El CERMI llama la atención de las Administraciones sociales sobre la rígida separación que se produce por razón de edad (inferior o superior a 65 años) en los dispositivos públicos de servicios sociales de discapacidad y mayores, que afecta a las personas con discapacidad cuando envejecen, entre los que no existe continuidad natural.

 

El cumplimiento de determinada edad -65 años, habitualmente- por parte de las personas con discapacidad determina arbitrariamente en muchos casos el abandono de los apoyos y acompañamiento que venían recibiendo, orientados a la autonomía personal y a la inclusión en la comunidad, para pasar abruptamente a un esquema de atención a mayores, distinto y en bastantes ocasiones contradictorio con los apoyos anteriores.

 

Esta discontinuidad injustificada olvida la centralidad de la persona con discapacidad, más allá de la edad que tenga, que debe presidir toda la planificación de los apoyos y que han de mantener la coherencia y la lógica a lo largo de la vida.