A tal fin, el CERMI ha ofrecido a los consistorios una propuesta de regulación local elaborada en diciembre de 2014 por la plataforma de la discapacidad, que establece todos los aspectos de este servicio con arreglo a una perspectiva exigente de satisfacción de las necesidades del usuario con discapacidad o movilidad reducida.

 

La propuesta del CERMI, articulada, aborda desde las características y dotaciones del vehículo, hasta las formas de concesión de licencias y las condiciones de la atención al viajero, pasando por el marco de las ayudas sociales para atenuar el esfuerzo económico que supone la utilización del servicio de taxi.

 

Con esta iniciativa, que a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha hecho llegar a todos los ayuntamientos del país, se pretende asegurar el cumplimiento de la obligación normativa estatal de que el 5 % del parque total de taxis de cada localidad esté integrado por vehículos accesibles.

Esta obligación de reserva será exigible en el año 2017, por lo que los Ayuntamientos surgidos de las elecciones locales del pasado mes de mayo deben adoptar medidas urgentes para dar cumplimiento a ese mandato legal.