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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

sábado, 12 de abril de 2014cermi.es semanal Nº 119

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Actualidad

Una petición planteada por el CERMI

El sector de la discapacidad tendrá presencia en el nuevo Consejo Superior de Tráfico

08/04/2014

El sector social de la discapacidad tendrá presencia en el nuevo Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, creado por la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado.

Imagen de la web de la DGT con los datos sobre fallecidos y heridosSe recoge así una petición del CERMI que había planteado la incorporación de la discapacidad al Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, dado el interés de las personas con discapacidad y sus familias en la prevención de la siniestralidad y en la atención a las víctimas de accidentes de circulación, una de las primeras causas de generación de discapacidades adquiridas.   
 
En cuanto a su composición, la presidencia del Consejo corresponde al Ministro del Interior y en él están representados “la Administración del Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones locales, así como las fundaciones, las asociaciones de víctimas, el sector social de la discapacidad, las asociaciones de prevención de accidentes de tráfico y de fomento de la seguridad vial y los centros de investigación y organizaciones profesionales, económicas y sociales más representativas directamente relacionadas con el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible”.
 
Según el texto de esta reforma, el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el órgano de consulta y participación para el impulso y mejora de la seguridad del tráfico vial y para promover la concertación de las distintas administraciones públicas y entidades que desarrollan actividades relacionadas con la seguridad vial, sin perjuicio de las competencias de los órganos de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de seguridad vial.
 
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