Las personas con discapacidad y especialmente con discapacidad intelectual presentan mayor riesgo de exclusión y pobreza. Los datos son incuestionables: el ingreso medio de una persona con discapacidad intelectual que trabaja ronda los 8.000 euros anuales. Un importante grupo de este colectivo está en la horquilla entre la extrema pobreza y la pobreza relativa. Pero  parece que los prejuicios que subyacen en nuestra sociedad en general y en cada uno de nosotros en particular silencian y dulcifican esta dura realidad. 

 

Históricamente  las personas con discapacidad intelectual han sido considerados en los mejores de los casos ciudadanos de tercera, hijos de un dios menor, hermanos pequeños en ciudadanía, siempre unidos por un invisible cordón umbilical a sus familias como el grupo que subsidiariamente debe complementar la ausencia que por el modelo mental dominante les define. Recientemente FEAPS ha estimado el sobrecoste económico de una familia en cuyo seno hay una persona con discapacidad intelectual en 24.000 euros.

 

En el peor de los casos, estas personas han sido y son utilizadas como insulto, motivo de vergüenza o escarnio, usados recientemente como dardo de algún político que adjetiva lo semihumano o la mayor de las bajezas con términos asociados a la discapacidad intelectual. En ocasiones aparecen en prensa casos donde se evidencia que son por su vulnerabilidad objeto de abuso, manipulación o abandono.

 

Italo Calvino podría denominarles como ciudadanos demediados. Paradójicamente no tienen siquiera derecho al reconocimiento de ser pobres, tan pobres como el resto de muchos de sus  conciudadanos. Por ello, padecer y sufrir con ellos el impacto de este jinete del apocalipsis.

 

Así se entiende mejor que las cifras de ingresos medios, el paupérrimo nivel de acceso al empleo, la inexistente estrategia para una educación inclusiva de calidad, la falta de acceso a los bienes comunitarios y culturales, el escasísimo  apoyo a las familias, la ausencia de medidas para una vida sexual saludable... sigan siendo asignaturas pendientes  y olvidadas en un oscuro rincón de lo no prioritario. 

 

El mantra tranquilizador es que ya se ha avanzado mucho. 

 

Pues en este contexto se están aplicando políticas de copago confiscatorio por muchos gobiernos de todos los colores, que exprimen a las personas negándoles la posibilidad de tener una vida digna y en sociedad. Duele especialmente escuchar a algún gestor defender el copago abusivo como vía y única respuesta para salvar la viabilidad de los servicios sociales públicos. La responsabilidad y la carga no pueden recaer en los más débiles.

 

Se entiende mal la inequidad que supone que en el mismo estado haya territorios libres de este tipo de copago frente a otros donde es sangrante.

 

Tal vez la única forma de luchar contra los problemas es ser capaz de ponerles nombre. Parece un juego de palabras; ir “derecho a la pobreza” será una realidad hasta que no le demos la vuelta a esta situación y el derecho a ser considerado ciudadano pobre sea el principio para salir del pozo, ese, que supone la dulce trampa de no ser incluido en el problema y por ello no participar de la solución. Seguir dando vueltas en el círculo de la exclusión y la pobreza.

 

No al copago confiscatorio. Sí a la ciudadanía y a la Plena Inclusión.