapacidad y mayores. 
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 9 de septiembre 2020.
 
17 y 18 de septiembre 2020. XVIII Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social “La Economía Social: herramienta para el fomento del desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades. Barcelona
Se estructurará en 8 talleres generales y 17 talleres temáticos paralelos, en los que se recopilarán los debates actuales, científicos y prácticos, en torno a la economía social, entre ellos el papel hacia el logro de la Agenda 2030 de naciones Unidas, y la contribución a un mundo más igualitario. 
 
21-23 de septiembre 2020.  Universidades y educación inclusiva “ampliando horizontes”.
Encuentro anual que organiza la Red de Universidades y Educación Inclusiva (RUEI) con el fin de conocer, intercambiar y difundir experiencias actuales en materia de Educación Inclusiva. 
Se encuentra dirigido a profesorado, estudiantes y profesionales del tejido asociativo y empresarial que comparten interés.
 
Hasta el 23 de septiembre de 2020. XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad “Calidad de Vida y Apoyos: El Poder de la Evidencia” organizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca (INICO).  Admisión de simposios, comunicaciones y póster.
Pretende desarrollar vías de intercambio y participación entre investigadores de España, Europa e Iberoamérica y se aportarán experiencias que ayudarán a mejorar los programas, centros y organizaciones sociales. 
 
Otras noticias de interés:  
 
Hasta 1 de octubre 2021. Convocatoria XIX Premio AEQUITAS
La Fundación Æquitas convoca el XIX Premio de Investigación Jurídica sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que carezcan de la debida protección, 2021.
 
El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 1 de octubre de 2021. El Premio, que se fallará en el mes de enero de 2022, está dotado con 12.000€ y el Accésit se premiará con su publicación sin dotación económica. Los trabajos también podrán presentarse en la Delegación de Æquitas en la República Argentina en formato electrónico: Av. 13 Nº 770- (B1900TLG) La Plata.
 

Autores: 

 
Rafael de Lorenzo, Profesor Titular de la UNED y secretario general de Fundación Derecho y Discapacidad 
Oscar Moral, Abogado, asesor jurídico del CERMI y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad
Mariana Samaniego, Asociada Principal en J&A Garrigues
Elva Rodríguez Ruiz, Profesora titular del CSEU La Salle y abogada del despacho Antonio Navarro Rubio & Asociados
 
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