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viernes, 14 de febrero de 2020cermi.es semanal Nº 378

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Opinión

La asistencia sexual a personas con discapacidad – Términos del debate

14/02/2020

La exclusión estructural y sistemática de las personas con discapacidad en casi todos los órdenes de la vida en comunidad, su limitada participación social, sobre todo en determinadas discapacidades, o cuando concurren interseccionalmente varios factores de exclusión, lleva a una pobreza relacional, que se proyecta también con especial intensidad en la esfera afectivo-sexual.
 
La consideración falsa pero extendida en el medio social de que las personas con discapacidad son seres asexuados, sin pulsiones ni anhelos de naturaleza erótica, de que son sujetos pasivos sexualmente; la impresión o idea muy arraigadas en el imaginario colectivo de que las personas con discapacidad, por apartarse de los cánones de idealización y atracción sexuales más comunes, por no atenerse a los cánones estéticos imperantes, no suscitan deseo o no despiertan apetencias; la dificultad por el aislamiento y la segregación, la dependencia de instancias ajenas que niegan o minimizan la sexualidad, o por las barreras del entorno que tienen estas personas para acceder y participar en los espacios y circuitos de socialización amorosa y relación sexual, hace que muchas no puedan llevar una vida afectivo-sexual como la de las personas sin discapacidad, o en mucha menor medida. 
 
Ante este déficit, a partir de este carencia de partida, comprobable empíricamente, surgen los debates sobre la asistencia sexual, como medio o método para abrir las experiencias erótico-sexuales a personas que por sí mismas se enfrentarían a obstáculos insuperables para llevar una vida sexual activa y satisfactoria. 
 
La asistencia sexual plantea dudas éticas, jurídicas, políticas y convoca al debate social, con posiciones encontradas, sin que el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas se haya pronunciado o dirimido la cuestión de un modo categórico y definido. 
 
La asistencia personal que ayuda, apoya o acompaña a la persona con discapacidad para que pueda desplegar su vida efectiva y mantener relaciones sexuales, sin ser parte activa ni involucrase como agente en este intercambio, no es polémica, se admite como parte natural de la labor de la persona que actúa profesionalmente como asistente personal.
 
Otra dimensión, mucho más controvertida, es cuando ya no se trata del asistente personal que auxilia a la persona asistida en el mejor desarrollo de sus relaciones sexuales, sino que se habla de asistente sexual, que sí se involucra y que es parte activa de la relación sexual. Si esta actividad está retribuida, por la persona o por un tercero (un programa social público, por ejemplo), si está mercantilizada, aunque su fin sea abrir la sexualidad a personas injustamente excluidas de ella, se desata la discusión, muy aguda, si esto es o no comercio sexual, es decir, prostitución. 
 
Aquí es donde surge el conflicto y el enfrentamiento dialéctico, social y político. La prostitución, especialmente cuando quien es víctima de la misma son las mujeres, las más laceradas por esta lacra, está proscrita en el sistema de Naciones Unidas, como una forma de discriminación y exclusión. España como parte de esos tratados internacionales de protección de los derechos de las mujeres, también considera ilícita la prostitución, aunque la respuesta ante ese hecho varía y no siempre es puramente penal. Quienes abogan por permitir e incluso promover (con ayuda pública) la asistencia sexual en el ámbito de la discapacidad entienden que la misma no es una modalidad de prostitución o que si lo es, la misma no debe estar ilegalizada. Además, invocan la función social (procurar disfrute sexual a persona excluidas de los bienes amorosos, como algunas personas con discapacidad) que se debe prestar por motivos elevados como los de preservar la dignidad personal, que lleva consigo el acceso a la vida afectivo-sexual. Estos son los términos del debate, no resuelto en absoluto. Naciones Unidas debería pronunciarse con claridad desde una óptica exigente de derechos humanos y aclarar la cuestión, pero aún no la ha hecho de un modo diáfano. 
 
En general, pero tampoco es que abunden los pronunciamientos precisos, por el carácter controversial del tema, la posición del movimiento social organizado de la discapacidad -mundial, europeo y español-, es la de no admitir la asistencia sexual como una forma problemática y dudosa rayana con la prostitución, pero sí desplegar acción pública y cívica intensa para transformar los condicionamientos mentales, sociales, de percepción y de consideración que impiden o dificultan que todas las personas con discapacidad puedan si es su voluntad desarrollar al completo su dimensión sexual, como un elemento de primera importancia en la mejora personal y en el logro de la plenitud individual, a través del establecimiento de relaciones respetuosas, fecundas y mutuamente gozosas con sus semejantes. 
  
cermi.es semanal (Editorial)
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