Así se manifestó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en la ‘II Conferencia Cermi Territorios 2016’, celebrada en la sede de Fundación ONCE, con el fin de abordar diferentes cuestiones de actualidad para el movimiento de las personas con discapacidad.

 

A juicio de Pérez Bueno, en ocasiones hay administraciones que tienen la sensación de que la Convención de la ONU es de aplicación por el Gobierno central al ser ratificada por el Estado. “La Convención obliga por igual a todos los focos y dimensiones de poder que la han hecho suya, y sin duda hay un papel importante de las comunidades autónomas”, agregó.

 

Precisamente, el presidente del Cermi hizo un llamamiento para que el décimo aniversario de la Convención, que se celebra este año, sirva para desarrollar acciones para exigir que se acelere el proceso de cumplimiento por parte de España del texto de la ONU. En su opinión, hay que actualizar toda la legislación autonómica y aprobar las leyes necesarias para dar cumplimiento a la Convención.

 

Además, apuntó que se debe difundir en mayor medida la existencia y la utilidad de la Convención, puesto que “todavía es una herramienta poco conocida”.

 

CAMBIOS INTERNOS

 

Por otro lado, el máximo representante del Cermi destacó que “el movimiento asociativo de la discapacidad debe hacer una reconversión de todos sus recursos”, puesto que en su opinión, “tenemos que ser muy proactivos en el diseño de procesos de migración” para cumplir también internamente la Convención de la ONU.

 

En este sentido, recordó que la Convención no reconoce la educación especial como educación inclusiva, por lo que pidió que las entidades vayan modificando en la medida de lo posible los recursos internos para caminar hacia un único modelo de enseñanza inclusivo para todas las personas.

 

Por otro lado, el secretario general del Cermi, Alberto Durán, puso de relieve la importancia de que “exista unidad en el movimiento de la discapacidad”, y reclamó que el contexto político actual “no sirva para que las demandas de las personas con discapacidad queden aparcadas”.

 

Por su parte, la delegada del Cermi para la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Leonor Lidón, abordó los principales aspectos analizados por la entidad en el ‘Informe Cermi sobre derechos humanos y discapacidad 2015’. El trabajo recoge anualmente las principales vulneraciones de derechos que sufren las personas con discapacidad en España, así como ejemplos de buenas prácticas.

 

Según explicó Lidón, el informe comienza siempre con una referencia a la dignidad, tal y como hace la Convención de la ONU. “Por vida digna se entiende que cada persona pueda realizar sus planes de vida, y es a esto a lo que debe dar respuesta el derecho”, remachó la delegada del Cermi.