Una reforma legal producida en 2015, siguiendo mandatos de la Unión Europea, obliga al Estado a recuperar y gestionar los activos y efectos procedentes de la comisión de delitos y a aplicarlos, entre otros, a fines sociales de atención a víctimas.

 

Con este objetivo, el ministerio de Justicia creó en 2015 una oficina específica dedicada a la recuperación y gestión de activos provenientes de delitos, que se encargará también de convocar las líneas de ayudas a víctimas. 

 

Uno de los sectores de víctimas de delitos a los que pueden dirigirse los programas de atención social sufragados con fondos procedentes de la recuperación y gestión de estos activos es el de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, pues así figura en la Ley de 2015 reguladora de este nuevo mecanismo, gracias a una propuesta planteada por el CERMI en su momento y asumida por el Parlamento.

 

En el movimiento social de la discapacidad, son muchas las organizaciones sociales no lucrativas, de distinto ámbito territorial, que vienen desplegando desde antiguo programas de atención a este tipo de víctimas, por lo que objetivamente la discapacidad es un grupo de interés de los trabajos de esta oficina y, en concreto, para los programas sociales pendientes de convocarse.

 

El CERMI pide a Justicia que inicie ya la convocatoria de ayudas sociales con los resultados de las recuperaciones de activos producidas en 2015 y 2016. Según datos del propio departamento ministerial, en el primer semestre de 2016, el valor de los bienes embargados y decomisados gestionados por la citada oficina ascendió a 23 millones de euros.